Estas son algunas de las medidas anunciadas hoy en materia de igualdad tras el Consejo de Ministros, al que el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha presentado un informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad, aprobada el pasado marzo.
Según Caldera, el Plan de Actuación de inspección de trabajo se realizará en diez mil empresas de todo tipo, pero se centrará en las de más 50 empleados y con especial atención a las de más de 250. Tres mil se ejecutarán en 2008, tres mil en 2009 y cuatro mil en 2010.
Dos inspectores por provincia
Los inspectores, al menos dos por provincia, se preocuparán sobre todo de la discriminación en el acceso al empleo, acoso sexual, derechos de conciliación de la vida familiar y laboral, control de las cláusulas discriminatorias de los convenios colectivos, y protección en caso de maternidad, embarazo y lactancia.
Una segunda iniciativa se dirige a favorecer la reinserción laboral de mujeres desempleadas mayores de 45 años que dejaron el empleo hace mucho tiempo (más de 5 años) o que nunca han trabajado.Para ello, los Servicios Públicos de Empleo desarrollarán un programa de evaluación y diagnóstico por el que pasen antes de doce meses el 60% de estas mujeres; se les orientará sobre las oportunidades de empleo no cubiertas en el mercado laboral, y se les dará formación para facilitar la reinserción laboral.
En virtud de lo establecido en la Ley de Igualdad, se determina además que las tarifas de las primas de los seguros no incluirán en caso alguno los costes y riesgos relacionados por el embarazo y el parto, ni tampoco estará justificado, por estos motivos, diferencias en las prestaciones. Para ello se ha modificado el Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados.
Nuevas normativas para los seguros
El Gobierno da cumplimiento así a la Ley de Igualdad y determina que podrá haber diferencias en las primas y en las prestaciones de los seguros por razones de sexo, siempre que éste constituya un factor determinante para la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos que sean fiables y acreditables; pero en ningún caso los riesgos y costes relacionados con el embarazo y el parto podrán suponer diferencia alguna en primas ni prestaciones.
También se establece que las tablas de mortalidad, de supervivencia, de invalidez y de morbilidad, para el cálculo de los riesgos, deberán justificarse estadísticamente, en el caso de que tengan probabilidades diferentes para cada sexo, y en ningún caso podrán incorporar el efecto de riesgo por embarazo o parto.
Los requisitos para considerar el sexo como factor determinante en la evaluación del riesgo entrarán en vigor el 21 de diciembre de 2007, mientras que el 31 de diciembre de 2008 entrará en vigor la prohibición de considerar los costes relacionados con el embarazo y el parto en el cálculo de las primas, prestaciones, invalidez y morbilidad.
Ahora, la mayoría de las entidades aseguradoras que operan en el sector de la asistencia sanitaria aplican criterios diferenciadores para el cálculo de las primas en función de los costes asociados a los riesgos de embarazo y parto para los asegurados de entre 25 y 40 años.
También en cumplimiento de la ley de Igualdad, se ha aprobado un acuerdo por el que se fijan las directrices para la inclusión en los contratos públicos de condiciones dirigidas a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Por último se ha aprobado un plan para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural.
Paridad pública
Tras las últimas elecciones locales de mayo, la cifra de municipios en los que se alcanza el 40% de concejalas ha pasado de 234 (en 2003) a 538, según un informe sobre el impacto de la Ley de Igualdad presentado este viernes después el Consejo de Ministros.
Además hay 1.956 concejalas más que en 2003 y las provincias en las que el porcentaje de concejalas es igual o superior a cuarenta ha pasado de dos a veinticuatro, ha informado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.- (ADN)
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