MADRID / BRUSELAS.- Las remesas de los inmigrantes que trabajan en España a sus países de origen alcanzaron los 4.571 millones de euros en los siete primeros meses del año, con un crecimiento del 25,38% respecto al mismo periodo de 2006, según los últimos datos publicados por el Banco de España.
De esta manera, las remesas han aumentado en un año en 925 millones de euros en relación a las remitidas hasta julio del pasado año, que ascendieron a 3.644 millones de euros.
Los datos de la autoridad monetaria ponen de manifiesto la llegada creciente de inmigrantes al país, ya que desde el año 2002 las estadísticas del Banco de España reflejan que las remesas de inmigrantes han ido creciendo de forma paulatina desde entonces.
Así, las remesas de inmigrantes en 2002 representaron 2.844 millones de euros, cifra que ascendió en 2003 a 3.475 millones, en 2004 a 4.189 millones, en 2005 a 4.936 millones y hasta los 6.807 millones en 2006.
Por su parte, el dinero procedente de los españoles que viven en el extranjero aumentó un 12,3% en los siete primeros meses del año, hasta los 3.019 millones de euros.
El continuo crecimiento de las remesas ha propiciado que España ocupe el segundo puesto en el ranking de los países avanzados origen de los mayores pagos.
Según el informe anual del Banco de España 'Balanza de pagos y posición de inversión internacional de España', correspondiente a 2006, las remesas enviadas por trabajadores a sus países de origen ascendieron a 6.807 millones de euros. La marca española fue superada por EE.UU., con 19.800 millones de euros.
La mayor parte de este importe tuvo como destino Latinoamérica y El Caribe, que, según datos de 2006, recibieron el 68,9% del importe total, con especial participación en la tarta de Colombia (68,9%), Ecuador (19,7%) y Bolivia (17%).
El 31,1% restante se dirigió en un 10,4% a la UE-15, un 8,3% al resto de Europa, y un 12,4% al resto del mundo.
Como consecuencia de esta situación, el Gobierno tiene previsto impulsar un conjunto de medidas para facilitar y abaratar el coste de estas remesas que envían los trabajadores extranjeros a través del sistema bancario.
De hecho, el Ejecutivo, los bancos y las cajas de ahorro firmaron a principios de año dos acuerdos de intenciones para reducir los costes de las transferencias de envío de dinero a través de redes de asesorías asociadas a los receptores y líneas de crédito en los países de destino.
En concreto, se promoverá que la recepción de remesas se asocie a líneas de crédito de ahorro o de inversión "atractivas financieramente" y se incluirán en los programas de acogida para la integración de inmigrantes en España actuaciones encaminadas a la difusión y promoción de los instrumentos que se pongan en marcha para la mejora del envío de remesas.
Por su parte, las patronales de los bancos y las cajas, AEB y CECA, se comprometieron a fomentar entre sus miembros acciones para facilitar el proceso de envío de remesas mediante servicios que faciliten la realización de las transferencias en condiciones adecuadas de agilidad, eficiencia y costes y medidas para aumentar la transparencia del mercado.
Mientras, España es el segundo país de Europa, sólo por detrás de Noruega, cuyo mercado laboral está más abierto a los inmigrantes no comunitarios, pero sin embargo suspende en la aplicación de la legislación que prohíbe el racismo y la discriminación laboral de inmigrantes, así como en concederles la nacionalidad o en promover su participación política.
No obstante, se sitúa, en términos generales, en el puesto 15 de 28 en la "promoción de la integración favorable de inmigrantes" de la lista del Índice de Política de Integración de Inmigrantes, presentado hoy en Bruselas y elaborado por el British Council y el Migration Policy Group.
El estudio otorga buena puntuación a España a la hora de garantizar la seguridad del empleo de los inmigrantes y los derechos asociados al trabajo, como seguridad social o desempleo. En contraste, los principales problemas a los que se enfrentan los extranjeros son obtener la nacionalidad (donde España ocupa el puesto 14 de 28) o verse discriminado por motivos étnicos (17).
