MADRID.- El secretario de Estado de Economía, David Vegara, auguró hoy un incremento en la "aversión al riesgo" por parte de las entidades financieras en la concesión de créditos, lo que requerirá mayor "disciplina" de los agentes del sector.En este sentido, apuntó que las instituciones reguladoras y los organismos supervisores deberán corregir en el futuro algunos "excesos" que ha evidenciado la crisis financiera.
Vegara ha señalado que "la evolución de los precios de la vivienda y de los tipos de interés no va a endurecer las condiciones de acceso a la misma".
Durante su intervención en el 'Foro Cinco Días', Vegara ratificó la previsión de crecimiento del 3,3% para 2008 y aseguró que el Gobierno se siente "muy cómodo" con esta estimación.
Respecto al tercer trimestre de este año, dijo que el crecimiento estará en línea con el del trimestre anterior, cuando la economía creció un 4% en tasa interanual.
Vegara ha señalado que, por tanto, el Gobierno mantiene sus previsiones optimistas sobre la economía española a pesar de las turbulencias financieras.
En este sentido, ha apuntado que las instituciones reguladoras y los organismos supervisores deberán corregir en el futuro algunos "excesos" que ha evidenciado la crisis financiera.
El secretario de Estado de Economía ha anunciado que el anteproyecto de la ley que regulará la actividad de los intermediarios financieros y las entidades que se dedican al reagrupamiento de deuda irá al Consejo de Ministros en "pocas semanas".
En referencia al llamamiento realizado por Zapatero al sistema financiero en su conjunto para que abra el grifo del crédito al sector inmobiliario y haciendo un llamamiento a la prudencia, Vegara confió en que "bancos y cajas harán su trabajo porque es su negocio".
El Gobierno prepara un anteproyecto de ley, que presentará ante el Consejo de Estado en los próximos días, por el que se pretende aportar mayor transparencia a la contratación de créditos hipotecarios y a los servicios de intermediación, con especial atención a la regulación de los reunificadores de deudas, según avanzó Vegara.
Según dijo, la iniciativa pretende ampliar "de manera considerable" las obligaciones de transparencia de las entidades que se dedican a este tipo de actividades para que los consumidores puedan conocer en todo momento las características fundamentales de los instrumentos contratados.
Además, supone una unificación de los requisitos a cumplir por ciertos productos financieros (créditos al consumo e hipotecarios) para que sean los mismos independientemente de las entidades que los concendan, sea una entidad de crédito o cualquier otra empresa.
En este sentido, la norma supondrá mantener la vigencia de la ley de crédito al consumo, que se aplica tanto a entidades de crédito como a empresas y extender, además, las obligaciones de las entidades de crédito a otros operadores en materia de crédito hipotecario.
Entre las novedades que recoge, se encuentran la regulación de la intermediación en la reagrupación de la deuda, que, según señaló Vegara, permitirá recortar los costes de búsqueda en la contratación de los créditos y dotará a los consumidores de una mayor "capacidad de negociación" frente a los prestamistas, pudiendo acceder así a mejores condiciones en los préstamos que contratan.
Además, la norma establecerá la obligación de la inscripción de las empresas en los registros públicos que puedan crearse en las comunidades autónomas o en el Instituto Nacional de Consumo.
La norma contempla, asimismo, obligaciones de transparencia en la información precontractual y en los precios, al tiempo que las comisiones deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos ocasionados.
Asimismo, las empresas tendrán que formular al consumidor una oferta vinculante por escrito, firmada por el representante de la empresas y que, salvo circunstancias excepcionales o no imputables a la empresas, tendrá un plazo de validez no inferior a diez días hábiles.
Por otro lado, se exigirá que las empresas recojan sus tarifas en un folleto y que dispongan de un tablón de anuncios en los estalecimientos abiertos al público, así como que las comunicaciones comerciales que hagan referencia al importe del crédito o indiquen el tipo de interés u otras cifras relacionadas con el coste del crédito, mencionen también la tasa anual equivalente (TAE), mediante un ejemplo representativo.
En el capítulo de la intermediación, la norma contempla similares cuestiones relacionadas con la transparencia sobre precios y costes. Además, estas entidades deberán indicar, en sus comunicaciones comerciales y en su publicidad, el alcance de sus funciones y representación, precisando, concretamente, si trabajan o no como intermediarios independientes.
Así, las empresas vinculadas a otras entidades no podrán percibir retribución alguna de sus clientes. Mientras que la empresas independientes sólo podrán percibir retribución cuando hayan pactado el importe de la remuneración.
Asimismo, los intermediarios independientes estarán obligados a seleccionar entre los productos que se ofrecen en el mercado los que mejor se adapten a las características que el consumidor les haya manifestado, presentándoles, al menos, tres ofertas vinculantes de entidades de crédito u otras empresas sobre cuyas condiciones jurídicas y económicas asesorará al consumidor.
Por último, se contempla específicamente el derecho de desistimiento en los contratos de intermediación, del que el consumidor disfrutará por un período de 14 días naturales tras la formalización del contrato.
Por otro lado, Vegara avanzó que, con el fin de reducir las cargas que la intervención pública supone sobre la actividad empresarial y los ciudadanos, se encuentra en marcha la trasposición de la Directiva de Servicios, que deberá impulsar un "gran proceso de simplificación de los trámites administrativos".
Así, se prevé que, a través de la ventanilla única, cualquier ciudadano podrá obtener la información y realizar las gestiones necesarias para la puesta en marcha de una actividad de servicios por vía telemática.
Por otro lado, la directiva, dijo, abre la oportunidad para las empresas españolas exportadoras de servicios, especialmente para las pymes, que tienen menor capacidad que las grandes empresas para adaptarse a los diferentes entornos regulatorios de los países de la UE.- (Agencias)
DOCUMENTACIÓN
David Vegara Figueras (Barcelona, 1966) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Economía por la London School of Economics and Political Sciencie. Como docente ha impartido clases de macroeconomía y economía financiera en las Universidades Pompeu Fabra, de Barcelona, y Complutense de Madrid. Comenzó su carrera profesional en 1992 en el Banco de Sabadell, pero un año después se integró en la estructura de la Presidencia del Gobierno, dónde llegó a ser asesor de Economía del presidente Felipe González. En esa etapa coincidió con el actual ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y con el ahora gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Ha desempeñado, dentro de la iniciativa privada, cargos ejecutivos en Ocejón y en el grupo de sociedades CIMD. También ha sido secretario general del Departamento de Sanidad de Cataluña. Desde abril de 2004 es secretario Estado de Hacienda.
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