Los tiempos económicos no suelen coincidir con los tiempos políticos. Este 2007 constituye, sin embargo, una excepción. Es el fin de una legislatura, pero todo apunta a que es también el final de una etapa económica que, iniciada hace más de una década se ha prolongado de manera taumatúrgica más tiempo del que cabría esperar.
Aparentemente y con una primera mirada superficial, podría caracterizarse por ser una época de enorme bonanza y bienestar económico. Ello ha servido para que tanto Aznar como Zapatero en sus años de gobierno hayan arrimado el ascua a su sardina y se hayan esforzado por colocarse medallas, haciendo un discurso triunfalista en extremo.
Sin ir más lejos, hace unos días, el actual presidente del Gobierno, al realizar su balance del último año –más bien balance de toda la legislatura—, se mostró extraordinariamente satisfecho de los logros económicos alcanzados. Pero no parece que ni él ni demasiadas personas se hayan preguntado a qué precio y, sin embargo, el precio en economía tiene una enorme importancia.
Nadie niega que el PIB, tal como afirmó el presidente, haya crecido durante estos cuatro últimos años a una tasa media anual del 3,7%, porcentaje superior al que lo ha hecho en la mayoría de los países europeos; pero resulta parcial y un poco sectario olvidarse de las contrapartidas, es decir, del coste pagado por alcanzar esas tasas de las que nos sentimos tan orgullosos.
En primer lugar, conviene recordar que este crecimiento en gran medida se ha basado en el enorme boom de la construcción, unido al desmedido incremento del precio de la vivienda, y al consumo privado. Detrás de estas magnitudes se encuentra el brutal endeudamiento de las familias, la deuda del sector privado que, como es lógico, se ha traducido en el mayor déficit exterior conocido por nuestra economía, y en la consiguiente hipoteca frente al resto del mundo.
De algún modo, podemos afirmar que hemos estado creciendo a crédito y que como todo crédito tendremos finalmente que pagarlo. En este caso, con toda probabilidad, lo haremos con un menor crecimiento en el futuro.
En segundo lugar, porque esos notables incrementos del PIB de los que nos vanagloriamos se han conseguido también en buena parte con muchas más horas de trabajo. De un lado, por el aumento sustancial de la población (cinco millones) debido al fenómeno de la inmigración, con lo que los incrementos de la renta per cápita son mucho más moderados que los de la renta nacional. Somos más a repartir.
Por otro lado, porque se ha aumentado sustancialmente el porcentaje de ocupación. Nuestro país, que se encontraba a la cola de Europa en población activa debido a la escasa incorporación de la mujer al mercado laboral, hoy se sitúa alrededor de la media de los países de la zona euro. La mitad de los nuevos puestos de trabajo creados en estos años han sido ocupados por mujeres y la cuarta parte, por inmigrantes.
El crecimiento económico ha venido acompañado por una importante generación de empleo, pero este dato tiene su anverso en la escasa productividad de los puestos de trabajo creados, variable en la que claramente nos situamos a la cola de Europa. Nuestra tasa asciende al 0,7%, frente al 1,4% de la zona euro.
Para la mayoría de los ciudadanos, que son asalariados, existe otro motivo para relativizar la bonanza de los datos macroeconómicos y es que se ha incrementado el grado de desigualdad en la distribución de la renta. En el combate que siempre existe entre salarios y precios, el resultado ha sido contrario a los primeros.
El excedente empresarial (beneficios y rentas de capital) se ha apoderado de la totalidad de los incrementos de productividad y los salarios no han podido siquiera mantener el poder adquisitivo.
La crisis de las hipotecas en EEUU con su contagio a Europa, la subida del precio del petróleo y de los productos alimenticios o cualquier otro factor pueden ser los detonantes y catalizadores de una reacción que, antes o después, tenía que originarse. Todo apunta a que en el 2008 se producirá una involución en el ciclo económico que, de hecho, parece haberse iniciado ya al final de este año.