En otras áreas analizadas, como la garantía al derecho de reunificación familiar o las condiciones impuestas a inmigrantes para obtener un permiso de residencia permanente, aparecen otras carencias de la política de integración española, que está muy por detrás de la que prima en países como Suecia, Portugal o Bélgica, aunque por delante de las políticas de Letonia, Chipre y Austria en ambos casos.
Los principales países de origen de los inmigrantes que llegaron a España en 2004 y 2005 fueron Rumanía y Bulgaria, aunque tras la adhesión de ambos países a la UE el 1 de enero de 2007 han pasado a ser ciudadanos comunitarios. Después de los rumanos y búlgaros, los marroquíes y ecuatorianos son los que más emigraron en 2005 a España. Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca son las tres ciudades españolas que más inmigrantes acogen, según constata el informe Index.
Los inmigrantes de terceros países constituyen, según cifras de 2006, el 7,2% de la población española (3.166.778 inmigrantes). Alrededor de 42.860 inmigrantes, la mayoría de nacionalidad ecuatoriana, colombiana y marroquí, solicitaron la nacionalidad española, según datos de 2005 y cerca de 5.266, pidieron asilo oficial en el país, según estadísticas de 2006.
Aunque España logra "la mejor práctica" de Gobierno en cuanto a garantizar el empleo y los derechos vinculados a él (seguridad social, derecho a paro...) de inmigrantes, el informe destaca que podría mejorar el acceso laboral a los inmigrantes introduciendo "leves mejoras" en sus normas sobre elegibilidad y medidas para la integración en el mercado laboral, a pesar de que en ambas categorías España se sitúa en segundo lugar de ranking.
En España, "la mayoría de los permisos de trabajo se renuevan" y los inmigrantes "pueden quedarse para buscar un nuevo empleo si su contrato ha terminado". También, añade el informe, los inmigrantes en España pueden "afiliarse a sindicatos y cambiar rápidamente de trabajo, profesión o estatus laboral".
Según estadísticas de 2006, la tasa de empleo entre los inmigrantes de terceros países en España se sitúa en el 71,9%, ocho puntos más que la media entre los nacionales, mientras que la de desempleo asciende al 12,2%, cuatro puntos porcentuales más que la de los nacionales. Además, los resultados del estudio muestran que el 42,1% de los españoles está a favor de deportar a los inmigrantes sin empleo, lo que coloca a España entre los ocho en todo el conjunto de la UE que más apoyan esta idea.
Para mejorar estas cifras, el British Council y el Migration Policy Group emplazan al Gobierno español a "marcar objetivos políticos para reducir el desempleo entre los inmigrantes y mejorar sus capacidades lingüísticas". Asimismo, ambas organizaciones consideran que "si las cualificaciones de los inmigrantes se reconocieran igual que las de otros países comunitarios, y los inmigrantes estuvieran informados de ello a través de agencias y centros de información, España podría puntuar más alto" en cuanto a apertura de su mercado laboral a inmigrantes.
En España, los inmigrantes pueden acogerse al principio de reagrupación familiar sólo después de contar con un permiso de residencia de un año y, siempre y cuando tengan un contrato laboral de un año de duración. No obstante, y a diferencia de lo que sucede en otros países, los inmigrantes no deben someterse a un examen sobre integración, aunque sí se les obliga a garantizar su solvencia económica suficiente para garantizar la subsistencia de los familiares que pretendan traer a España.
Según señala el informe, si el Ejecutivo español "les concediera garantías legales y oficinas para remitirse a ellas en caso de que su solicitud sea rechazada o su permiso retirado", las familias que logran reunirse en el país de acogida gozarían de una "mayor seguridad de su estatus". Tres cuartas partes de la población española apoya el derecho a la reagrupación familiar, un porcentaje similar al de Grecia.
British Council y Migration Policy Group creen que España debería reducir de cinco a tres años el periodo necesario para poder solicitar la reagrupación familiar, un plazo que no se aplica a quienes tienen trabajo, que pueden pedirla después de un año.
