MADRID.- El Ejecutivo ha aprobado hoy la nueva normativa en defensa de los consumidores y usuarios, en la que se ha introducido terminología empleada en la legislación y las directivas comunitarias en esta materia, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad y Consumo.
El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) aprobado hoy por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, es uno de los proyectos normativos más ambiciosos en el área de Consumo, según el Ministerio.
Se trata de una propuesta conjunta de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Justicia, que refunde en un texto único la LGDCU y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios que inciden en los aspectos que regula dicha ley.
La normativa española se equipara a la comunitaria
El objetivo de la norma es aproximar la legislación nacional en la materia a la terminología empleada a nivel comunitario, aclarar conceptos o previsiones normativas confusas o discordantes entre las normas que se refunden, y adecuar la regulación a la sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de enero de 1989 dictada en los recursos de inconstitucionalidad promovidos por Cataluña, País Vasco y Galicia contra determinados preceptos de la LGDCU.
Esta regulación resultaba, además, obligada una vez que todas las Comunidades Autónomas han asumido competencias "de desarrollo legislativo y ejecución" en materia de defensa de los consumidores y usuarios en virtud de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.
Lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico
El Consejo de Ministros también ha autorizado al Ministerio del Interior la adquisición de dos aviones, con sus equipamientos correspondientes, para el Servicio Aéreo de la Guardia Civil y destinados a la lucha contra la inmigración ilegal, las redes mafiosas y el narcotráfico. Para ello, la Secretaría de Estado de Seguridad invertirá cincuenta millones de euros hasta 2009.
La adquisición de los aviones se llevará a cabo mediante un procedimiento negociado -la Administración adjudicará el contrato a la empresa con la que haya previamente negociado- sin publicidad, dado que, según ha explicado el Gobierno, afecta a intereses esenciales para la seguridad del Estado.
El Ejecutivo recuerda que en la actualidad, la única empresa que puede satisfacer las necesidades técnicas que requieren las aeronaves que se pretenden contratar es EADS-CASA.
La compra de dos aviones para el Servicio Aéreo de la Guardia Civil se enmarca "en el proceso de modernización y reforzamiento de los medios con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para realizar las labores de control fronterizo y de lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico".- (Agencias)
El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) aprobado hoy por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, es uno de los proyectos normativos más ambiciosos en el área de Consumo, según el Ministerio.
Se trata de una propuesta conjunta de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Justicia, que refunde en un texto único la LGDCU y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios que inciden en los aspectos que regula dicha ley.
La normativa española se equipara a la comunitaria
El objetivo de la norma es aproximar la legislación nacional en la materia a la terminología empleada a nivel comunitario, aclarar conceptos o previsiones normativas confusas o discordantes entre las normas que se refunden, y adecuar la regulación a la sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de enero de 1989 dictada en los recursos de inconstitucionalidad promovidos por Cataluña, País Vasco y Galicia contra determinados preceptos de la LGDCU.
Esta regulación resultaba, además, obligada una vez que todas las Comunidades Autónomas han asumido competencias "de desarrollo legislativo y ejecución" en materia de defensa de los consumidores y usuarios en virtud de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución.
Lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico
El Consejo de Ministros también ha autorizado al Ministerio del Interior la adquisición de dos aviones, con sus equipamientos correspondientes, para el Servicio Aéreo de la Guardia Civil y destinados a la lucha contra la inmigración ilegal, las redes mafiosas y el narcotráfico. Para ello, la Secretaría de Estado de Seguridad invertirá cincuenta millones de euros hasta 2009.
La adquisición de los aviones se llevará a cabo mediante un procedimiento negociado -la Administración adjudicará el contrato a la empresa con la que haya previamente negociado- sin publicidad, dado que, según ha explicado el Gobierno, afecta a intereses esenciales para la seguridad del Estado.
El Ejecutivo recuerda que en la actualidad, la única empresa que puede satisfacer las necesidades técnicas que requieren las aeronaves que se pretenden contratar es EADS-CASA.
La compra de dos aviones para el Servicio Aéreo de la Guardia Civil se enmarca "en el proceso de modernización y reforzamiento de los medios con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para realizar las labores de control fronterizo y de lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico".- (Agencias)
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