BRUSELAS.- Las cajas de ahorros españolas han concedido desde el año 2006 microcréditos a inmigrantes por valor de 50 millones y con un préstamo medio de 9.000 euros por persona, según indicó hoy la Confederación Española de Cajas de Ahorros, uno de cuyos directores generales adjunto, José Antonio Olavarrieta, presentó este lunes junto a la ONU un informe sobre el acceso a las finanzas como factor de desarrollo.
Según dijo en rueda de prensa Olavarrieta, los microcréditos son sólo un "instrumento" de lo que puede aportar el acceso de los ciudadanos a los servicios financieros, que, según dijo, "son importantes en los países en desarrollo", aunque también "en Europa y en España las cajas de ahorros ya todas hacen microcréditos".
Fuentes de la CECA precisaron posteriormente que desde principios de2006 y hasta el primer trimestre de este año las cajas -las únicas entidades financieras que los conceden en España-autorizaron a los inmigrantes microcréditos por valor de 50 millones de euros. La cantidad media prestada fue es de 9.000 euros.
Olavarrieta preside el Instituto Mundial de las Cajas de Ahorros (IMCA),autor de un informe sobre el acceso a las finanzas que presentó este lunes ante el Parlamento Europeo junto al asistente del secretario general de la ONU para desarrollo económico, Jomo Kwame Sundaram. Afirmó en rueda de prensa que "el principal problema es poder cubrir el acceso a las finanzas "por parte de los ciudadanos.
Olavarrieta firmó que se trata, por ejemplo, de "la financiación que necesitan los inmigrantes" y que no basta con que "los Gobiernos desarrollen los microcréditos", porque también "tiene que haber entidades financieras que los den".
Además de los microcréditos, las entidades financieras pueden ofrecer otros productos que también favorecen el desarrollo, como el envío de remesas por parte de los emigrantes desde su país de residencia al de origen. Kwame Sundaram afirmó que la ONU reconoce la importancia de las remesas y subrayó que en países como México, en América Central, Filipinas o India "tiene una importante contribución al desarrollo, mucho mayor que lo que se vincula a la ayuda al desarrollo".
No obstante, tanto el representante de la ONU como Olavaria advirtieron de los abusos que cometen organizaciones no reguladas que se dedican a transferir remesas y que, mediante el tipo de cambio de una moneda a otra, incrementan entre un 25 y un 26% la comisión de la operación.
Kwame Sundaram se refirió a la "continua amenaza de los sistemas privados ilícitos de transferencias" y Olavarrieta afirmó que las cajas de ahorros tiene un "gran potencial" en la trasferencia de remesas, teniendo en cuenta que del montante de unos 200.000 millones de dólares que alcanzan, sólo la mitad, 100.000 millones de dólares, se envía "por canales regulados".
Descartó que el problema de estas transferencias sean las comisiones que aplican las entidades financieras, entre las que ya existe competencia. "El problema no es ese. Está en la conversión de la moneda", dijo y denunció que "hemos detectado comisiones por encima del 25-26%, no la que se hace en el país de origen de la remesa, sino por el tipo de cambio".
"La Construcción de Sectores Financieros Inclusivos para el Desarrollo" es el título del informe que presentaron Olavarrieta y Kwame Sundaram ante el Parlamento Europeo y que es la contribución del IMCA al Año Internacional del Microcrédito 2005. A modo de guía para los gobiernos, analiza las circunstancias que conducen a importantes grupos de población, principalmente en países en desarrollo, a quedar excluidos del sistema financiero y ofrece los beneficios que éste puede aportar.
El documento afirma que "la meta general" de las finanzas incluyentes es que cuenten con "una política legítima, un marco legal y de reglamentación" e "instituciones financieras que ofrezcan productos y servicios apropiados a todos los segmentos de la población".
Asegura que "en todos los casos, las personas pobres y de bajos ingresos quieren servicios financieros que coincidan con sus necesidades para manejar mejor sus hogares y sus negocios". Sus requisitos son "prácticos y poco sorprendentes", como "servicios financieros convenientes, económicos, flexibles, permanentemente disponibles, confiables y seguros".
Para ello, debe darse, en primer lugar,"un acceso, a un coste razonable, de todos los hogares y empresas al rango de servicios financieros para los cuales son 'bancarizables', incluyendo ahorros, crédito, arrendamiento y factorización, hipotecas, seguros, pensiones, pagos y transferencias locales e internacionales". Asimismo, se espera que las "instituciones legítimas" con "sistemas apropiados de gestión interna", "normas de la industria" y reglamentación prudencial legítima".
El informe indica también que "la sostenibilidad financiera e institucional" es un medio para garantizar el acceso a los servicios financieros y apuesta por la existencia de múltiples proveedores para dar a los clientes "una amplia y rentable variedad de alternativas".
Por el contrario, el estudio se refiere a las características y circunstancias de tipo cultural, educativo y por supuesto económico que concurren en para obstaculizar el acceso de la población pobre a las entidades financieras.
"Las características personales y culturales de los clientes potenciales juegan un papel muy grande en darle forma -y a menudo en desanimar- al uso de servicios financieros por personas pobres y de bajos ingresos, al igual que la educación y la ubicación", asegura.
A esto se añade que "muchas personas no tienen tarjetas de identidad, certificados de nacimiento o archivos escritos que con frecuencia se requieren para demostrar quiénes son o para demostrar la propiedad de los activos", y subraya que esta "carencia de identidad legal a menudo afecta alas mujeres y a las minorías étnicas de una manera más directa.