El informe también destaca que España es uno de los países donde mejor se garantizan los derechos de los inmigrantes que obtienen, después de cinco años de permanencia en el país, el permiso de residencia permanente.
Dicho permiso les equipara en derechos a los españoles en cuanto derecho al empleo, seguridad social, vivienda... Sin embargo, no tienen derecho al libre movimiento y a obtener el permiso de residencia en otros países comunitarios, aunque, desde 2004, sí pueden abandonar el país sin perder sus derechos durante un periodo de un año (antes seis meses).
A pesar de que el 63% de los españoles reconoce que la diversidad enriquece su cultura nacional, el 71% cree que la discriminación por motivos étnicos es una realidad extendida y el 61,5% piensa que los extranjeros reciben oportunidades laborales desiguales frente a los nacionales, a pesar de que lo prohíbe la ley.
El informe reclama a España definir mejor lo que considera como prácticas racistas y discriminatorias, así como aplicar mejor la legislación contra la discriminación e impulsar mejores políticas de igualdad.
Sólo el 39,9% de los españoles cree que se debería hacer más para luchar contra la discriminación, mientras que dos tercios de los españoles apoya conceder iguales derechos sociales para inmigrantes legales de terceros países, porcentaje que se sitúa entre los mayores de la UE.
En términos generales, España se sitúa en décimo puesto -por detrás de Suecia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Finlandia, Canadá, Italia, Noruega y Reino Unido en políticas de integración. Los últimos puestos de la fila se los reparten, respectivamente, Letonia, Chipre, Austria, Grecia y Eslovaquia.
La clasificación sobre la pertinencia de las políticas de integración que aplican los 28 países analizados --todos los de la UE, salvo Rumanía y Bulgaria, además de Suiza, Noruega y Canadá-- ha sido elaborada a partir del análisis individual de 140 indicadores relacionados con las seis áreas prioritarias de la integración: acceso al mercado laboral, reagrupación familiar, permisos de residencia permanentes, participación política, nacionalizaciones y discriminación.- (Agencias)
De esta manera, las remesas han aumentado en un año en 925 millones de euros en relación a las remitidas hasta julio del pasado año, que ascendieron a 3.644 millones de euros.
Los datos de la autoridad monetaria ponen de manifiesto la llegada creciente de inmigrantes al país, ya que desde el año 2002 las estadísticas del Banco de España reflejan que las remesas de inmigrantes han ido creciendo de forma paulatina desde entonces.
Así, las remesas de inmigrantes en 2002 representaron 2.844 millones de euros, cifra que ascendió en 2003 a 3.475 millones, en 2004 a 4.189 millones, en 2005 a 4.936 millones y hasta los 6.807 millones en 2006.
Por su parte, el dinero procedente de los españoles que viven en el extranjero aumentó un 12,3% en los siete primeros meses del año, hasta los 3.019 millones de euros.
El continuo crecimiento de las remesas ha propiciado que España ocupe el segundo puesto en el ranking de los países avanzados origen de los mayores pagos.
Según el informe anual del Banco de España 'Balanza de pagos y posición de inversión internacional de España', correspondiente a 2006, las remesas enviadas por trabajadores a sus países de origen ascendieron a 6.807 millones de euros. La marca española fue superada por EE.UU., con 19.800 millones de euros.
La mayor parte de este importe tuvo como destino Latinoamérica y El Caribe, que, según datos de 2006, recibieron el 68,9% del importe total, con especial participación en la tarta de Colombia (68,9%), Ecuador (19,7%) y Bolivia (17%).
El 31,1% restante se dirigió en un 10,4% a la UE-15, un 8,3% al resto de Europa, y un 12,4% al resto del mundo.
Como consecuencia de esta situación, el Gobierno tiene previsto impulsar un conjunto de medidas para facilitar y abaratar el coste de estas remesas que envían los trabajadores extranjeros a través del sistema bancario.
