ANSE pide la intervención de la Fiscalía por la proliferación de viviendas ilegales en Cabo Tiñoso

CARTAGENA.- El Fiscal-Jefe del TSJ de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, ha confirmado a la asociación ecologista "ANSE" que ha iniciado actuaciones para conocer la falta de ejecución de las medidas de reposición de la legalidad de numerosos expedientes sancionadores por parte de la administración pública municipal y autonómica.

La "Asociación de Naturalistas del Sureste" y "Ecologistas en Acción de la Región Murciana" interpusieron a comienzos de 2007 una denuncia conjunta ante la Fiscalía de Murcia por la proliferación de viviendas ilegales dentro de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves, LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y Espacio Protegido (PORN aprobado inicialmente) de La Muela-Cabo Tiñoso (Cartagena).

Desde el año 2001 se han construido e instalado en la zona cerca de medio centenar de viviendas ilegales, en lugares como Galifa, Perín, Los Puertos de Santa Bárbara, rambla del Cañar, Campillo de Adentro, etc, incumplimiento además el Plan General Municipal de Ordenación, al no contar con la superficie mínima para construcción de viviendas de nueva planta.

En la reunión mantenida a finales de la semana pasada por el presidente de ANSE, Pedro García, y uno de los abogados de la Asociación con el Fiscal-Jefe y el Fiscal de Medio Ambiente, la Fiscalía ha confirmado que se ha dirigido a la Dirección General del Medio Natural y al Ayuntamiento de Cartagena para pedir información sobre la falta de ejecución de las resoluciones de numerosos expedientes sancionadores que, además de imponer sanciones, resuelven la restitución de la legalidad, es decir, la demolición de las construcciones ilegales.

Aunque la aprobación inicial del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de La Muela-Cabo Tiñoso hace varios meses pareció frenar la construcción e instalación de viviendas dentro del espacio protegido, durante las últimas semanas han vuelto a detectarse nuevas casas ilegales, debido principalmente a la inacción del Ayuntamiento de Cartagena a la hora de obligar a la ejecución de los expedientes sancionadores, especialmente en lo que se refiere a la demolición de las viviendas y retirada de las mismas.

Igualmente, las asociaciones ecologistas han denunciado la colaboración de las compañías suministradoras de electricidad y agua, que no han dudado en prestar servicio a multitud de viviendas ilegales.

Todo ello está contribuyendo a que uno de los espacios naturales mejor conservados del litoral mediterráneo de la Península Ibérica vea como se degradan parte de sus paisajes agrícolas y naturales como consecuencia del urbanismo ilegal, que además está ayudando a aumentar la presión sobre el espacio natural y el rechazo al Parque. El precio de la tierra se ha incrementado notablemente debido a la proliferación de construcciones ilegales, siendo más atractivo para muchos propietarios la venta que el cultivo o mantenimiento de usos tradicionales compatibles con la conservación.- (NEM)