BRUSELAS.- El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, defendió hoy, tras reconocer que en los últimos años la UE "no ha avanzado mucho" en la lucha contra la economía sumergida, la introducción de un salario mínimo en la UE "como método eficaz para luchar contra el trabajo no declarado", así como la posibilidad de reducir la carga fiscal sobre el trabajo. En España, sólo el 3% de los trabajadores admiten haber recibido dinero en negro, por debajo de la media del 5% en el conjunto de la UE, según un estudio del Ejecutivo comunitario.
Según el primer estudio Eurobarómetro sobre la realidad de la economía sumergida en el conjunto de los 27 Estados miembros de la UE, presentado este miércoles, el 11% de los ciudadanos de la UE admite haber adquirido servicios o productos relacionados con el mercado negro (un 9% adquiere servicios y el 6% admite comprar productos), porcentaje que en el caso Español se reduce al 6% (el 5% de los españoles reconoce haber utilizado un servicio no declarado, mientras que el 2% admite haber comprado algún producto en el mercado negro).
En términos generales, Dinamarca (27%), Países Bajos (27%) y Letonia (24%) son los países cuyos ciudadanos admiten haber adquirido la mayor cantidad de servicios y productos en negro. En últimas posiciones, se sitúan Chipre (2%), España (6%) y Alemania (6%). Por otra parte, sólo el 5% de la población europea admite participar en el mercado laboral negro.
El porcentaje aumenta al 8% entre las personas desempleadas, los estudiantes y los empleados autómonos. En el caso de España, sólo el 3% admite haber participado en actividades económicas sumergidas en el último año, mientras que sólo el 5% reconoció que la totalidad o parte de su salario lo recibió "en un sobre" en negro.
El mercado negro afecta especialmente a los sectores de venta al por menor (22% de los casos); servicios en el hogar (17%); construcción (16%) y servicios de reparación (11%). Por el contrario, afecta menos a los sectores agrario, de transporte e industria, donde la mano de obra negra representa sólo el 1%.
El 40% de los ciudadanos europeos que recurre a servicios y productos en el mercado negro acceden a ellos a través de amigos, compañeros, familiares o vecinos (27% en el caso español); el 28% a través de personas privadas u hogares (21% en el caso de España) y el 19% recurre a empresas (el mismo porcentaje que entre españoles).
El precio más bajo de los servicios y productos adquiridos en el mercado negro es la razón principal para recurrir a ellos, según el 66% de los europeos. El 21% de ellos lo hace porque son servicios más rápidos; mientras que el 14% lo hace por "hacer un favor o ayudar a un amigo".
Sin embargo, la mayoría de los europeos (53%) admite que compraría los productos y servicios en el mercado regular de no existir en el negro y sólo el 13% admite que hubiera hecho él mismo el trabajo y el 12% que hubiera renunciado a adquirirlos en el mercado regular.
Sólo el 3% de los españoles reconoce haber realizado un trabajo no declarado en el último año, porcentaje que se sitúa entre los más bajos de la UE, por detrás de Chipre (1%); Malta (2%) y Reino Unido (2%), mientras que Portugal, Italia y Alemania todos presentan un 3% de ciudadanos que admiten haber trabajado en negro. En el otro extremo, aparecen Dinamarca, donde el 18% admite haber trabajado en negro, Letonia (15%) y Países Bajos (13%).
En el caso de España, el 5% de los encuestados admitió haber recibido la totalidad o parte de su salario en "en negro" y "en sobre". En el caso de rumanos, la práctica está más extendida ya que, el 23% así lo reconoce, como lo admiten el 17% de letones y 14% de búlgaros. En el otro extremo, sólo el 1% de malteses, británicos, luxemburgueses, franceses y alemanes dice haber recibido en los últimos 12 meses parte o la totalidad de su salario 'en negro'.
Entre los países cuyos ciudadanos perciben un mayor riesgo de poder ser 'pillado' por no declarar se encuentran Portugal, Lituania, Estonia y Reino Unido. Menor es la percepción de riesgo en países como Suecia, Dinamarca, Bulgaria o Luxemburgo. España aparece en una posición intermedia en este aspecto.
En términos generales, el 60% de los europeos cree que la sanción vendrá vía impuestos atrasados no desembolsados y una multa (el 50% de los españoles cree que ese sería el castigo de no declarar lo ganado); el 18% cree que sería vía impuestos pero sin tener que pagar una multa (el 22% así lo cree en España); mientras que el 7% cree que se enfrentaría a una pena carcelaria (porcentaje que cae al 3% en el caso español).