De hecho, el Ejecutivo, los bancos y las cajas de ahorro firmaron a principios de año dos acuerdos de intenciones para reducir los costes de las transferencias de envío de dinero a través de redes de asesorías asociadas a los receptores y líneas de crédito en los países de destino.
En concreto, se promoverá que la recepción de remesas se asocie a líneas de crédito de ahorro o de inversión "atractivas financieramente" y se incluirán en los programas de acogida para la integración de inmigrantes en España actuaciones encaminadas a la difusión y promoción de los instrumentos que se pongan en marcha para la mejora del envío de remesas.
Por su parte, las patronales de los bancos y las cajas, AEB y CECA, se comprometieron a fomentar entre sus miembros acciones para facilitar el proceso de envío de remesas mediante servicios que faciliten la realización de las transferencias en condiciones adecuadas de agilidad, eficiencia y costes y medidas para aumentar la transparencia del mercado.
Mientras, España es el segundo país de Europa, sólo por detrás de Noruega, cuyo mercado laboral está más abierto a los inmigrantes no comunitarios, pero sin embargo suspende en la aplicación de la legislación que prohíbe el racismo y la discriminación laboral de inmigrantes, así como en concederles la nacionalidad o en promover su participación política.
No obstante, se sitúa, en términos generales, en el puesto 15 de 28 en la "promoción de la integración favorable de inmigrantes" de la lista del Índice de Política de Integración de Inmigrantes, presentado hoy en Bruselas y elaborado por el British Council y el Migration Policy Group.
El estudio otorga buena puntuación a España a la hora de garantizar la seguridad del empleo de los inmigrantes y los derechos asociados al trabajo, como seguridad social o desempleo. En contraste, los principales problemas a los que se enfrentan los extranjeros son obtener la nacionalidad (donde España ocupa el puesto 14 de 28) o verse discriminado por motivos étnicos (17).
En otras áreas analizadas, como la garantía al derecho de reunificación familiar o las condiciones impuestas a inmigrantes para obtener un permiso de residencia permanente, aparecen otras carencias de la política de integración española, que está muy por detrás de la que prima en países como Suecia, Portugal o Bélgica, aunque por delante de las políticas de Letonia, Chipre y Austria en ambos casos.
Los principales países de origen de los inmigrantes que llegaron a España en 2004 y 2005 fueron Rumanía y Bulgaria, aunque tras la adhesión de ambos países a la UE el 1 de enero de 2007 han pasado a ser ciudadanos comunitarios. Después de los rumanos y búlgaros, los marroquíes y ecuatorianos son los que más emigraron en 2005 a España. Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca son las tres ciudades españolas que más inmigrantes acogen, según constata el informe Index.
Los inmigrantes de terceros países constituyen, según cifras de 2006, el 7,2% de la población española (3.166.778 inmigrantes). Alrededor de 42.860 inmigrantes, la mayoría de nacionalidad ecuatoriana, colombiana y marroquí, solicitaron la nacionalidad española, según datos de 2005 y cerca de 5.266, pidieron asilo oficial en el país, según estadísticas de 2006.
Aunque España logra "la mejor práctica" de Gobierno en cuanto a garantizar el empleo y los derechos vinculados a él (seguridad social, derecho a paro...) de inmigrantes, el informe destaca que podría mejorar el acceso laboral a los inmigrantes introduciendo "leves mejoras" en sus normas sobre elegibilidad y medidas para la integración en el mercado laboral, a pesar de que en ambas categorías España se sitúa en segundo lugar de ranking.
En España, "la mayoría de los permisos de trabajo se renuevan" y los inmigrantes "pueden quedarse para buscar un nuevo empleo si su contrato ha terminado". También, añade el informe, los inmigrantes en España pueden "afiliarse a sindicatos y cambiar rápidamente de trabajo, profesión o estatus laboral".
