El botinazo / José Luis Mazón Costa*

Entre las fechas memorables de la Justicia española habrá que ubicar el lunes 3 de diciembre de 2007 como día de la victoria del poderío económico y financiero sobre la independencia del Poder Judicial.

Me refiero al 'caso Botín', un asuntillo de apenas unas 47.000 operaciones opacas al fisco, que dio lugar a no sé cuantos delitos fiscales y de otro tipo, instruidos a instancias de acusadores populares por la valiente juez Teresa Palacios y unos jueces de apelación no menos valientes y honestos que confirmaban la labor de esa magistrada independiente, y que llevó al banquillo al todopoderoso y amo de las Españas, ya de izquierdas o de derechas, que en eso ambos bandos coinciden, don Emilio, Botín para más señas.

En el fatídico 3 de diciembre, la independencia judicial, que ahora y de momento en paz descansa, fue abatida cuando la Sala Penal del Supremo compuesta por catorce hombres, por nueve votos a favor y cinco en contra decidió santificar el 'carpetazo' que el famoso juez escalador Gómez Bermúdez había dado al proceso de las cesiones de crédito, un caso de libro donde la Fiscalía, mostrando su lado más lacayo del Gobierno de turno, defendía al presunto delincuente y la abogacía del Estado, defensora teórica del interés general, se pasaba al bando contrario y apoyaba el interés particular del principal acusado porque ¿quien dijo que por más ilícitos punibles que cometiera Botín habría fuero judicial capaz de juzgarle?

Y tras la resolución del Supremo ¿que se puede hacer? Queda todavía un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque sin duda se ha lesionado el derecho a la justicia de la acusación popular a la que con rebuscados y artificiosos argumentos se le ha negado legitimación para acusar o llevar a juicio a un acusado si no lo hace también el fiscal o el perjudicado (la Hacienda Pública, que en este caso por boca de su representante oficial la Abogacía del Estado, favorece igualmente al acusado).

Desde luego que si el Constitucional funciona como debe, Botín se sentará en el banquillo y tal vez, sin la presencia de su juez salvador Gómez Bermúdez, que para entonces puede estar destronado de su actual presidencia de la Sala, salga condenado como los hechos merecen.

El acusador de Botín ha sido principalmente el abogado y ex juez, recientemente fallecido, Rafael Pérez Escolar, a quien conocí allá por el año 2000 cuando le acababan de condenar por el caso Banesto (otro proceso de esos 'para entallar en bronce', nacidos más que nada de las necesidades de la 'alta política' de quitar de en medio a un potencial rival político como lo era en 1993 el entonces popularísimo presidente del Banesto Mario Conde);

Pérez Escolar consagró parte o buena parte de su patrimonio y sus energías en estos últimos catorce años a combatir a Botín en todos los frentes jurídicos y bancarios. Gastó ingentes sumas en pagar abogados, peritos, y gastos procesales varios ("llevo una economía de guerra" solía decir), sólo para que se le hiciera justicia al más poderoso personaje de la España de nuestro tiempo que él consideraba (y creo que no sin razón) el responsable del proceso penal Banesto que llevó a la cárcel a Pérez Escolar en el 2002.

Al viejo abogado Pérez Escolar le tuve de cliente, amigo y contertulio, pues esa faceta suya de caballero andante de la Justicia y la mía de abogado amigo de luchar contra los gigantes de la soberbia, nos unía, creaba una simpatía mutua y hasta una relación de consejo.

En abril de 2007 tuve mi última entrevista con él, nos reunimos a comer en un restaurante próximo a su despacho de la calle Marqués de Riscal de Madrid. Escolar me dijo que Botín le había enviado un emisario para cerrar un acuerdo; le había ofrecido a través de este mensajero dinero para poner fin a los procesos y acciones, pero Pérez Escolar dijo que a sus años (80) por sólo dinero no había acuerdo y que exigía un acto de reconocimiento por escrito, asunto que al parecer excedía de la capacidad de cesión de Botín.

En septiembre murió Pérez Escolar, y su familia, fiel a la voluntad del difunto, decidió continuar las causas emprendidas por él, entre las cuales está como más descollante esta de las cesiones de crédito que el Supremo ha archivado por esos nueve votos contra cinco.

Según me ha contado una fuente para mí de confianza, uno de los magistrados de los nueve a favor del archivo se quedó rezagado al salir de la Sala e hizo una llamada de móvil y le dijo a su interlocutor: "Todo ha ido bien, ha salido todo muy bien". Es evidente que el interlocutor de este magistrado, diligente comunicador, tendría algo que ver con quien había ganado la votación, es decir, con el insigne, el todopoderoso e intocable don Emilio.

Y es que un acusado presunto delincuente que goza de los insólitos apoyos del Fiscal General, del presidente del Gobierno (este de ahora y los anteriores) y hasta del líder de la oposición tiene una poderosísima e inigualable capacidad de negociación.

Si nuestro Estado de Derecho fuera realmente fuerte, el asunto de las cesiones llevaría, como efecto lateral, a la inhabilitación a fiscales generales y de a pie, abogados del Estado y a alguno o varios presidentes de Gobierno que han torcido las obligaciones del cargo para favorecer a este potentado y 'Grande' de las Españas. Pero estas corrupciones tienen lugar porque los propiciadores saben que el Estado de Derecho es débil y que, por el momento, deja impune estas conductas tan dañinas para los bienes y fines públicos.

Lo dicho, el 3 de diciembre ha de pasar a aniversario de la derrota de la independencia judicial. Y del suicidio moral de la Sala Penal del Supremo, de cuyos catorce miembros parece que nueve tienen un débil espíritu de servicio al Derecho y que, por tanto y en justicia, deberían de ser renovados en pro de una Justicia correcta, que es tanto como decir sana y legal, algo que demostradamente no hemos tenido en este asuntillo de las cesiones botinescas.

* Abogado