MADRID.- El sistema de la Seguridad Social seguirá obteniendo superávit en la próxima década, pero entrará en déficit en 2029, situación que podrá ser neutralizada parcialmente por el Fondo de Reserva, que hacia 2027 contará con unas dotaciones equivalentes al 28% del PIB. Sin embargo, los sucesivos déficit del sistema irán reduciendo la 'hucha de las pensiones', que comenzará a ser negativa en 2043.
Así lo advierte el profesor Javier Alonso Meseguer en un artículo publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y en el que se precisa que el gasto en pensiones podría alcanzar el 14,48% del PIB en 2048, con un déficit del 4,19%. En 2060, la deuda podría ascender al 67% del PIB.
Estas proyecciones retrasan la entrada en déficit del sistema unos 15 años respecto a previsiones anteriores, pero, según Funcas, esto no evita que a largo plazo se observen problemas de financiación del sistema. Ello se debe a que los problemas estructurales que ya se hacían notar en las primeras proyecciones apenas han sufrido variaciones.
Dichos problemas, señala el profesor Alonso, tienen que ver con el envejecimiento de la población -España será unos de los países más envejecidos del mundo en 2050- y con el "exceso de generosidad" que existe en España a la hora de calcular la pensión.
Así, y según se afirma en este artículo, España, pese a tener una de las pensiones de jubilación más bajas, es uno de los países que paga las pensiones más generosas de toda la OCDE en relación con las aportaciones realizadas.
En concreto, precisa, la legislación española permite recibir una pensión que en media representa el 81,2% del último salario percibido, frente al 55,7% del promedio de la OCDE. "Si a esto le unimos que los españoles son de los que más tiempo pueden pasar cobrando una pensión de jubilación, debido a la mayor esperanza de vida y al recurso a las jubilaciones anticipadas, tenemos que nuestro sistema es uno de los más generosos de la OCDE", añade Alonso.
Para Funcas, la solución de estos problemas o retos que debe afrontar el sistema español requiere de reformas ambiciosas en la Seguridad Social, aunque sean "dolorosas", como por ejemplo la de aumentar el periodo de cotización prohibiendo las jubilaciones anticipadas y estimulando la prolongación de la vida laboral después de los 65 años.
En su opinión, y pese a que será uno de los países más afectados por el envejecimiento poblacional, en España se está abordando el proceso reformista con "lentitud y falta de ambición". Ello se debe al coste político que podría implicar una reforma de calado y también a la falta de información que tienen los ciudadanos sobre el sistema de pensiones, sus problemas y posibles soluciones.
En este sentido, el profesor Alonso cita varias encuestas en las que los españoles demuestran tener un alto grado de desconocimiento sobre el sistema de pensiones, frente a otros países como Italia, Francia y Alemania, donde sus ciudadanos parecen estar mejor informados y ser más conscientes de que deben producirse reformas. Las personas mejor informadas, generalmente con estudios superiores y mayor nivel de rentas, son las que más favorables se muestran a emprender reformas en el sistema.
En España, sólo el 25% de la población más rica, típicamente con estudios superiores, realiza aportaciones a planes y fondos de pensiones a título particular. Según Alonso, si no se realizan las reformas necesarias y las expectativas sobre las dificultades de financiación del sistema se cumplen a largo plazo, será la "población menos pudiente" la que tendrá mayores problemas en el futuro, "quizá porque no tienen una información adecuada en el presente".
Así, en el artículo se señala que de igual manera que tras los Pactos de La Moncloa los sucesivos gobiernos hicieron pedagogía para convencer a los ciudadanos de que había que pagar más impuestos para tener más servicios públicos, en el caso de las pensiones, el Gobierno debería informar a la población de que las nuevas circunstancias demográficas hacen necesario ahorrar más para la jubilación.- (Agencias)
Así lo advierte el profesor Javier Alonso Meseguer en un artículo publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y en el que se precisa que el gasto en pensiones podría alcanzar el 14,48% del PIB en 2048, con un déficit del 4,19%. En 2060, la deuda podría ascender al 67% del PIB.
Estas proyecciones retrasan la entrada en déficit del sistema unos 15 años respecto a previsiones anteriores, pero, según Funcas, esto no evita que a largo plazo se observen problemas de financiación del sistema. Ello se debe a que los problemas estructurales que ya se hacían notar en las primeras proyecciones apenas han sufrido variaciones.
Dichos problemas, señala el profesor Alonso, tienen que ver con el envejecimiento de la población -España será unos de los países más envejecidos del mundo en 2050- y con el "exceso de generosidad" que existe en España a la hora de calcular la pensión.
Así, y según se afirma en este artículo, España, pese a tener una de las pensiones de jubilación más bajas, es uno de los países que paga las pensiones más generosas de toda la OCDE en relación con las aportaciones realizadas.
En concreto, precisa, la legislación española permite recibir una pensión que en media representa el 81,2% del último salario percibido, frente al 55,7% del promedio de la OCDE. "Si a esto le unimos que los españoles son de los que más tiempo pueden pasar cobrando una pensión de jubilación, debido a la mayor esperanza de vida y al recurso a las jubilaciones anticipadas, tenemos que nuestro sistema es uno de los más generosos de la OCDE", añade Alonso.
Para Funcas, la solución de estos problemas o retos que debe afrontar el sistema español requiere de reformas ambiciosas en la Seguridad Social, aunque sean "dolorosas", como por ejemplo la de aumentar el periodo de cotización prohibiendo las jubilaciones anticipadas y estimulando la prolongación de la vida laboral después de los 65 años.
En su opinión, y pese a que será uno de los países más afectados por el envejecimiento poblacional, en España se está abordando el proceso reformista con "lentitud y falta de ambición". Ello se debe al coste político que podría implicar una reforma de calado y también a la falta de información que tienen los ciudadanos sobre el sistema de pensiones, sus problemas y posibles soluciones.
En este sentido, el profesor Alonso cita varias encuestas en las que los españoles demuestran tener un alto grado de desconocimiento sobre el sistema de pensiones, frente a otros países como Italia, Francia y Alemania, donde sus ciudadanos parecen estar mejor informados y ser más conscientes de que deben producirse reformas. Las personas mejor informadas, generalmente con estudios superiores y mayor nivel de rentas, son las que más favorables se muestran a emprender reformas en el sistema.
En España, sólo el 25% de la población más rica, típicamente con estudios superiores, realiza aportaciones a planes y fondos de pensiones a título particular. Según Alonso, si no se realizan las reformas necesarias y las expectativas sobre las dificultades de financiación del sistema se cumplen a largo plazo, será la "población menos pudiente" la que tendrá mayores problemas en el futuro, "quizá porque no tienen una información adecuada en el presente".
Así, en el artículo se señala que de igual manera que tras los Pactos de La Moncloa los sucesivos gobiernos hicieron pedagogía para convencer a los ciudadanos de que había que pagar más impuestos para tener más servicios públicos, en el caso de las pensiones, el Gobierno debería informar a la población de que las nuevas circunstancias demográficas hacen necesario ahorrar más para la jubilación.- (Agencias)
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