MADRID.- Las deslocalizaciones de empresas en España sacan fuera del país 1.600 millones de euros cada ejercicio y destruyen 3.500 empleos, según los datos recopilados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, no obstante, matiza la importancia de este problema, al advertir que en bastantes casos estos movimientos no han causado un perjuicio estimable en los sectores donde se han producido. Pese a ello, el Gobierno mantiene su preocupación e incluso se ha llegado a plantear un posible veto legal a la fuga de sociedades, mientras la justicia europea ha autorizado a los sindicatos a utilizar la «acción colectiva» para oponerse a ese tipo de operaciones.
Dicho veto no está muy claro. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de junio el anteproyecto de ley de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, elaborado por el departamento de Justicia que dirige Mariano Fernández Bermejo y que, en la práctica, no hace más que transponer dos directivas europeas. En su redacción inicial, se concedía al Ejecutivo la facultad de vetar el traslado de compañías españolas al extranjero bajo la apelación a un pretendido «interés público», así como de oponerse por el mismo motivo a fusiones entre empresas de diferentes Estados de la UE.
Fue entonces cuando saltaron las alarmas en el Ministerio de Economía y Hacienda. Los motivos fueron varios. Primero, porque Bruselas es totalmente contraria a este tipo de medidas (las presiones para que el Estado eliminará su llamada «acción de oro» en las empresas privatizadas así lo acreditan). Y segundo, porque España esta en el punto de mira de las instituciones europeas a raíz de toda la polémica que ha rodeado las opas sucesivas sobre Endesa. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, se puso manos a la obra y, en apariencia, logró retirar del texto los dos artículos controvertidos.
Sin embargo, a día de hoy no está claro si realmente lo consiguió y habrá que esperar a conocer en septiembre el proyecto final que se mandará al Parlamento. En Justicia defienden la validez del primer texto porque la normativa europea permite a sus Estados regular «el derecho de posición» frente a determinados cambios estructurales de las empresas. Asimismo, recuerdan que en la ley aprobada hace un año y medio sobre la sociedad anónima europea ya se contempla la posibilidad de que España pueda oponerse al traslado de una de esas compañías, opción que, por el contrario, no se ha previsto para las empresas nacionales.
Entre 1995 y el 2005, período analizado por el Ministerio de Industria en un informe remitido a la subcomisión sobre deslocalizaciones creada en el Congreso de los Diputados, un total de 113.289 millones de euros salieron de España, dos tercios de ellos dentro de la industria manufacturera, la más sensible a este tipo de movimientos.
Dentro de ella, más del 66% de los fondos huidos correspondieron a los sectores químico, extractivo y de refino de petróleo, alimentación y fabricación de productos minerales no metálicos. En el departamento dirigido por Joan Clos albergan «dudas» sobre los efectos reales que estas operaciones producen sobre el empleo y la producción nacional.
Tras un análisis más pormenorizado, los técnicos de Industria solo observan retrocesos simultáneos en la ocupación y la cifra de negocio en dos sectores: máquinas de oficina y equipos informáticos y, en menor medida, cuero y calzado. Sería ahí donde se podría hablar de un proceso de deslocalización con todas sus consecuencias, pero entre ambas ramas apenas suponen el 1% de las desinversiones extranjeras realizadas en los once años estudiados (16.213,6 millones de euros) y poco más del 5% si se suman todas la salidas de capital, incluida la inversión exterior española (97.076 millones), que en el 2005 era la octava más cuantiosa del mundo.
El fenómeno de las deslocalizaciones tuvo más incidencia entre el 2000 y el 2005, años en los que casi medio centenar empresas nacionales y extranjeras cerraron sus plantas en España para instalarlas en otros países, lo que destruyó cerca de 25.000 empleos. A pesar de ello, los sindicatos son más partidarios de exigir unas condiciones previas a las multinacionales que se asienten en el país que de penalizarles por marcharse después.
UGT pide que, como si de un contrato con el Estado se tratase, se les exija la continuidad del proyecto durante un plazo mínimo, el fortalecimiento del tejido económico local y la promesa de mantener el empleo y respetar las condiciones laborales. CC. OO. prefiere no ser tan estricto para no «ahuyentar» a más empresas y apuesta por cubrir los déficit competitivos de la economía.- (Colpisa)
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