MÁLAGA.- El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba Manuel Rebollo, apuntó, en el marco de los cursos que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza esta semana en Málaga, que los adquirientes, "a partir de ahora y tras el 'caso Malaya' sucedido en la localidad malagueña de Marbella, serán los primeros interesados en saber si lo que van a comprar es plenamente legal".
Rebollo sostuvo que, "en ocasiones, las ilegalidades suelen contar con la complicidad de los compradores", al tiempo que abogó por "aceptar con normalidad" la posible demolición de viviendas, "salvo que se encuentren alternativas menos dañosas para la imagen o el interés general", puesto que "evitará que se produzcan ilegalidades en otros sitios".
Concretó luego que, en lo que respecta a la posible integración de edificaciones ilegales que propugna el nuevo documento de ordenación urbanística de Marbella, "lo bueno hubiera sido que no se hubiesen producido esos disparates", pero consideró que "la marcha atrás total es muy difícil".
Por ello, incidió en que "a grandes males, grandes remedios", aunque hizo hincapié en la necesidad de que haya, además, "soluciones compensatorias tales como nuevas zonas verdes o nuevos equipamientos".
Rebollo, que participó en el ciclo 'Territorio, urbanismo y corrupción' con la ponencia 'Disciplina urbanística y corrupción', relató que a lo largo del seminario se debatió acerca de la "posibilidad de demoler todas las viviendas ilegales", ante lo que el catedrático defendió que "las leyes españolas y andaluzas tienen mecanismos sobradísimos para reestablecer la legalidad urbanística".
"Y, por tanto, demoler sin problemas todo lo irregular sin que ni siquiera sea obstáculo que haya adquirentes de buena fe de lo ilegal", subrayó el catedrático, que puso de manifiesto que "los problemas que impiden las demoliciones ahora no son de leyes ni de falta de leyes sino sociales".- (Agencias)
Rebollo sostuvo que, "en ocasiones, las ilegalidades suelen contar con la complicidad de los compradores", al tiempo que abogó por "aceptar con normalidad" la posible demolición de viviendas, "salvo que se encuentren alternativas menos dañosas para la imagen o el interés general", puesto que "evitará que se produzcan ilegalidades en otros sitios".
Concretó luego que, en lo que respecta a la posible integración de edificaciones ilegales que propugna el nuevo documento de ordenación urbanística de Marbella, "lo bueno hubiera sido que no se hubiesen producido esos disparates", pero consideró que "la marcha atrás total es muy difícil".
Por ello, incidió en que "a grandes males, grandes remedios", aunque hizo hincapié en la necesidad de que haya, además, "soluciones compensatorias tales como nuevas zonas verdes o nuevos equipamientos".
Rebollo, que participó en el ciclo 'Territorio, urbanismo y corrupción' con la ponencia 'Disciplina urbanística y corrupción', relató que a lo largo del seminario se debatió acerca de la "posibilidad de demoler todas las viviendas ilegales", ante lo que el catedrático defendió que "las leyes españolas y andaluzas tienen mecanismos sobradísimos para reestablecer la legalidad urbanística".
"Y, por tanto, demoler sin problemas todo lo irregular sin que ni siquiera sea obstáculo que haya adquirentes de buena fe de lo ilegal", subrayó el catedrático, que puso de manifiesto que "los problemas que impiden las demoliciones ahora no son de leyes ni de falta de leyes sino sociales".- (Agencias)
(Litoral de Cuevas de Almanzora (Almería) donde hay problemas de viviendas ilegales)
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