Según estadísticas de 2006, la tasa de empleo entre los inmigrantes de terceros países en España se sitúa en el 71,9%, ocho puntos más que la media entre los nacionales, mientras que la de desempleo asciende al 12,2%, cuatro puntos porcentuales más que la de los nacionales. Además, los resultados del estudio muestran que el 42,1% de los españoles está a favor de deportar a los inmigrantes sin empleo, lo que coloca a España entre los ocho en todo el conjunto de la UE que más apoyan esta idea.
Para mejorar estas cifras, el British Council y el Migration Policy Group emplazan al Gobierno español a "marcar objetivos políticos para reducir el desempleo entre los inmigrantes y mejorar sus capacidades lingüísticas". Asimismo, ambas organizaciones consideran que "si las cualificaciones de los inmigrantes se reconocieran igual que las de otros países comunitarios, y los inmigrantes estuvieran informados de ello a través de agencias y centros de información, España podría puntuar más alto" en cuanto a apertura de su mercado laboral a inmigrantes.
En España, los inmigrantes pueden acogerse al principio de reagrupación familiar sólo después de contar con un permiso de residencia de un año y, siempre y cuando tengan un contrato laboral de un año de duración. No obstante, y a diferencia de lo que sucede en otros países, los inmigrantes no deben someterse a un examen sobre integración, aunque sí se les obliga a garantizar su solvencia económica suficiente para garantizar la subsistencia de los familiares que pretendan traer a España.
Según señala el informe, si el Ejecutivo español "les concediera garantías legales y oficinas para remitirse a ellas en caso de que su solicitud sea rechazada o su permiso retirado", las familias que logran reunirse en el país de acogida gozarían de una "mayor seguridad de su estatus". Tres cuartas partes de la población española apoya el derecho a la reagrupación familiar, un porcentaje similar al de Grecia.
British Council y Migration Policy Group creen que España debería reducir de cinco a tres años el periodo necesario para poder solicitar la reagrupación familiar, un plazo que no se aplica a quienes tienen trabajo, que pueden pedirla después de un año.
El informe también destaca que España es uno de los países donde mejor se garantizan los derechos de los inmigrantes que obtienen, después de cinco años de permanencia en el país, el permiso de residencia permanente.
Dicho permiso les equipara en derechos a los españoles en cuanto derecho al empleo, seguridad social, vivienda... Sin embargo, no tienen derecho al libre movimiento y a obtener el permiso de residencia en otros países comunitarios, aunque, desde 2004, sí pueden abandonar el país sin perder sus derechos durante un periodo de un año (antes seis meses).
A pesar de que el 63% de los españoles reconoce que la diversidad enriquece su cultura nacional, el 71% cree que la discriminación por motivos étnicos es una realidad extendida y el 61,5% piensa que los extranjeros reciben oportunidades laborales desiguales frente a los nacionales, a pesar de que lo prohíbe la ley.
El informe reclama a España definir mejor lo que considera como prácticas racistas y discriminatorias, así como aplicar mejor la legislación contra la discriminación e impulsar mejores políticas de igualdad.
Sólo el 39,9% de los españoles cree que se debería hacer más para luchar contra la discriminación, mientras que dos tercios de los españoles apoya conceder iguales derechos sociales para inmigrantes legales de terceros países, porcentaje que se sitúa entre los mayores de la UE.
En términos generales, España se sitúa en décimo puesto -por detrás de Suecia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Finlandia, Canadá, Italia, Noruega y Reino Unido en políticas de integración. Los últimos puestos de la fila se los reparten, respectivamente, Letonia, Chipre, Austria, Grecia y Eslovaquia.
La clasificación sobre la pertinencia de las políticas de integración que aplican los 28 países analizados --todos los de la UE, salvo Rumanía y Bulgaria, además de Suiza, Noruega y Canadá-- ha sido elaborada a partir del análisis individual de 140 indicadores relacionados con las seis áreas prioritarias de la integración: acceso al mercado laboral, reagrupación familiar, permisos de residencia permanentes, participación política, nacionalizaciones y discriminación.- (Agencias)
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