Expertos advierten que el mal estado generalizado de los edificios de Palma implica un alto riesgo de desprendimientos

PALMA.- La mayoría de edificios de Palma con una antigüedad superior a 25 años (más de 28.000 inmuebles) presentan problemas generalizados de mantenimiento y conservación, lo que, en muchos de estos casos, conlleva riesgos de desprendimientos de elementos de las fachadas y el consiguiente peligro para las personas.

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la empresa Inspección Técnica de Edificios (ITE) de Baleares --una de las tres compañías especialistas en la realización de estos informes--, tras evaluar el estado general de los edificios en Palma. La falta de implicación de los propietarios en la conservación de los inmuebles, indicaron, es la principal causa de que la degradación de las viviendas sea un hecho tan extendido.

Las consecuencias de esta situación, explicaron los arquitectos de ITE Balears, son los continuos incidentes de desprendimientos ocurridos en la capital balear. "Cada día los bomberos actúan por caídas de cubiertas, rejas de balconadas y elementos de las fachadas que de desprenden por las humedades y mala conservación", detalló en rueda de prensa uno de los arquitectos de ITE Balears, Pep Vich.

Según explicó Vich, los edificios palmesanos de más de 100 años de antigüedad (más de 5.300) deberían contar con un informe técnico antes de final de año para cumplir con la normativa municipal. Sin embargo, apenas el 20 por ciento de este grupo cuenta con este requisito.

"Para cumplirse la ordenanza, 4.000 edificios deberían pasar la inspección en un plazo de 83 días naturales, una media de 50 inspecciones diarias. Se trata de un ritmo irrealizable", apuntó. Aun en el supuesto de que todos los propietarios cumplieran con esta norma, el Ayuntamiento de Palma no cuenta, pese al incremento de técnicos anunciado recientemente, con personal suficiente para tramitar todos estos informes y darles respuesta.

El Consistorio ya concedió un año de prórroga en diciembre de 2006 ante el escaso grado de cumplimiento de la ordenanza. Para Vich, una nueva prórroga no sería la solución, ya que contribuiría a aumentar la percepción de los propietarios de que se trata de una cuestión que pueden seguir eludiendo. "Sería realmente preocupante otra prórroga. Más valdría anular la ordenanza", dijo.

Aunque la norma no concreta el tipo de sanción que podría recaer sobre los titulares de los edificios por incumplir la ordenanza, el arquitecto confirmó que el Ayuntamiento tendría potestad, una vez transcurrido el plazo indicado, para intervenir realizando la inspección y encargando a una empresa privada, vía concurso público, la ejecución de las obras de rehabilitación, para posteriormente cargar el coste de las mismas a los propietarios.

En caso de que uno de estos desprendimientos o cualquier otro accidente causado por el mal estado del edificio provocara daños en personas o bienes, los titulares del inmueble serían responsables y, subsidiariamente, también el Consistorio. "La solución pasa por una mayor concienciación de la sociedad sobre la necesidad de mantener en buen estado los edificios y no dejar que se deterioren tanto", añadió.

Para ello, continuó, es preciso realizar campañas de información desde la Administración y también establecer sanciones reales al incumplimiento de la norma y ayudas efectivas a los propietarios que realicen las obras de mejora de sus edificios. "No basta con exenciones fiscales", apuntó.

Del total de 200 informes realizados por ITE Balears, el 96 por ciento han resultado desfavorables por diferentes deficiencias y patologías en los inmuebles. La mayoría de los problemas se encuentran en las cubiertas (47%) y fachadas (21 por ciento). Se trata de desprendimientos (32%), movimientos de la estructura del edificio (14%) y corrosiones (14%).- (Agencias)