MADRID.- Las empresas que subcontraten las constructoras tendrán que inscribirse antes de un año en un nuevo Registro de Empresas Acreditadas. El registro, de competencia autonómica, exigirá para la inscripción que las subcontratas acrediten infraestructuras suficientes, medidas de seguridad y transparencia en sus cuentas, así como un mínimo de empleo estable, según lo acordado por el último Consejo de Ministros. Las empresas subcontratistas para obras deberán acudir a inscribirse en el Registro de Empresas Acreditadas de su comunidad autónoma, para lo que se les exigirá cumplir unos requisitos mínimos de "calidad y solvencia" que quedaron definitivamente establecidos.
Para poder realizar subcontrataciones en el terreno de la construcción, será necesario demostrar que se poseen infraestructuras y personal con una formación adecuada. Además, para evitar "la alta temporalidad" del sector, obligarán a las empresas a contar con un mínimo de empleados con contrato indefinido. Durante los 18 primeros meses de vigencia de la ley, el 10% de la plantilla deberá estar en estas condiciones de empleo estable. Transcurridos 18 meses, deberá ser el 20%, y en un plazo de 36 meses, el 30% de los empleados.
Quedan limitadas además las posibilidades para crear largas cadenas de subcontratación. Los autónomos no podrán subcontratar; las empresas que proporcionen mano de obra sólo podrán subemplear a su vez a otra empresa, y las que se encarguen de puestos superiores pueden contar hasta con tres niveles. Para controlar que se cumplen estos requisitos, cada obra deberá tener un Libro de Subcontratación, donde quede constancia de las empresas que han intervenido en la construcción y los responsables y planes de seguridad.
Por su parte, la Administración se compromete a simplificar los procesos burocráticos a los que estas empresas se enfrentan.
La aprobación de este decreto se enmarca dentro de la estrategia española de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobada en junio y que se desarrollará hasta 2012, fruto del consenso entre Gobierno, sindicatos y comunidades autónomas.
Un retraso de cuatro meses
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentó la nueva reglamentación y aseguró que se trata de una "novedad sin precedentes". Los sindicatos también se mostraron optimistas. UGT lanzó un comunicado en el que aseguraba que estas medidas ayudarán a estabilizar los puestos y evitar los fraudes laborales. Se lamenta, sin embargo, por "el retraso innecesario en su puesta en marcha".
"Comprendemos que es necesario un periodo de adaptación para las 400.000 empresas afectadas, pero se tenía que haber aprobado antes", señaló Antonio Garde, responsable de comunicación de la federación de construcción de CC OO. El secretario general de Salud Laboral de este sindicato, Joaquín Nieto, calificó la nueva regulación como "un logro tras un camino largo, que ha sido posible después de dos huelgas generales y un cambio de gobierno".
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