PALMA.- El 20% de los turistas que llegan a Mallorca, casi uno de cada cuatro visitantes, se alojan en viviendas que se encuentran al margen de los circuitos convencionales, es decir, fuera de los hoteles y complejos de apartamentos registrados como turísticos en la isla.
Esta modalidad alojativa, denominada turismo residencial, representa una bolsa de negocio importante, pero de manera simultánea ha generado conflictos desde el punto de vista de la competencia y de la protección del consumidor.
Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por economistas y juristas de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universidad de Almería, la UNED y la Universidad Europea de Madrid, y que propone una aproximación a las bases legales para someter el turismo residencial a la normativa turística y de consumo vigente.
El proyecto, titulado 'Turismo residencial. Aspectos económicos y jurídicos', ha contado con la financiación del Programa nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas del Ministerio de Educación y Ciencias.
Bajo la dirección de Pedro A. Munar, profesor titular de Derecho Civil de la UIB, el estudio pretende determinar la importancia del sector del turismo residencial desde un punto de vista económico y sobre todo resolver el problema jurídico que plantea en Baleares y otras regiones.
Uno de los puntos que constata el estudio es que la vía de comercialización más frecuente de la oferta turística residencial es Internet, y concluye que el gasto que realizan los turistas residenciales, especialmente en la oferta complementaria, es superior al turismo convencional que se aloja en hoteles y apartamentos.
El estudio pone de relieve además que uno de los principales problemas que plantea el turismo residencial es de índole competencial, ya que algunos propietarios tienen sus apartamentos registrados y cualificados como alojamientos turísticos, mientras que otros los alquilan a terceros sin contar con ningún tipo de permiso y por tanto, eximiéndose de cumplir con las exigencias legales a las que obliga la normativa.
Aun así, hay problema "mucho más grave" de tipo jurídico, como es el hecho de determinar los vínculos que se establecen entre arrendador y arrendatario. Asimismo, el proyecto constata el gran interés que hay entre las comunidades autónomas para que se reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos para poder dar solución a los propietarios que actúan al margen de la Ley.
Esta modalidad alojativa, denominada turismo residencial, representa una bolsa de negocio importante, pero de manera simultánea ha generado conflictos desde el punto de vista de la competencia y de la protección del consumidor.
Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por economistas y juristas de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universidad de Almería, la UNED y la Universidad Europea de Madrid, y que propone una aproximación a las bases legales para someter el turismo residencial a la normativa turística y de consumo vigente.
El proyecto, titulado 'Turismo residencial. Aspectos económicos y jurídicos', ha contado con la financiación del Programa nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas del Ministerio de Educación y Ciencias.
Bajo la dirección de Pedro A. Munar, profesor titular de Derecho Civil de la UIB, el estudio pretende determinar la importancia del sector del turismo residencial desde un punto de vista económico y sobre todo resolver el problema jurídico que plantea en Baleares y otras regiones.
Uno de los puntos que constata el estudio es que la vía de comercialización más frecuente de la oferta turística residencial es Internet, y concluye que el gasto que realizan los turistas residenciales, especialmente en la oferta complementaria, es superior al turismo convencional que se aloja en hoteles y apartamentos.
El estudio pone de relieve además que uno de los principales problemas que plantea el turismo residencial es de índole competencial, ya que algunos propietarios tienen sus apartamentos registrados y cualificados como alojamientos turísticos, mientras que otros los alquilan a terceros sin contar con ningún tipo de permiso y por tanto, eximiéndose de cumplir con las exigencias legales a las que obliga la normativa.
Aun así, hay problema "mucho más grave" de tipo jurídico, como es el hecho de determinar los vínculos que se establecen entre arrendador y arrendatario. Asimismo, el proyecto constata el gran interés que hay entre las comunidades autónomas para que se reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos para poder dar solución a los propietarios que actúan al margen de la Ley.
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