Entre los europeos que reconocen trabajar sin declarar, el 47% afirma que lo hace porque "ambas partes (empleador y empleado) se benefician de ello". El 23% esgrime que desempeña un trabajo estacionario "y no merece la pena declararlo", mientras que el 16% de los ciudadanos de la UE justifican no declarar bien por no poder encontrar un trabajo con contrato legal o porque el trabajo no declarado "es una práctica extendida en la región o sector de trabajo".
Por su parte, el 13% lo achaca a "los elevados impuestos y cotizaciones a la seguridad social".
El comisario de Empleo reconoció que "el trabajo negro es un fenómeno injustificable que afecta al sistema socioeconómico financiero europeo" y destacó que "la gran demanda de trabajo no declarado es mayor cuanto mayor es el nivel de formación" de los trabajadores. Asimismo, tiene más incidencia entre directivos y autónomos y no es achacable en exclusiva a la entrada de inmigrantes.
Por ello, subrayó que el trabajo no declarado "no es algo que sólo depende de la inmigración ni de la libre circulación de personas" entre Estados comunitarios, a pesar de reconocer su "dimensión fronteriza". "Es un fenómeno que se da en todos los Estados miembros y entre personas no inmigrantes", explicó.
Spidla admitió que desde que la Comisión adoptó en 2004 un paquete de medidas para combatir el trabajo no declarado "la situación no ha mejorado" y citó varios problemas vigentes como "la fiscalidad de los trabajos remunerados, la necesidad de simplificar la fiscalidad que se aplica a las horas extraordinarias (trabajadas) o la presencia de falsos autónomos". Sin embargo, Spidla recalcó que "la mayor parte de las personas prefieren trabajar legalmente".
Por ello, defendió que "la introducción de un salario mínimo podría ser un método eficaz para combatir el trabajo no declarado" y resaltó "la experiencia significativa en Reino Unido" en este sentido desde que implantó el salario mínimo porque "muchas personas que antes trabajaban en negro ahora trabajan declarando".
"En Reino Unido la introducción del salario mínimo ha funcionado", agregó, al tiempo que reconoció que "el sistema en Europa de salarios mínimo es muy distinto" dependiendo de un país u otro.
El comisario también defendió la necesidad de "reducir los costes fiscales del trabajo" porque reconoció que "cuando el sueldo base es insuficiente resulta muy difícil hacer frente a las cargas fiscales". Por este motivo, abogó por "calcular muy bien el salario mínimo".
En el caso de las reducciones de los tipos de IVA, el comisario reconoció que "el del IVA es un tema controvertido", aunque citó la experiencia en Francia donde las reducciones del impuesto sobre las horas extra "no han tenido consecuencias tan grandes" para el sistema financiero.- (Agencias)
Según el primer estudio Eurobarómetro sobre la realidad de la economía sumergida en el conjunto de los 27 Estados miembros de la UE, presentado este miércoles, el 11% de los ciudadanos de la UE admite haber adquirido servicios o productos relacionados con el mercado negro (un 9% adquiere servicios y el 6% admite comprar productos), porcentaje que en el caso Español se reduce al 6% (el 5% de los españoles reconoce haber utilizado un servicio no declarado, mientras que el 2% admite haber comprado algún producto en el mercado negro).
En términos generales, Dinamarca (27%), Países Bajos (27%) y Letonia (24%) son los países cuyos ciudadanos admiten haber adquirido la mayor cantidad de servicios y productos en negro. En últimas posiciones, se sitúan Chipre (2%), España (6%) y Alemania (6%). Por otra parte, sólo el 5% de la población europea admite participar en el mercado laboral negro.
El porcentaje aumenta al 8% entre las personas desempleadas, los estudiantes y los empleados autómonos. En el caso de España, sólo el 3% admite haber participado en actividades económicas sumergidas en el último año, mientras que sólo el 5% reconoció que la totalidad o parte de su salario lo recibió "en un sobre" en negro.
El mercado negro afecta especialmente a los sectores de venta al por menor (22% de los casos); servicios en el hogar (17%); construcción (16%) y servicios de reparación (11%). Por el contrario, afecta menos a los sectores agrario, de transporte e industria, donde la mano de obra negra representa sólo el 1%.
El 40% de los ciudadanos europeos que recurre a servicios y productos en el mercado negro acceden a ellos a través de amigos, compañeros, familiares o vecinos (27% en el caso español); el 28% a través de personas privadas u hogares (21% en el caso de España) y el 19% recurre a empresas (el mismo porcentaje que entre españoles).
El precio más bajo de los servicios y productos adquiridos en el mercado negro es la razón principal para recurrir a ellos, según el 66% de los europeos. El 21% de ellos lo hace porque son servicios más rápidos; mientras que el 14% lo hace por "hacer un favor o ayudar a un amigo".