También es un factor en contra una "alfabetización limitada, particularmente en el ámbito financiero, así como las dificultades que encuentran las "personas extremadamente pobres", que normalmente "no son económicamente activas", a la hora de acceder a servicios financieros" incluso cuando se personalizan para ellos".- (EP)
Según dijo en rueda de prensa Olavarrieta, los microcréditos son sólo un "instrumento" de lo que puede aportar el acceso de los ciudadanos a los servicios financieros, que, según dijo, "son importantes en los países en desarrollo", aunque también "en Europa y en España las cajas de ahorros ya todas hacen microcréditos".
Fuentes de la CECA precisaron posteriormente que desde principios de2006 y hasta el primer trimestre de este año las cajas -las únicas entidades financieras que los conceden en España-autorizaron a los inmigrantes microcréditos por valor de 50 millones de euros. La cantidad media prestada fue es de 9.000 euros.
Olavarrieta preside el Instituto Mundial de las Cajas de Ahorros (IMCA),autor de un informe sobre el acceso a las finanzas que presentó este lunes ante el Parlamento Europeo junto al asistente del secretario general de la ONU para desarrollo económico, Jomo Kwame Sundaram. Afirmó en rueda de prensa que "el principal problema es poder cubrir el acceso a las finanzas "por parte de los ciudadanos.
Olavarrieta firmó que se trata, por ejemplo, de "la financiación que necesitan los inmigrantes" y que no basta con que "los Gobiernos desarrollen los microcréditos", porque también "tiene que haber entidades financieras que los den".
Además de los microcréditos, las entidades financieras pueden ofrecer otros productos que también favorecen el desarrollo, como el envío de remesas por parte de los emigrantes desde su país de residencia al de origen. Kwame Sundaram afirmó que la ONU reconoce la importancia de las remesas y subrayó que en países como México, en América Central, Filipinas o India "tiene una importante contribución al desarrollo, mucho mayor que lo que se vincula a la ayuda al desarrollo".
No obstante, tanto el representante de la ONU como Olavaria advirtieron de los abusos que cometen organizaciones no reguladas que se dedican a transferir remesas y que, mediante el tipo de cambio de una moneda a otra, incrementan entre un 25 y un 26% la comisión de la operación.
Kwame Sundaram se refirió a la "continua amenaza de los sistemas privados ilícitos de transferencias" y Olavarrieta afirmó que las cajas de ahorros tiene un "gran potencial" en la trasferencia de remesas, teniendo en cuenta que del montante de unos 200.000 millones de dólares que alcanzan, sólo la mitad, 100.000 millones de dólares, se envía "por canales regulados".
Descartó que el problema de estas transferencias sean las comisiones que aplican las entidades financieras, entre las que ya existe competencia. "El problema no es ese. Está en la conversión de la moneda", dijo y denunció que "hemos detectado comisiones por encima del 25-26%, no la que se hace en el país de origen de la remesa, sino por el tipo de cambio".
"La Construcción de Sectores Financieros Inclusivos para el Desarrollo" es el título del informe que presentaron Olavarrieta y Kwame Sundaram ante el Parlamento Europeo y que es la contribución del IMCA al Año Internacional del Microcrédito 2005. A modo de guía para los gobiernos, analiza las circunstancias que conducen a importantes grupos de población, principalmente en países en desarrollo, a quedar excluidos del sistema financiero y ofrece los beneficios que éste puede aportar.
El documento afirma que "la meta general" de las finanzas incluyentes es que cuenten con "una política legítima, un marco legal y de reglamentación" e "instituciones financieras que ofrezcan productos y servicios apropiados a todos los segmentos de la población".
Asegura que "en todos los casos, las personas pobres y de bajos ingresos quieren servicios financieros que coincidan con sus necesidades para manejar mejor sus hogares y sus negocios". Sus requisitos son "prácticos y poco sorprendentes", como "servicios financieros convenientes, económicos, flexibles, permanentemente disponibles, confiables y seguros".
Para ello, debe darse, en primer lugar,"un acceso, a un coste razonable, de todos los hogares y empresas al rango de servicios financieros para los cuales son 'bancarizables', incluyendo ahorros, crédito, arrendamiento y factorización, hipotecas, seguros, pensiones, pagos y transferencias locales e internacionales". Asimismo, se espera que las "instituciones legítimas" con "sistemas apropiados de gestión interna", "normas de la industria" y reglamentación prudencial legítima".
El informe indica también que "la sostenibilidad financiera e institucional" es un medio para garantizar el acceso a los servicios financieros y apuesta por la existencia de múltiples proveedores para dar a los clientes "una amplia y rentable variedad de alternativas".
Por el contrario, el estudio se refiere a las características y circunstancias de tipo cultural, educativo y por supuesto económico que concurren en para obstaculizar el acceso de la población pobre a las entidades financieras.
"Las características personales y culturales de los clientes potenciales juegan un papel muy grande en darle forma -y a menudo en desanimar- al uso de servicios financieros por personas pobres y de bajos ingresos, al igual que la educación y la ubicación", asegura.
A esto se añade que "muchas personas no tienen tarjetas de identidad, certificados de nacimiento o archivos escritos que con frecuencia se requieren para demostrar quiénes son o para demostrar la propiedad de los activos", y subraya que esta "carencia de identidad legal a menudo afecta alas mujeres y a las minorías étnicas de una manera más directa.
También es un factor en contra una "alfabetización limitada, particularmente en el ámbito financiero, así como las dificultades que encuentran las "personas extremadamente pobres", que normalmente "no son económicamente activas", a la hora de acceder a servicios financieros" incluso cuando se personalizan para ellos".- (EP)
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