MADRID.- El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) prevé que durante 2008 los casos de arbitraje en materia inmobiliaria alcancen un 20% frente al 9% del 2007. Las principales razones del aumento se sitúan en el endurecimiento de la nueva legislación en materia de vivienda y la crisis inmobiliaria, según informó hoy el Tribunal en un comunicado.
La nueva legislación en materia de vivienda ha provocado un aumento del control de calidad y de los costes que se ha traducido en un incremento del número de arbitrajes. Por otra parte, el descenso de la actividad del sector provocado por la crisis inmobiliaria ha dado lugar a una espera más larga en el proceso de venta de los inmuebles.
Otro de los motivos del aumento de esta forma de resolver litigios en este sector se encuentra en la dilatación de los procesos de la Justicia ordinaria en España. Se calcula que la media de duración de un arbitraje se encuentra en unos cinco meses y medio mientras que un proceso convencional, hasta llegar al Supremo, puede llegar a tardar 4 años.
El arbitraje se ha alzado este último año como un mecanismo eficaz de solución de conflictos en los arrendamientos urbanos, contratos de compraventa de inmuebles, propiedad horizontal y contratos de prestación de servicios. En cuanto a costes, el precio medio actual de un arbitraje se sitúa entorno a los 10.000 euros, dependiendo de la cuantía en el litigio.
Entre los beneficios del arbitraje en cuestiones inmobiliarias están la rapidez, eficacia, especialización, confidencialidad y unos costes económicos más bajos que la justicia ordinaria. Además, el arbitraje se basa en un acuerdo entre los afectados por un conflicto lo cual posibilita seguir en el futuro con nuevas relaciones comerciales entre las partes.
Para que dos partes puedan dirimir y resolver sus diferencias mediante un arbitraje tienen que haber introducido una cláusula específica en el contrato firmado. Al final del proceso, el tribunal emite un laudo que tiene el mismo valor que una sentencia judicial.- (EP)
La nueva legislación en materia de vivienda ha provocado un aumento del control de calidad y de los costes que se ha traducido en un incremento del número de arbitrajes. Por otra parte, el descenso de la actividad del sector provocado por la crisis inmobiliaria ha dado lugar a una espera más larga en el proceso de venta de los inmuebles.
Otro de los motivos del aumento de esta forma de resolver litigios en este sector se encuentra en la dilatación de los procesos de la Justicia ordinaria en España. Se calcula que la media de duración de un arbitraje se encuentra en unos cinco meses y medio mientras que un proceso convencional, hasta llegar al Supremo, puede llegar a tardar 4 años.
El arbitraje se ha alzado este último año como un mecanismo eficaz de solución de conflictos en los arrendamientos urbanos, contratos de compraventa de inmuebles, propiedad horizontal y contratos de prestación de servicios. En cuanto a costes, el precio medio actual de un arbitraje se sitúa entorno a los 10.000 euros, dependiendo de la cuantía en el litigio.
Entre los beneficios del arbitraje en cuestiones inmobiliarias están la rapidez, eficacia, especialización, confidencialidad y unos costes económicos más bajos que la justicia ordinaria. Además, el arbitraje se basa en un acuerdo entre los afectados por un conflicto lo cual posibilita seguir en el futuro con nuevas relaciones comerciales entre las partes.
Para que dos partes puedan dirimir y resolver sus diferencias mediante un arbitraje tienen que haber introducido una cláusula específica en el contrato firmado. Al final del proceso, el tribunal emite un laudo que tiene el mismo valor que una sentencia judicial.- (EP)
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