PALMA.- El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, alertó hoy de la "amenaza" que supone para la independencia de los abogados y de la justicia en general la tendencia a convertir cualquier elemento social, incluso el asesoramiento jurídico, en una "mercancía", permitiendo la entrada de capital externo en la propiedad de sociedades profesionales como los bufetes de abogados.
Carnicer explicó hoy, durante la celebración de la VI Conferencia de Presidentes de las Abogacías Mediterráneas en Palma, que la independencia de los abogados es una de las mayores preocupaciones de este colectivo profesional, principalmente por la posible salida a bolsa de determinados despachos en algunos ámbitos europeos.
Si bien Carnicer aclaró que este fenómeno es propio de los sistemas sajones, advirtió que la influencia del modelo judicial sajón en varios países del entorno mediterráneo podría permitir que esta tendencia se introdujera en el ámbito mediterráneo. Por ello, apuntó la necesidad de advertir a la Unión Europea para que, a la hora de legislar en este aspecto, tenga en cuenta "dejar el servicio jurídico en manos del capital es poner en juego su independencia".
"Los movimientos derivados del mundo de la competencia, singularmente las sociedades de capital de servicios jurídicos y su posible entrada en bolsa en algunas áreas de Europa, podrían desnaturalizar la defensa jurídica y el necesario contacto de las abogacías con la sociedad", dijo.
Alertó, asimismo, del riesgo que implica la existencia de multinacionales dedicadas al asesoramiento jurídico. "Los servicios jurídicos se encuentran como un elemento más a la venta en el hipermercado. Se venden medicamentos, vestidos, se arreglan coches y, además, se asesora y se defiende", lamentó.
No obstante, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española asumió que se trata de "una evolución natural del mercado" en la que el colectivo profesional no se negará a entrar. Apuntó, eso sí, la necesidad de garantizar la "pureza" del servicio jurídico mediante la limitación en la cantidad de propiedad que puedan concentrar los socios capitalistas.
En España, la Ley de Sociedades Profesionales aprobada el pasado mes de marzo establece un máximo del 25 por ciento de participación en la propiedad de personas no profesionales y prohíbe, además, que estos socios tengan acceso a los documentos que son objeto del servicio de asesoramiento jurídico. "Sería mejor que el cien por cien perteneciera a profesionales, pero el mundo camina hacia la participación del capital en todos los ámbitos", reconoció.
Preguntado por si la independencia de jueces y abogados está "amenazada", Carnicer respondió rotundamente que sí y matizó que esta amenaza existe principalmente en países norte africanos. "En España --añadió-- sin descuidarnos, porque hay jueces y abogados que no cumplen la normativa y es necesario estar pendiente y denunciarlo cuando ocurre", concluyó.- (Agencias)
Carnicer explicó hoy, durante la celebración de la VI Conferencia de Presidentes de las Abogacías Mediterráneas en Palma, que la independencia de los abogados es una de las mayores preocupaciones de este colectivo profesional, principalmente por la posible salida a bolsa de determinados despachos en algunos ámbitos europeos.
Si bien Carnicer aclaró que este fenómeno es propio de los sistemas sajones, advirtió que la influencia del modelo judicial sajón en varios países del entorno mediterráneo podría permitir que esta tendencia se introdujera en el ámbito mediterráneo. Por ello, apuntó la necesidad de advertir a la Unión Europea para que, a la hora de legislar en este aspecto, tenga en cuenta "dejar el servicio jurídico en manos del capital es poner en juego su independencia".
"Los movimientos derivados del mundo de la competencia, singularmente las sociedades de capital de servicios jurídicos y su posible entrada en bolsa en algunas áreas de Europa, podrían desnaturalizar la defensa jurídica y el necesario contacto de las abogacías con la sociedad", dijo.
Alertó, asimismo, del riesgo que implica la existencia de multinacionales dedicadas al asesoramiento jurídico. "Los servicios jurídicos se encuentran como un elemento más a la venta en el hipermercado. Se venden medicamentos, vestidos, se arreglan coches y, además, se asesora y se defiende", lamentó.
No obstante, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española asumió que se trata de "una evolución natural del mercado" en la que el colectivo profesional no se negará a entrar. Apuntó, eso sí, la necesidad de garantizar la "pureza" del servicio jurídico mediante la limitación en la cantidad de propiedad que puedan concentrar los socios capitalistas.
En España, la Ley de Sociedades Profesionales aprobada el pasado mes de marzo establece un máximo del 25 por ciento de participación en la propiedad de personas no profesionales y prohíbe, además, que estos socios tengan acceso a los documentos que son objeto del servicio de asesoramiento jurídico. "Sería mejor que el cien por cien perteneciera a profesionales, pero el mundo camina hacia la participación del capital en todos los ámbitos", reconoció.
Preguntado por si la independencia de jueces y abogados está "amenazada", Carnicer respondió rotundamente que sí y matizó que esta amenaza existe principalmente en países norte africanos. "En España --añadió-- sin descuidarnos, porque hay jueces y abogados que no cumplen la normativa y es necesario estar pendiente y denunciarlo cuando ocurre", concluyó.- (Agencias)
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