Sin embargo, la mayoría de los europeos (53%) admite que compraría los productos y servicios en el mercado regular de no existir en el negro y sólo el 13% admite que hubiera hecho él mismo el trabajo y el 12% que hubiera renunciado a adquirirlos en el mercado regular.
Sólo el 3% de los españoles reconoce haber realizado un trabajo no declarado en el último año, porcentaje que se sitúa entre los más bajos de la UE, por detrás de Chipre (1%); Malta (2%) y Reino Unido (2%), mientras que Portugal, Italia y Alemania todos presentan un 3% de ciudadanos que admiten haber trabajado en negro. En el otro extremo, aparecen Dinamarca, donde el 18% admite haber trabajado en negro, Letonia (15%) y Países Bajos (13%).
En el caso de España, el 5% de los encuestados admitió haber recibido la totalidad o parte de su salario en "en negro" y "en sobre". En el caso de rumanos, la práctica está más extendida ya que, el 23% así lo reconoce, como lo admiten el 17% de letones y 14% de búlgaros. En el otro extremo, sólo el 1% de malteses, británicos, luxemburgueses, franceses y alemanes dice haber recibido en los últimos 12 meses parte o la totalidad de su salario 'en negro'.
Entre los países cuyos ciudadanos perciben un mayor riesgo de poder ser 'pillado' por no declarar se encuentran Portugal, Lituania, Estonia y Reino Unido. Menor es la percepción de riesgo en países como Suecia, Dinamarca, Bulgaria o Luxemburgo. España aparece en una posición intermedia en este aspecto.
En términos generales, el 60% de los europeos cree que la sanción vendrá vía impuestos atrasados no desembolsados y una multa (el 50% de los españoles cree que ese sería el castigo de no declarar lo ganado); el 18% cree que sería vía impuestos pero sin tener que pagar una multa (el 22% así lo cree en España); mientras que el 7% cree que se enfrentaría a una pena carcelaria (porcentaje que cae al 3% en el caso español).
Entre los europeos que reconocen trabajar sin declarar, el 47% afirma que lo hace porque "ambas partes (empleador y empleado) se benefician de ello". El 23% esgrime que desempeña un trabajo estacionario "y no merece la pena declararlo", mientras que el 16% de los ciudadanos de la UE justifican no declarar bien por no poder encontrar un trabajo con contrato legal o porque el trabajo no declarado "es una práctica extendida en la región o sector de trabajo".
Por su parte, el 13% lo achaca a "los elevados impuestos y cotizaciones a la seguridad social".
El comisario de Empleo reconoció que "el trabajo negro es un fenómeno injustificable que afecta al sistema socioeconómico financiero europeo" y destacó que "la gran demanda de trabajo no declarado es mayor cuanto mayor es el nivel de formación" de los trabajadores. Asimismo, tiene más incidencia entre directivos y autónomos y no es achacable en exclusiva a la entrada de inmigrantes.
Por ello, subrayó que el trabajo no declarado "no es algo que sólo depende de la inmigración ni de la libre circulación de personas" entre Estados comunitarios, a pesar de reconocer su "dimensión fronteriza". "Es un fenómeno que se da en todos los Estados miembros y entre personas no inmigrantes", explicó.
Spidla admitió que desde que la Comisión adoptó en 2004 un paquete de medidas para combatir el trabajo no declarado "la situación no ha mejorado" y citó varios problemas vigentes como "la fiscalidad de los trabajos remunerados, la necesidad de simplificar la fiscalidad que se aplica a las horas extraordinarias (trabajadas) o la presencia de falsos autónomos". Sin embargo, Spidla recalcó que "la mayor parte de las personas prefieren trabajar legalmente".
Por ello, defendió que "la introducción de un salario mínimo podría ser un método eficaz para combatir el trabajo no declarado" y resaltó "la experiencia significativa en Reino Unido" en este sentido desde que implantó el salario mínimo porque "muchas personas que antes trabajaban en negro ahora trabajan declarando".
"En Reino Unido la introducción del salario mínimo ha funcionado", agregó, al tiempo que reconoció que "el sistema en Europa de salarios mínimo es muy distinto" dependiendo de un país u otro.
El comisario también defendió la necesidad de "reducir los costes fiscales del trabajo" porque reconoció que "cuando el sueldo base es insuficiente resulta muy difícil hacer frente a las cargas fiscales". Por este motivo, abogó por "calcular muy bien el salario mínimo".
En el caso de las reducciones de los tipos de IVA, el comisario reconoció que "el del IVA es un tema controvertido", aunque citó la experiencia en Francia donde las reducciones del impuesto sobre las horas extra "no han tenido consecuencias tan grandes" para el sistema financiero.- (Agencias)
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