Si bien es previsible que la desaceleración afecte a toda Europa, también lo es que afecte en mucho mayor grado a nuestro país, y concretamente, dentro de él, a los asalariados y a las clases más bajas que son precisamente los que no se han beneficiado de la bonanza.
Aparentemente y con una primera mirada superficial, podría caracterizarse por ser una época de enorme bonanza y bienestar económico. Ello ha servido para que tanto Aznar como Zapatero en sus años de gobierno hayan arrimado el ascua a su sardina y se hayan esforzado por colocarse medallas, haciendo un discurso triunfalista en extremo.
Sin ir más lejos, hace unos días, el actual presidente del Gobierno, al realizar su balance del último año –más bien balance de toda la legislatura—, se mostró extraordinariamente satisfecho de los logros económicos alcanzados. Pero no parece que ni él ni demasiadas personas se hayan preguntado a qué precio y, sin embargo, el precio en economía tiene una enorme importancia.
Nadie niega que el PIB, tal como afirmó el presidente, haya crecido durante estos cuatro últimos años a una tasa media anual del 3,7%, porcentaje superior al que lo ha hecho en la mayoría de los países europeos; pero resulta parcial y un poco sectario olvidarse de las contrapartidas, es decir, del coste pagado por alcanzar esas tasas de las que nos sentimos tan orgullosos.
En primer lugar, conviene recordar que este crecimiento en gran medida se ha basado en el enorme boom de la construcción, unido al desmedido incremento del precio de la vivienda, y al consumo privado. Detrás de estas magnitudes se encuentra el brutal endeudamiento de las familias, la deuda del sector privado que, como es lógico, se ha traducido en el mayor déficit exterior conocido por nuestra economía, y en la consiguiente hipoteca frente al resto del mundo.
De algún modo, podemos afirmar que hemos estado creciendo a crédito y que como todo crédito tendremos finalmente que pagarlo. En este caso, con toda probabilidad, lo haremos con un menor crecimiento en el futuro.
En segundo lugar, porque esos notables incrementos del PIB de los que nos vanagloriamos se han conseguido también en buena parte con muchas más horas de trabajo. De un lado, por el aumento sustancial de la población (cinco millones) debido al fenómeno de la inmigración, con lo que los incrementos de la renta per cápita son mucho más moderados que los de la renta nacional. Somos más a repartir.
Por otro lado, porque se ha aumentado sustancialmente el porcentaje de ocupación. Nuestro país, que se encontraba a la cola de Europa en población activa debido a la escasa incorporación de la mujer al mercado laboral, hoy se sitúa alrededor de la media de los países de la zona euro. La mitad de los nuevos puestos de trabajo creados en estos años han sido ocupados por mujeres y la cuarta parte, por inmigrantes.
El crecimiento económico ha venido acompañado por una importante generación de empleo, pero este dato tiene su anverso en la escasa productividad de los puestos de trabajo creados, variable en la que claramente nos situamos a la cola de Europa. Nuestra tasa asciende al 0,7%, frente al 1,4% de la zona euro.
Para la mayoría de los ciudadanos, que son asalariados, existe otro motivo para relativizar la bonanza de los datos macroeconómicos y es que se ha incrementado el grado de desigualdad en la distribución de la renta. En el combate que siempre existe entre salarios y precios, el resultado ha sido contrario a los primeros.
El excedente empresarial (beneficios y rentas de capital) se ha apoderado de la totalidad de los incrementos de productividad y los salarios no han podido siquiera mantener el poder adquisitivo.
La crisis de las hipotecas en EEUU con su contagio a Europa, la subida del precio del petróleo y de los productos alimenticios o cualquier otro factor pueden ser los detonantes y catalizadores de una reacción que, antes o después, tenía que originarse. Todo apunta a que en el 2008 se producirá una involución en el ciclo económico que, de hecho, parece haberse iniciado ya al final de este año.
Si bien es previsible que la desaceleración afecte a toda Europa, también lo es que afecte en mucho mayor grado a nuestro país, y concretamente, dentro de él, a los asalariados y a las clases más bajas que son precisamente los que no se han beneficiado de la bonanza.
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