MADRID.- La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa es el resultado de dos años de trabajo de auditores externos encargados por el Ministerio de Medio Ambiente y este miércoles fue presentado ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano consultivo que agrupa a administraciones, expertos, ecologistas y agentes sociales. Su objetivo es tan ambicioso como complicado, un cambio de modelo en la gestión de la franja costera, el fin de los desmanes urbanísticos y restañar los daños ocasionados con construcciones ilegales e infraestructuras contra natura.
Propone demoliciones, compra pública de terrenos y un franja de exclusión de 500 metros desde la línea del oleaje. Eso sí, dejó claro que «han de ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados quienes ejecuten voluntariamente el plan porque la mayoría de las competencias son suyas».
El Gobierno estará detrás, apoyando con fondos y expertos, matizó la ministra.
«Nos jugamos mucho en términos ambientales y económicos», recordó la ministra de Medio Ambiente, que presidió la décima sesión del CAMA en esta legislatura. No le falta razón. Años de turismo playero masivo, la fiebre de las segundas residencias, la proliferación de puertos deportivos, espigones, etc, han acercado el cemento al borde mismo de la arena y más allá.
Además, existe la amenaza de la subida del nivel del mar por el cambio climático, perceptible ya, pero que en España podría llegar a los quince metros de media para el año 2050, según los estudios más rigurosos. En las próximas décadas, los casi 900 kilómetros de fachadas marítimas urbanas en el Mediterráneo, Andalucía occidental y los archipiélagos «están expuestos a sufrir daños significativos y crecientes por la acción del mar», subraya la Estrategia presentada.
Ése es el panorama y lo que se pretende es frenar la degradación natural e inducida, evitar el éxodo de turistas a países más vírgenes -la patronal del sector turístico costero ha advertido del riesgo- y, a la vez, devolver para el uso público la franja costera más próxima al agua.
España tiene 8.000 kilómetros de litoral y, de ellos, 600 han sido «transformados por obras artificiales», detalla la estrategia. El estudio se centra en el arco mediterráneo, el litoral atlántico andaluz y los dos archipiélagos, las zonas más degradadas. Para una segunda fase queda el retrato de la cornisa cantábrica y Galicia.
En algunas autonomías mediterráneas, más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial. Según el informe, un tercio de la costa del Mediterráneo requiere «restauración y/o mejora ambiental», y la mitad de los 1.000 kilómetros de playas y casi el 70% de los sistemas de dunas «necesita algún arreglo». Pese a todo, en la estrategia no se han anunciado medidas concretas que adoptar desde ya.
Narbona insistió en que corresponde actuar a comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ministerio de Medio Ambiente «colaborará para defender el litoral hasta donde haya acuerdos» y consenso, plasmado en convenios bilaterales con cada comunidad.
Además, la ministra recordó que los 500 metros de exclusión para nuevas construcciones desde la línea del oleaje es «una recomendación» que ya aplican algunas regiones, como Murcia, Cantabria, Asturias, o Cataluña y que «debería generalizarse».
El Ministerio de Medio Ambiente está convencido de que el deterioro del litoral español, especialmente en el Mediterráneo, ha llegado a tales límites que está en peligro «la propia subsistencia económica del modelo de desarrollo» basado en el turismo y el urbanismo. "La Estrategias para la Sostenibilidad de la Costa", pretende convertirse en el germen de un ambicioso proyecto para la recuperación del litoral.
El Gobierno cifra en 5.000 millones de euros la inversión necesaria y hace un llamamiento a la colaboración de comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales. En su informe, el Ministerio advierte de que la presión urbanística sobre la costa «ha degradado a gran velocidad» hábitat y ecosistemas. La transformación de las playas españolas en los últimos 50 años «ha supuesto el deterioro, y en muchos casos la pérdida definitiva, de valiosos espacios naturales».
El crecimiento urbanístico ha llevado «al desbordamiento de la capacidad de carga de la costa». Por eso, el Ministerio se pone el reto de «frenar la ocupación masiva» de la franja costera. «Si las previsiones de urbanización y ocupación de suelo se llevaran a cabo, la costa española triplicaría su población en los próximos decenios», advierte.
Medio Ambiente calcula que el 22% de la costa correspondiente a la cuenca del Segura, (Alicante y Región de Murcia) y a Andalucía Oriental es «artificial». Es decir, está afectada por puertos, playas modificadas que ya no respetan su fisionomía natural, espigones, etc. Según el informe, está urbanizado algo más del 30% del litoral en la zona de Murcia. Sin embargo, si se tienen en cuenta sólo las zonas de playas y costa baja, el porcentaje sube al 70%.
Para evitar el desastre, el Gobierno central llama a un cambio en el modelo de gestión de la costa. La «urgente necesidad» de actuar en el litoral se enfrenta a la realidad de una «gestión fragmentada» entre ayuntamientos, comunidades autónomas y administración del Estado. Por eso, se advierte de la «necesidad imperiosa de coordinación y cooperación».
«La gravedad de la situación», que se «acrecienta con el tiempo», exige «un cambio radical de paradigma». El Ministerio considera que el actual marco legislativo, que tiene como base la Ley de Costas del año 1988, «no ha sido suficiente». Por eso, propugna un cambio en las políticas. El fin último de este proceso es alcanzar «un nuevo modelo de desarrollo económico en ciertas zonas del litoral».
(Costa de Águilas, en el extremo sur de la Región de Murcia)
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