El 98% de las reclamaciones se deben a "incumplimientos de la ley" por parte de las empresas

MADRID.- El portavoz de la Unión de Consumidores y Usuarios, Daniel Alonso, aseguró hoy que "el 98% de las reclamaciones de los consumidores tiene que ver con el incumplimiento de la ley" por parte de las compañías, además de que a las empresas "les compensa pagar las multas que se les impone" en vez de "cumplir la ley".

Alonso señaló en rueda de prensa que "las administraciones públicas miran para otro lado y son cómplices de las empresas", en lugar de defender a los consumidores, con el objetivo de "que las compañías sigan creando empleo y aumente el Producto Interior Bruto".

Alonso hizo estas declaraciones con ocasión de la presentación a los partidos políticos por parte de la UCE de un Pacto por los Consumidores con el objetivo de que "en la próxima legislatura los consumidores sean los protagonistas".

El Pacto que propone la UCE incluye el compromiso de crear una Secretaría de Estado vinculada al Ministerio de Economía "para defender a los usuarios", así como la creación de un Consorcio Público de control del mercado y la ampliación desde los 900 euros actuales hasta los 3.000 la cantidad que se puede reclamar en los tribunales sin necesidad de contratar con abogado y procurador.

El portavoz de la UCE aseguró que en los últimos cuatro años "los consumidores no han tenido el protagonismo adecuado para influir en el Ejecutivo" y señaló que CiU e Izquierda Unida "han mostrado interés en firmar" el Pacto con la UCE.

La defensa de los consumidores debe ser "una prioridad", aseguró Alonso, además de "una política económica", y criticó que la política de consumo esté "vinculada a las autoridades sanitarias".

Alonso señaló que el Consorcio Público que reclama la UCE debe ser "un instrumento con autoridad en la política de consumo para la protección de los consumidores, de igual manera que existe la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para controlar a los operadores o la Comisión Nacional del Mercado de Valores para supervisar la Bolsa".

Alonso señaló que la Ley de Defensa del Consumidor, aprobada en 2006, "todavía no se cumple", y señaló, entre otras irregularidades, que "ninguna operadora entrega a los usuarios el contrato físicamente firmado por el consumidor", así como que "promotores y constructores todavía obligan al comprador a pagar la plusvalía" en la compra de una vivienda, algo que la ley ha calificado de "abusivo".

Para el portavoz de la UCE, el sistema arbitral de consumo, que permite la solución extrajurídica de los conflictos, "ha sido un craso error", ya que "están adheridas únicamente el 3% de las empresas españolas", entre las que "no se encuentran las de los sectores económicos donde más irregularidades se comete: la vivienda, las entidades financieras y los operadores telefónicos".

Otras medidas que ha propuesto la UCE son "incorporar al Sistema Arbitral de Consumo a todas las empresas públicas y las que disfruten de un régimen de concesión administrativa", la creación de un "estatuto del usuario de los servicios de interés", el desarrollo de una "Ley reguladora de la Representación, Competencia y Financiación de las Asociaciones de Consumidores y usuarios" y la puesta en marcha de "Programas Anuales de Consumo Sostenible" y de programas de comercio justo.