La presión fiscal en España se situó en 2005, incluyendo todos los impuestos, en un 35,6% del PIB, según datos de Eurostat. La media entre 1995 y 2005 fue del 33,7%. Quiere decirse que la presión fiscal que soportamos los españoles en 2005 fue 4,3 puntos inferior a la media de los países europeos del área euro (39,9%) y que en los últimos diez años ha sido inferior en 6,8 puntos a esa media (40.5%). Incluso si se tiene en cuenta la UE en su conjunto, incluidos los nuevos socios, España queda muy por debajo de esa media.
¿Qué motivos hay para que el Partido Socialista y el PP hayan entrado en esta campaña electoral en una clara competencia a la hora de prometer una reducción de esa presión fiscal? Es quizás comprensible que el PP haya optado por una línea ultraliberal, según la cual hay que devolver el dinero a los ciudadanos para que ellos mismos paguen directamente sus servicios y resuelvan sus problemas. Se trata de instalar en amplios sectores de la sociedad la idea de que puede sacar beneficios de la privatización de lo público. El caso más evidente sería el de la educación: el informe PISA detecta las deficiencias del sistema educativo español, pero los ciudadanos no reaccionan reclamando su rápida mejora, probablemente porque un sector importante cree que, en el caso de sus propios hijos, puede resolver ese problema de forma privada. Esos mismos resultados en un país como Finlandia, en el que los ciudadanos valoran al máximo los bienes públicos y consideran la educación como uno de ellos, habría hecho caer a un Gobierno tras otro.
La privatización de lo público es una idea muy potente, que se está abriendo camino en medio mundo, de la mano de los grandes grupos de pensamiento norteamericanos. Lo que no se entiende es por qué el PSOE entra en ese juego. Como diría el tan citado sociólogo Lakoff, la gran victoria de esa línea de pensamiento es lograr que se instale la idea de los impuestos como algo que debe ser reducido, o incluso eliminado, para que la economía pueda funcionar mejor.
Pero esa, dice Lakoff, es una seña de identidad de la derecha, no de la izquierda, y parece que los electores no votan tanto pensando en su bolsillo como en su identidad. La apelación a suprimir impuestos no sirve para acentuar la identidad de un partido de izquierda, sino para privarle de ella. Por eso resulta tan curioso que José Luis Rodríguez Zapatero, que ha leído tanto a Lakoff y que se rodea de grandes expertos internacionales, haga luego lo contrario de lo que predican esos asesores y renuncie a tener señas de identidad en lo económico. Y si no, que le pregunten al premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, quien probablemente esté tan boquiabierto como parte del PSOE ante el anuncio del presidente del Gobierno de que, si gana, piensa suprimir el impuesto sobre el patrimonio.
Es muy probable que ese impuesto, que no ha sido actualizado en muchos años (lo que ya demuestra una determinada voluntad política), necesitara una importante reconfiguración. Seguramente no debería afectar a ciudadanos cuyo único patrimonio es un piso. Pero una cosa es cambiar el tipo del impuesto, y otra suprimirlo, elevar a categoría la idea de que los patrimonios no tienen por qué tributar y, lo que es todavía más preocupante, la idea de que las cosas funcionan mejor con menos impuestos. Sobre todo, con menos impuestos directos, porque de los indirectos, los que gravan a todo el mundo por igual en su consumo, nadie parecen acordarse.
La promesa, hecha muy coherentemente en un foro tan liberal como el convocado por la magnifica revista The Economist, llena de melancolía a quienes llevan años peleando en la izquierda para demostrar que las economías más prósperas no son, en absoluto, las que tienen un sistema fiscal más escuálido. Las estadísticas indican que los países campeones en competitividad no son los que carecen de grandes sectores públicos, sino todo lo contrario. Sin Estado fuerte no hay inversión pública y sin inversión pública no hay auténtica prosperidad, predican los economistas empeñados en dar un contenido serio, solvente y de izquierda, a la política económica.
España es un país que ha mejorado extraordinariamente en los últimos treinta años en todos los índices de valoración internacional. Pero también es un país que sigue teniendo un mal rendimiento educativo, con pensiones muy bajas (las que reciben las viudas son indignas), con una renta per cápita todavía por debajo de la media comunitaria y con una dotación tecnológica claramente insuficiente. Muchos ciudadanos tenemos dudas de que la mejora de todo esto no tenga nada que ver con los impuestos que pagamos. ¿De verdad alguien cree que una de las grandes reclamaciones de los españoles en estos momentos es una rebaja de impuestos? ¿Y que vamos a votar en mayor número si se nos promete la desaparición del impuesto sobre el patrimonio?
