MADRID.- Son miles y miles las edificaciones ilegales en el Dominio Público Marítimo Terrestre (playas, acantilados y marismas) y en la servidumbre de protección, de 20 a 100 metros dependiendo si es terreno urbano o no. Las que estaban antes de la aprobación de la Ley de Costas de 1988 y cuyos dueños pudieron demostrar que esos terrenos eran suyos tienen una concesión de 30 años (expira en 2018) y las que no tienen concesiones en su mayoría ya caducadas, a veces incluso con orden de derribo, pero que no se lleva a cabo.
Otras, el Ministerio de Medio Ambiente, encargado de revisar esas concesiones, da prórrogas, como las recientemente concedidas a dos hoteles que se encuentran literalmente sobre las dunas de Corralejo, al norte de la isla canaria de Fuerteventura, para permanecer durante 10 y 30 años más respectivamente ocupando este espacio. No sólo estos dos hoteles están en dominio público, sino que estas dunas forman un parque natural.
Esto en los casos de edificaciones que estuviesen antes de 1988, pero desde esa fecha hasta ahora buena parte de la franja costera en dominio público sigue acogiendo nuevas construcciones; algunas sentencias de derribo dictadas por los tribunales, en su mayoría gracias a las denuncias de grupos ecologistas, no se llevan adelante; y las comunidades autónomas, que deben gestionar la servidumbre de protección, y la Administración central, que debe velar por el dominio público, no hacen nada por evitarlo.
Es más, como en el caso de Fuerteventura, son las propias Administraciones las que fomentan, por acción u omisión, estos desmanes urbanísticos.
Muchos de estos casos han sido recabados por Greenpeace pues, según diversas fuentes consultadas, Medio Ambiente no cuenta con un inventario de las edificaciones en dominio público, aunque la Unión Europea lo pidió para 2006.
La gran apuesta es el establecimiento de nuevos modelos de desarrollo en la franja costera que no estén basados en la ocupación urbanística sino, al contrario, que se apoyen y potencien los recursos naturales del litoral y permitan, de este modo, su conservación.
La fórmula para recuperar y proteger esta franja costera es el deslinde (la delimitación) de este dominio público, tal y como dice la Ley de Costas, pero que aún no se ha finalizado, si bien desde Greenpeace aseguran que en los últimos cuatro años se ha avanzado mucho en este sentido.
Además, en muchos casos hay que revisarlo para incorporar las previsiones realizadas por los expertos en cambio climático contratados por el propio Ministerio, que recomiendan la revisión de la franja de costa pública como medida de seguridad.- (Agencias)
(Invasión de la zona marítimo-terrestre en Águilas, Murcia)
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