ALMERÍA.- La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, aseguró hoy que el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar "no entra en conflicto" con los derechos reconocidos por el Tribunal Supremo (TS) a los propietarios de las fincas 'La Fabriquilla' y 'Marinas de Aguamarga' para la construcción de dos urbanizaciones de 15 y 48 hectáreas.
Coves matizó, no obstante, que la Junta de Andalucía es "consciente" de los citados derechos de los promotores de 150 viviendas y 350 viviendas y un hotel, respectivamente, por lo que no descartó el estudio de "compensaciones" por parte de la Administración autonómica.
Al hilo de esto, precisó que existe sintonía con el Ayuntamiento de Níjar (PP) y los propietarios de la finca de 'La Fabriquilla' de los que aseguró "parecen estar por labor" de no desarrollar la zona y trasladar el proyecto urbanístico a suelos fuera de los límites del parque natural.
Coves detalló en esta línea que "era el momento de abordar" la reclasificación de ambos terrenos para, de esta manera, actuar en conjunción con el Consistorio que --recordó-- tramita en estos momentos el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
El alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez, reveló en octubre que los técnicos municipales trabajan para "dar una solución viable" al conflicto de intereses que bloquea el nuevo planeamiento en la Junta de Andalucía pese a subrayar que la "intención" municipal era la de tramitar la ejecución de ambos proyectos.
Por otro lado, la Junta Local aprobaba el pasado día 6 de julio el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución AA-3A de Aguamarga, a instancias de la mercantil 'Marinas de Aguamarga', acuerdo que se publicó en BOP el pasado 18 de septiembre y supone el paso previo administrativo para concesión de la licencia de obra.
También en julio se iniciaba la tramitación por parte del Ayuntamiento de la construcción de 15 hectáreas en el paraje La Fabriquilla con el argumento --conjunto en ambos caso-- de que se ceñía a la ley al tratarse de suelo clasificado como urbanizable en las Normas Subsidiarias (NNSS).
'Marinas de Aguamarga', sobre la que la Comisión Europea mantiene abierto un expediente contra el Gobierno español a instancias del grupo de Los Verdes, cuenta con un sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en 2002, reconoció los derechos adquiridos por los propietarios para construir según una normativa municipal de 1987, previa a la declaración del parque natural de Cabo de Gata.
El promotor y constructor Federico Echevarría, que redactó las normas subsidiarias actuales del termino municipal de Níjar, prevé con este proyecto la construcción de 350 viviendas y un hotel de 300 sobre una superficie de 48 hectáreas sometida a hasta cuatro figuras legales de protección medioambiental: Parque Natural, Reserva de la Biosfera, zona Hábitat y ZEPA, otra directiva europea referida a las aves.
La urbanización de 'La Fabriquilla' está avalada, asimismo, por otra sentencia del Alto Tribunal de 1999 al constar la propiedad antes de la declaración del espacio protegido y en virtud de las NNSS en vigor en Níjar. En la actualidad, más del 50% de éstos tramitan la documentación para la redacción de los estatutos de la Junta de Compensación.- (Agencias)
Coves matizó, no obstante, que la Junta de Andalucía es "consciente" de los citados derechos de los promotores de 150 viviendas y 350 viviendas y un hotel, respectivamente, por lo que no descartó el estudio de "compensaciones" por parte de la Administración autonómica.
Al hilo de esto, precisó que existe sintonía con el Ayuntamiento de Níjar (PP) y los propietarios de la finca de 'La Fabriquilla' de los que aseguró "parecen estar por labor" de no desarrollar la zona y trasladar el proyecto urbanístico a suelos fuera de los límites del parque natural.
Coves detalló en esta línea que "era el momento de abordar" la reclasificación de ambos terrenos para, de esta manera, actuar en conjunción con el Consistorio que --recordó-- tramita en estos momentos el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
El alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez, reveló en octubre que los técnicos municipales trabajan para "dar una solución viable" al conflicto de intereses que bloquea el nuevo planeamiento en la Junta de Andalucía pese a subrayar que la "intención" municipal era la de tramitar la ejecución de ambos proyectos.
Por otro lado, la Junta Local aprobaba el pasado día 6 de julio el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución AA-3A de Aguamarga, a instancias de la mercantil 'Marinas de Aguamarga', acuerdo que se publicó en BOP el pasado 18 de septiembre y supone el paso previo administrativo para concesión de la licencia de obra.
También en julio se iniciaba la tramitación por parte del Ayuntamiento de la construcción de 15 hectáreas en el paraje La Fabriquilla con el argumento --conjunto en ambos caso-- de que se ceñía a la ley al tratarse de suelo clasificado como urbanizable en las Normas Subsidiarias (NNSS).
'Marinas de Aguamarga', sobre la que la Comisión Europea mantiene abierto un expediente contra el Gobierno español a instancias del grupo de Los Verdes, cuenta con un sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en 2002, reconoció los derechos adquiridos por los propietarios para construir según una normativa municipal de 1987, previa a la declaración del parque natural de Cabo de Gata.
El promotor y constructor Federico Echevarría, que redactó las normas subsidiarias actuales del termino municipal de Níjar, prevé con este proyecto la construcción de 350 viviendas y un hotel de 300 sobre una superficie de 48 hectáreas sometida a hasta cuatro figuras legales de protección medioambiental: Parque Natural, Reserva de la Biosfera, zona Hábitat y ZEPA, otra directiva europea referida a las aves.
La urbanización de 'La Fabriquilla' está avalada, asimismo, por otra sentencia del Alto Tribunal de 1999 al constar la propiedad antes de la declaración del espacio protegido y en virtud de las NNSS en vigor en Níjar. En la actualidad, más del 50% de éstos tramitan la documentación para la redacción de los estatutos de la Junta de Compensación.- (Agencias)
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