Batalla de la UE contra los paraísos fiscales

BRUSELAS.- El reciente escándalo de Liechtenstein, donde el Gobierno alemán descubrió cuentas secretas de ciudadanos germanos en el Principado para, presuntamente, evadir impuestos ha reabierto el debate sobre la eficacia de las medidas antifraude a nivel comunitario. No en vano, el pequeño principado, junto con Mónaco y Andorra son los únicos paraísos fiscales que la OCDE ha calificado como 'no cooperantes', según "Cinco Días".

En el punto de mira, está la ineficacia probada de la directiva de la UE sobre la fiscalidad del ahorro, vigente desde 2005 y que, muchos expertos ya advirtieron que presentaba notables lagunas. Esta ley permite a los Estados miembro obtener información de las cuentas de sus residentes en otros países de la Unión.

Sin embargo, hay una excepción. Luxemburgo, Bélgica y Austria quedan fuera de la norma y en lugar de informar, estos países se comprometen a aplicar una retención a los rendimientos de los depósitos de los no residentes del 15% entre 2005 y 2008, del 20% durante los siguientes tres años y a partir de 2011, del 35%.

Parte de esa retención, el 75%, va destinada al Gobierno de origen del titular del depósito bancario. Es decir, los rendimientos de una cuenta de un español en Luxemburgo sufren una retención que irá a parar a las arcas de España. Otros países, como Mónaco, Andorra o Liechtenstein firmaron un acuerdo equivalente con la Unión Europea.

Sin embargo, la ley solo rige para personas, no para sociedades ni empresas. Por ello, la evasión fiscal descubierta por Alemania se realizaba a través de fundaciones, una figura de inversión que permite sortear el acuerdo bilateral sobre fiscalidad del ahorro entre Liechtenstein y la UE. De hecho, hay 50.000 fundaciones en el principado, cuya población no alcanza los 36.000 habitantes y la fortuna depositada en ellas se cifra en unos 125.000 millones de euros.

Tras el escándalo, Alemania ha devenido en el abanderado europeo para reformar y endurecer la directivas sobre la fiscalidad del ahorro y eliminar las lagunas actuales. La empresa se prevé más que difícil pues se precisa de unanimidad para su aprobación. Y la actual normativa nació en 2005 tras años de tensas discusiones, sobre todo por parte de países con sistemas fiscales atractivos como Luxemburgo o Bélgica.

Liechtenstein, como Estado soberano, tiene el derecho a mantener unos tipos impositivos casi inexistentes. Eso, pocos lo discuten. Lo que quiere la Unión Europea es que estos países colaboren en la lucha contra el fraude. El problema es que en la legislación del principado, la evasión fiscal no se considera delito y, por ello, pueden rehuir la colaboración con la justicia de otros países.

Donde sí existe colaboración es en delitos graves, como narcotráfico o financiación de terrorismo. Aunque los expertos están convencidos de que entre la lista de presuntos evasores fiscales que posee Alemania no figuran grandes delincuentes, sino empresarios, artistas o políticos, cuyo delito ha sido evadir impuestos.

Aun así, Liechtenstein sigue siendo un país que recibe mucho dinero proveniente de actividades ilícitas para blanquearlo. Un ejemplo es la operación Malaya, que destapó una gran trama de corrupción en la Costa del Sol y utilizaba cuentas secretas en el pequeño país. El Consejo de Europa ya advirtió que la legislación de Liechtenstein es demasiado laxa.

La directiva europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo obliga, entre otras medidas, a los intermediarios financieros a acudir a las autoridades cuando sospechen que uno de sus clientes puede estar blanqueando dinero. Esta directiva no figura, al menos no de la forma que desearía el Consejo de Europa, en la legislación del principado.

Así, la presión para que Liechtenstein adopte los estándares europeos está aumentando. No sólo por Alemania, también Italia, Francia y España se han posicionado a favor de endurecer la normativa contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal.