Zarrías confirma el recurso al TSJA "para agotar todas las vías" en contra de 440 viviendas en los acantilados almerienses

ALMERÍA.- El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, confirmó la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el auto dictado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Almería que valida la licencia municipal de obra concedida por el PP para 440 viviendas en los acantilados de Aguadulce (Roquetas de Mar).

En declaraciones a los periodistas en Almería, aseguró que desde la Administración autonómica "se entiende que es un lugar en el que no se debe edificar" de acuerdo al "ordenamiento jurídico y criterios de ordenación del territorio" por lo que subrayó la voluntad "de agotar todas las vías abiertas" en los tribunales".

Zarrías anunció, asimismo, que se incluirá en el recurso ante el TSJA la solicitud al juez de la adopción de medidas cautelares para "forzar entrecomillas" la paralización de la obra de urbanización y desmonte que acomete la mercantil Almeragua S.L. en el acceso Este a Aguadulce.

Matizó, no obstante, que los servicios jurídicos de la Junta "estudian esta posibilidad" después de que el mismo juzgado de lo contencioso administrativo desestimase en en octubre de 2006 la concesión de la citada medida cautelar al entender que no existía "prevalencia de un interés general de la Administración autonómica sobre el de la corporación local de Roquetas de Mar".

Al hilo de esto, Zarrías enfatizó que tendrá que ser el TSJA el que determine "de forma definitiva y sin capacidad de apelación" el recurso último de esos terrenos".

La Consejería de Obras Públicas interpuso recurso contencioso-administrativo contra el permiso concedido en pleno el día 10 de abril de 2006 para la construcción de locales, sótanos, garajes y 440 viviendas en los acantilados de Aguadulce al entender que el Plan Parcial se aprobó sin los preceptivos informes de la administración autonómica.

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía argumentaron, además, que el 60 por ciento de casas pasaron de ser plurifamiliares a unifamiliares y que el sistema general de espacios libre se había ubicado en zonas que calificó "de difícil uso".

Alegaba, además, incumplimiento de la Ley de Costas al invadir la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre pese a lo que el titular del juzgado número 2 de Almería, Jesús Rivera, alegó en su auto que la licencia municipal otorgada en abril de 2006 no consta que fuese impugnada en aquel momento por la Junta de Andalucía por lo que, según subraya, no tendría sentido la impugnación del acto.- (Agencias)