MADRID.- La Sección Segunda del Tribunal Supremo decidió hoy elevar al Pleno de lo Jurisdiccional de la Sala de lo Penal el debate sobre la reapertura o no del caso de las cesiones de crédito contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, otros tres directivos de la entidad y los 20 clientes que compraron el producto financiero comercializado en los años 80, según informaron fuentes del Alto Tribunal.La Sala Segunda, que tenía previsto debatir hoy la cuestión, concluyó, dada la "importancia" de la cuestión, elevarla al Pleno, por lo que serán los 15 magistrados que lo componen, en lugar de 5, los que estudien la reapertura de la causa, cuya fecha de celebración quedó pendiente de señalamiento.
De esta manera, será el Pleno de la Sala de lo Penal quien decida si fue procedente o no el archivo de la causa dictado en diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que determinó la imposibilidad de "abrir juicio oral sólo a instancias de la acusación popular", según el contenido del auto de resolución.
El Supremo aceptó tramitar el recurso de casación presentado por la acusación particular ejercida por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) -ligada a Rafael Pérez Escolar, condenado por el 'caso Banesto' que falleció el pasado mes de septiembre y conocido como por mantener alrededor de 30 pleitos contra Botín- después de que la Audiencia Nacional determinara que carecía de legitimidad para decretar la apertura de juicio oral. ADIC pedía 180 años de prisión para Botín.
La Fiscalía de la Audiencia, representada por el fiscal Vicente González Mota, pidió en 14 ocasiones el archivo de las actuaciones de los responsables de la entidad, mientras que la Abogacía del Estado se pronunció en los mismos términos en siete ocasiones.
La decisión del Supremo será determinante para fijar el papel de las acusaciones populares en los procesos judiciales que se tramiten por el procedimiento abreviado. El auto de la Audiencia Nacional rechazó abrir juicio oral a instancias de ADIC porque supondría que "cualquier ciudadano, perjudicado o no por el delito, puede por su propia voluntad presentar una acusación independientemente de los intereses del perjudicado y en contra del criterio del Fiscal".
La investigación del caso se alargó durante más de 10 años, durante los que la Audiencia Nacional ya archivó la causa por la presunta responsabilidad de Botín y los directivos del Santander Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso por posibles delitos de falsedad documental y mercantil.
Las cesiones de crédito fue un producto financiero comercializado por el Santander entre 1987 y 1989. La Fiscalía investigó más de 47.000 operaciones por un importe superior a los 2.596 millones de euros a través de las que los clientes podrían haber cometido un supuesto delito fiscal. - (Agencias)
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