PALMA.- El proyecto de ley de actuaciones urgentes para conseguir suelo donde construir vivienda de protección oficial (VPO) aprobado hoy por el Consell de Govern incluye la posibilidad de que los Consells y Ayuntamientos se opongan a un determinado proyecto de urbanización mediante un informe negativo, que será vinculante.
El presidente del Govern, Francesc Antich, y el conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, explicaron que, en caso de que las Instituciones Insulares o los Consistorios deseen oponerse a alguna de las propuestas del Ejecutivo, éstas deberán ser "reanalizadas".
Además, Carbonero aseguró que, aunque el proyecto de ley altera las previsiones de los planes territoriales insulares (PTI) en algunos aspectos, "no será necesario tramitar una modificación" de los mismos.
En cuanto a las áreas de suelo rústico de transición, Antich aclaró que todas las ofertas de los propietarios de todo tipo de suelo --urbano, urbanizable y rústico de transición-- participarán en un único concurso público, si bien los dos primeros tipo recibirán una mayor valoración, con el objetivo de priorizar la construcción en estas áreas.
"La ley prioriza urbano y urbanizable pero si no se presentaran propuestas solventes y efectivas, hay la posibilidad de acudir a suelo de transición siempre que esté ligado a las tramas urbanas existentes", advirtió.
El proyecto de ley, subrayó Carbonero, pretende conseguir en un plazo de cuatro años la construcción de 5.000 viviendas de protección pública, con un precio reducido de entre 90.000 y 100.000 euros las que correspondan a la opción de compra y de entre 200 y 300 euros las que se oferten en régimen de alquiler. "El objetivo es permitir el acceso a la vivienda a quien no tiene posibilidad. Que nadie se engañe. No se trata de hacer otras cosas", aseveró.
Para ello, el Govern abrirá una convocatoria pública para que los propietarios de suelo calificado como urbano, urbanizable o como rústico de transición presenten su ofertas, siempre que se encuentren en municipios de más de 10.000 habitantes. Una vez valoradas las distintas propuestas --priorizando los suelos no calificados como rústico--, se establecerá unas delimitaciones de áreas estratégicas de suelo.
Para la delimitación de éstas áreas será necesario contar con un informe previo del consell insular y el ayuntamiento respectivo, que será vinculante. Después se redactará una norma subsidiaria complementaria para cada municipio donde está delimitada un área estratégica de de suelo y se incorporará al planeamiento de desarrollo. De este modo, una vez redactada esta norma se podrá iniciar de manera "inmediata y urgente" las obras de urbanización.
El conseller apuntó que las obras irán destinadas a conseguir un modelo "compacto" --con densidades que permitan viviendas plurifamiliares y que superen el modelo de crecimiento expansivo--, "cohesionado" --mezcla social, con viviendas públicas y libres--, y "sostenible" --con criterios de sostenibilidad ambiental--.
Finalmente, con los terrenos ya urbanizados, se edificarán las viviendas que serán en un 50 por ciento VPO y en otro 50 por ciento vivienda libre. En cuanto a las densidades, para Palma se establece hasta 75 viviendas por hectárea y a partir de ahí, de manera escalonada, se asignan distintas densidades de manera escalonada a cada municipio en función de su población, hasta las 40 viviendas por hectárea.
"La solución para lograr una vivienda digna para todos es que que haya vivienda a precio asequible. Que la vivienda protegida no sean una anécdota, sino la solución, y para ello necesitamos que haya suelo disponible a unos precios de repercusión que permitan construir", declaró.
El presidente del Ejecutivo balear aclaró que, si bien no se recibirá ninguna oferta formalmente hasta que se abra el plazo, sí que se han producido ofrecimientos de propietarios de suelo para participar en esta iniciativa. "Dado que el mundo de la construcción no atraviesa su mejor momento, es normal y lógico que haya quien se interese por saber cuál será la política de vivienda del Govern", afirmó.
En cuanto a la principal crítica vertida desde la opción al proyecto del Govern, la decisión de incluir el suelo rústico de transición entre las zonas edificables, Antich remarcó que la tramitación parlamentaria de la ley servirá para debatir posible aportaciones y mejoras, sin perder de vista el objetivo final que es poner en marcha medidas efectivas que faciliten el acceso a la vivienda.
"Estoy dispuesto a llegar a todo tipo de acuerdos e intentar acercar el máximo de posturas, siempre y cuando creemos fórmulas adecuadas. Debemos pasar de los discursos a los hechos. Llevamos demasiados años haciendo discurso sobre vivienda y nos mantenemos en el furgón de cola de creación de VPO", dijo.
Reiteró su disposición a tener con el PP "debates y reuniones" para mejorar el proyecto, "siempre que haya una alternativa creíble y real para dar solución al problema". "Mi mano está extendida si alguien me demuestra que hay otra manera de poner 5.000 viviendas a precio asequible en el mercado", añadió.
Asimismo, el presidente se mostró "molesto" por el engaño que --lamentó-- intenta transmitir el PP. "Cuando dicen que construiremos en rústico parece que queramos ir a construir bajo el Puig de Santa Magdalena y no es eso. Nadie debería intentar confundir a la gente con este tema. La plaza de España también fue rústico un día. Nosotros no haremos ninguna vivienda en rústico; en todo caso y como última opción, recalificaremos unos terrenos para que sean urbanizables", aclaró.
