MADRID.- El Congreso de los Diputados ha aprobado un informe en el que alerta sobre la baja competitividad y el aumento de la deslocalización de empresas en España, que sirve como colofón a la labor de un grupo de trabajo que ha seguido esta problemática durante toda la legislatura desde la comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Según sus conclusiones, en casi una quinta parte del sector industrial nacional se han perdido uno de cada diez empleos. Para el Gobierno, que también ha colaborado en el estudio, esas cifras se traducen en una media anual de 1.600 millones de euros expatriados y 3.500 puestos de trabajo destruidos.
El estudio, impulsado desde CiU y aprobado por todos los grupos parlamentarios, pretende servir de hoja de ruta a las administraciones públicas y los sectores económicos, al aportar «un marco de actuación» para afrontar dicha problemática con realismo y eficacia.
Así, propone que se refuercen a medio y largo plazo los incentivos impositivos a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i), se haga un seguimiento «constante» de la situación de la fiscalidad española en términos de competencia con la de otros países, y aumenten las acciones de «reindustrialización y reconversión» en las zonas afectadas por la deslocalización (favoreciendo las recolocaciones de excedentes).
También se prevé la creación de un observatorio de la internacionalización de las empresas españolas, que podrá «adelantar medidas y actuaciones preventivas». Además, se propone liberalizar los mercados, mejorar la licitación pública y la inversión en la red de infraestructuras de transportes, y reformar la organización exterior de la Administración para poner a sus funcionarios y diplomáticos «al servicio de los operadores económicos, a fin de que funcionen como agentes comerciales y ayuden a la expansión eficaz de las empresas».
Entre 1995 y 2005, según los datos aportados a la subcomisión por el Ministerio de Industria, un total de 113.289 millones de euros salieron de España, dos tercios dentro de la industria manufacturera, la más sensible a este tipo de movimientos. Dentro de ella, más del 66% de los fondos «huidos» correspondieron a los sectores químico, extractivo y de refino de petróleo, alimentación y fabricación de productos minerales no metálicos.
Sin embargo, en el departamento dirigido por Joan Clos albergan «dudas» sobre los efectos reales que estas operaciones producen sobre el empleo y la producción nacional.
Tras un análisis más pormenorizado, los técnicos de Industria sólo observaron retrocesos simultáneos en la ocupación y la cifra de negocio en dos sectores: máquinas de oficina y equipos informáticos y, en menor medida, cuero y calzado.- (Agencias)
Según sus conclusiones, en casi una quinta parte del sector industrial nacional se han perdido uno de cada diez empleos. Para el Gobierno, que también ha colaborado en el estudio, esas cifras se traducen en una media anual de 1.600 millones de euros expatriados y 3.500 puestos de trabajo destruidos.
El estudio, impulsado desde CiU y aprobado por todos los grupos parlamentarios, pretende servir de hoja de ruta a las administraciones públicas y los sectores económicos, al aportar «un marco de actuación» para afrontar dicha problemática con realismo y eficacia.
Así, propone que se refuercen a medio y largo plazo los incentivos impositivos a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i), se haga un seguimiento «constante» de la situación de la fiscalidad española en términos de competencia con la de otros países, y aumenten las acciones de «reindustrialización y reconversión» en las zonas afectadas por la deslocalización (favoreciendo las recolocaciones de excedentes).
También se prevé la creación de un observatorio de la internacionalización de las empresas españolas, que podrá «adelantar medidas y actuaciones preventivas». Además, se propone liberalizar los mercados, mejorar la licitación pública y la inversión en la red de infraestructuras de transportes, y reformar la organización exterior de la Administración para poner a sus funcionarios y diplomáticos «al servicio de los operadores económicos, a fin de que funcionen como agentes comerciales y ayuden a la expansión eficaz de las empresas».
Entre 1995 y 2005, según los datos aportados a la subcomisión por el Ministerio de Industria, un total de 113.289 millones de euros salieron de España, dos tercios dentro de la industria manufacturera, la más sensible a este tipo de movimientos. Dentro de ella, más del 66% de los fondos «huidos» correspondieron a los sectores químico, extractivo y de refino de petróleo, alimentación y fabricación de productos minerales no metálicos.
Sin embargo, en el departamento dirigido por Joan Clos albergan «dudas» sobre los efectos reales que estas operaciones producen sobre el empleo y la producción nacional.
Tras un análisis más pormenorizado, los técnicos de Industria sólo observaron retrocesos simultáneos en la ocupación y la cifra de negocio en dos sectores: máquinas de oficina y equipos informáticos y, en menor medida, cuero y calzado.- (Agencias)
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