¿Qué motivos hay para que el Partido Socialista y el PP hayan entrado en esta campaña electoral en una clara competencia a la hora de prometer una reducción de esa presión fiscal? Es quizás comprensible que el PP haya optado por una línea ultraliberal, según la cual hay que devolver el dinero a los ciudadanos para que ellos mismos paguen directamente sus servicios y resuelvan sus problemas. Se trata de instalar en amplios sectores de la sociedad la idea de que puede sacar beneficios de la privatización de lo público. El caso más evidente sería el de la educación: el informe PISA detecta las deficiencias del sistema educativo español, pero los ciudadanos no reaccionan reclamando su rápida mejora, probablemente porque un sector importante cree que, en el caso de sus propios hijos, puede resolver ese problema de forma privada. Esos mismos resultados en un país como Finlandia, en el que los ciudadanos valoran al máximo los bienes públicos y consideran la educación como uno de ellos, habría hecho caer a un Gobierno tras otro.
La privatización de lo público es una idea muy potente, que se está abriendo camino en medio mundo, de la mano de los grandes grupos de pensamiento norteamericanos. Lo que no se entiende es por qué el PSOE entra en ese juego. Como diría el tan citado sociólogo Lakoff, la gran victoria de esa línea de pensamiento es lograr que se instale la idea de los impuestos como algo que debe ser reducido, o incluso eliminado, para que la economía pueda funcionar mejor.
Pero esa, dice Lakoff, es una seña de identidad de la derecha, no de la izquierda, y parece que los electores no votan tanto pensando en su bolsillo como en su identidad. La apelación a suprimir impuestos no sirve para acentuar la identidad de un partido de izquierda, sino para privarle de ella. Por eso resulta tan curioso que José Luis Rodríguez Zapatero, que ha leído tanto a Lakoff y que se rodea de grandes expertos internacionales, haga luego lo contrario de lo que predican esos asesores y renuncie a tener señas de identidad en lo económico. Y si no, que le pregunten al premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, quien probablemente esté tan boquiabierto como parte del PSOE ante el anuncio del presidente del Gobierno de que, si gana, piensa suprimir el impuesto sobre el patrimonio.
Es muy probable que ese impuesto, que no ha sido actualizado en muchos años (lo que ya demuestra una determinada voluntad política), necesitara una importante reconfiguración. Seguramente no debería afectar a ciudadanos cuyo único patrimonio es un piso. Pero una cosa es cambiar el tipo del impuesto, y otra suprimirlo, elevar a categoría la idea de que los patrimonios no tienen por qué tributar y, lo que es todavía más preocupante, la idea de que las cosas funcionan mejor con menos impuestos. Sobre todo, con menos impuestos directos, porque de los indirectos, los que gravan a todo el mundo por igual en su consumo, nadie parecen acordarse.
La promesa, hecha muy coherentemente en un foro tan liberal como el convocado por la magnifica revista The Economist, llena de melancolía a quienes llevan años peleando en la izquierda para demostrar que las economías más prósperas no son, en absoluto, las que tienen un sistema fiscal más escuálido. Las estadísticas indican que los países campeones en competitividad no son los que carecen de grandes sectores públicos, sino todo lo contrario. Sin Estado fuerte no hay inversión pública y sin inversión pública no hay auténtica prosperidad, predican los economistas empeñados en dar un contenido serio, solvente y de izquierda, a la política económica.
España es un país que ha mejorado extraordinariamente en los últimos treinta años en todos los índices de valoración internacional. Pero también es un país que sigue teniendo un mal rendimiento educativo, con pensiones muy bajas (las que reciben las viudas son indignas), con una renta per cápita todavía por debajo de la media comunitaria y con una dotación tecnológica claramente insuficiente. Muchos ciudadanos tenemos dudas de que la mejora de todo esto no tenga nada que ver con los impuestos que pagamos. ¿De verdad alguien cree que una de las grandes reclamaciones de los españoles en estos momentos es una rebaja de impuestos? ¿Y que vamos a votar en mayor número si se nos promete la desaparición del impuesto sobre el patrimonio?
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