Finalmente, Carbonero se refirió a la compensación con suelo público que el Ayuntamiento de Palma debería realizar al IBAVI, como contraprestación a los terrenos cedidos a Cort por el Govern para el proyecto de la Fachada Marítima. "Hay contacto permanente, pero no fácil porque el PP en Cort vendió todo el suelo municipal. La ley prevé maneras de dar apoyo a las acciones de vivienda que puedan desarrollar los ayuntamientos", concluyó.- (EP)
El presidente del Govern, Francesc Antich, y el conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, explicaron que, en caso de que las Instituciones Insulares o los Consistorios deseen oponerse a alguna de las propuestas del Ejecutivo, éstas deberán ser "reanalizadas".
Además, Carbonero aseguró que, aunque el proyecto de ley altera las previsiones de los planes territoriales insulares (PTI) en algunos aspectos, "no será necesario tramitar una modificación" de los mismos.
En cuanto a las áreas de suelo rústico de transición, Antich aclaró que todas las ofertas de los propietarios de todo tipo de suelo --urbano, urbanizable y rústico de transición-- participarán en un único concurso público, si bien los dos primeros tipo recibirán una mayor valoración, con el objetivo de priorizar la construcción en estas áreas.
"La ley prioriza urbano y urbanizable pero si no se presentaran propuestas solventes y efectivas, hay la posibilidad de acudir a suelo de transición siempre que esté ligado a las tramas urbanas existentes", advirtió.
El proyecto de ley, subrayó Carbonero, pretende conseguir en un plazo de cuatro años la construcción de 5.000 viviendas de protección pública, con un precio reducido de entre 90.000 y 100.000 euros las que correspondan a la opción de compra y de entre 200 y 300 euros las que se oferten en régimen de alquiler. "El objetivo es permitir el acceso a la vivienda a quien no tiene posibilidad. Que nadie se engañe. No se trata de hacer otras cosas", aseveró.
Para ello, el Govern abrirá una convocatoria pública para que los propietarios de suelo calificado como urbano, urbanizable o como rústico de transición presenten su ofertas, siempre que se encuentren en municipios de más de 10.000 habitantes. Una vez valoradas las distintas propuestas --priorizando los suelos no calificados como rústico--, se establecerá unas delimitaciones de áreas estratégicas de suelo.
Para la delimitación de éstas áreas será necesario contar con un informe previo del consell insular y el ayuntamiento respectivo, que será vinculante. Después se redactará una norma subsidiaria complementaria para cada municipio donde está delimitada un área estratégica de de suelo y se incorporará al planeamiento de desarrollo. De este modo, una vez redactada esta norma se podrá iniciar de manera "inmediata y urgente" las obras de urbanización.
El conseller apuntó que las obras irán destinadas a conseguir un modelo "compacto" --con densidades que permitan viviendas plurifamiliares y que superen el modelo de crecimiento expansivo--, "cohesionado" --mezcla social, con viviendas públicas y libres--, y "sostenible" --con criterios de sostenibilidad ambiental--.
Finalmente, con los terrenos ya urbanizados, se edificarán las viviendas que serán en un 50 por ciento VPO y en otro 50 por ciento vivienda libre. En cuanto a las densidades, para Palma se establece hasta 75 viviendas por hectárea y a partir de ahí, de manera escalonada, se asignan distintas densidades de manera escalonada a cada municipio en función de su población, hasta las 40 viviendas por hectárea.
"La solución para lograr una vivienda digna para todos es que que haya vivienda a precio asequible. Que la vivienda protegida no sean una anécdota, sino la solución, y para ello necesitamos que haya suelo disponible a unos precios de repercusión que permitan construir", declaró.
El presidente del Ejecutivo balear aclaró que, si bien no se recibirá ninguna oferta formalmente hasta que se abra el plazo, sí que se han producido ofrecimientos de propietarios de suelo para participar en esta iniciativa. "Dado que el mundo de la construcción no atraviesa su mejor momento, es normal y lógico que haya quien se interese por saber cuál será la política de vivienda del Govern", afirmó.
En cuanto a la principal crítica vertida desde la opción al proyecto del Govern, la decisión de incluir el suelo rústico de transición entre las zonas edificables, Antich remarcó que la tramitación parlamentaria de la ley servirá para debatir posible aportaciones y mejoras, sin perder de vista el objetivo final que es poner en marcha medidas efectivas que faciliten el acceso a la vivienda.
"Estoy dispuesto a llegar a todo tipo de acuerdos e intentar acercar el máximo de posturas, siempre y cuando creemos fórmulas adecuadas. Debemos pasar de los discursos a los hechos. Llevamos demasiados años haciendo discurso sobre vivienda y nos mantenemos en el furgón de cola de creación de VPO", dijo.
Reiteró su disposición a tener con el PP "debates y reuniones" para mejorar el proyecto, "siempre que haya una alternativa creíble y real para dar solución al problema". "Mi mano está extendida si alguien me demuestra que hay otra manera de poner 5.000 viviendas a precio asequible en el mercado", añadió.
Asimismo, el presidente se mostró "molesto" por el engaño que --lamentó-- intenta transmitir el PP. "Cuando dicen que construiremos en rústico parece que queramos ir a construir bajo el Puig de Santa Magdalena y no es eso. Nadie debería intentar confundir a la gente con este tema. La plaza de España también fue rústico un día. Nosotros no haremos ninguna vivienda en rústico; en todo caso y como última opción, recalificaremos unos terrenos para que sean urbanizables", aclaró.
Finalmente, Carbonero se refirió a la compensación con suelo público que el Ayuntamiento de Palma debería realizar al IBAVI, como contraprestación a los terrenos cedidos a Cort por el Govern para el proyecto de la Fachada Marítima. "Hay contacto permanente, pero no fácil porque el PP en Cort vendió todo el suelo municipal. La ley prevé maneras de dar apoyo a las acciones de vivienda que puedan desarrollar los ayuntamientos", concluyó.- (EP)
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