PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a España flexibilizar su mercado laboral para generar empleo y diversificar sus fuentes de crecimiento, --ahora que las infraestructuras y la vivienda tendrán un menor peso como motor económico--, para hacer frente en buenas condiciones al proceso de desaceleración económica mundial.
Según refleja el informe 2008 del organismo internacional que evalúa los progresos de los Estados miembros para superar sus deficiencias en productividad y empleo, España ha continuado en estos últimos años el proceso de convergencia de su PIB por habitante respecto a los países de la OCDE con un mejor comportamiento, si bien a un ritmo más lento.
En el documento, presentado hoy en París por su secretario general Angel Gurría, se pone de relieve que España no ha tomado ninguna de las medidas recomendadas por la OCDE para limitar la extensión administrativa de los convenios colectivos o para reformar la legislación sobre la protección frente al desempleo de los trabajadores con contrato estable.
Tampoco ha hecho nada para reforzar la competencia en el sector del comercio minorista. Estos aspectos, junto a la reforma de la educación superior y la del sistema de pensiones, eran las cinco prioridades que la OCDE estableció en 2007 para el caso español y que han sido evaluadas un año después.
En concreto, la OCDE apuntaba que, para evitar rigideces y alzas salariales excesivas en algunos sectores, convenía permitir a las empresas que no aplicaran los acuerdos salariales regionales y sectoriales y poner fin a las cláusulas de reajuste de la inflación.
Asimismo, se planteaba la necesidad de reducir las indenmizaciones por despido para los trabajadores con contrato indefinido y promover un contrato único en virtud del cual las indemnizaciones por despido aumentarían en función de la antiguedad.
En la evaluación de este aspecto, la OCDE menciona que España no ha tomado ninguna medida desde la reforma de julio de 2006, que aumentó los incentivos financieros a los nuevos contratos indefinidos ofrecidos a determinadas categorías salariales y limitó los contratos temporales.
Por lo que respecta al ámbito comercial, la OCDE sugería aumentar la competencia en el sector minorista eliminando para ello los obstáculos a la creación de grandes superficies y centros comerciales que las autoridades regionales habían puesto en marcha. Pero tampoco aquí se han producido avances.
Lo que sí se valora positivamente es la nueva ley universitaria adoptada en marzo de 2007 que concede mayor autonomía a los centros e intenta eliminar los obstáculos a la entrada de los profesores en el sector privado mejorando al mismo tiempo la gobernanza en la educación superior, en línea con la recomendación hecha por la OCDE.
En cuanto la reforma del sistema de pensiones, la OCDE proponía un sistema actuarial más justo para evitar un aumento de los impuestos destinados a cubrir los costes de mano de obra y presupuestarios derivados del envejecimiento de la población.
El organismo internacional recuerda al respecto que la reforma que entró en vigor en España a principios de 2007 con el acuerdo de los agentes sociales conlleva nuevas restricciones a la jubilación parcial, un ligero aumento del periodo efectivo de de cotización para tener derecho a una pensión y fuertes incentivos para continuar en activo más allá de la edad actual de jubilación.
"Se ha trabajado en la reforma del sistema de educación superior y en materia de reforma sistema pensiones y lo que estamos confirmando es que, en general, se ha avanzado en competitividad y educación, pero no tanto en los mercados laborales porque políticamente es más complicado y lleva más tiempo generar el necesario consenso. Pero hay que hacerlo", resumió Gurría.
El secretario general de la OCDE insistió en que el "gran reto" de España será la diversificación de la economía y las fuentes de crecimiento "porque los motores de la infraestructura y la vivienda ahora serán menos importantes y habrá que moverse más hacia elementos de mayor valor añadido".
Además, añadió que la reforma del mercado laboral es "siempre un elemento importante" porque eso es lo que va a permitir que haya más empleo y que, en condiciones de bajo crecimiento económico, cuando hay oportunidad de empleo los empresarios "asuman el riesgo".
Según refleja el informe 2008 del organismo internacional que evalúa los progresos de los Estados miembros para superar sus deficiencias en productividad y empleo, España ha continuado en estos últimos años el proceso de convergencia de su PIB por habitante respecto a los países de la OCDE con un mejor comportamiento, si bien a un ritmo más lento.
En el documento, presentado hoy en París por su secretario general Angel Gurría, se pone de relieve que España no ha tomado ninguna de las medidas recomendadas por la OCDE para limitar la extensión administrativa de los convenios colectivos o para reformar la legislación sobre la protección frente al desempleo de los trabajadores con contrato estable.
Tampoco ha hecho nada para reforzar la competencia en el sector del comercio minorista. Estos aspectos, junto a la reforma de la educación superior y la del sistema de pensiones, eran las cinco prioridades que la OCDE estableció en 2007 para el caso español y que han sido evaluadas un año después.
En concreto, la OCDE apuntaba que, para evitar rigideces y alzas salariales excesivas en algunos sectores, convenía permitir a las empresas que no aplicaran los acuerdos salariales regionales y sectoriales y poner fin a las cláusulas de reajuste de la inflación.
Asimismo, se planteaba la necesidad de reducir las indenmizaciones por despido para los trabajadores con contrato indefinido y promover un contrato único en virtud del cual las indemnizaciones por despido aumentarían en función de la antiguedad.
En la evaluación de este aspecto, la OCDE menciona que España no ha tomado ninguna medida desde la reforma de julio de 2006, que aumentó los incentivos financieros a los nuevos contratos indefinidos ofrecidos a determinadas categorías salariales y limitó los contratos temporales.
Por lo que respecta al ámbito comercial, la OCDE sugería aumentar la competencia en el sector minorista eliminando para ello los obstáculos a la creación de grandes superficies y centros comerciales que las autoridades regionales habían puesto en marcha. Pero tampoco aquí se han producido avances.
Lo que sí se valora positivamente es la nueva ley universitaria adoptada en marzo de 2007 que concede mayor autonomía a los centros e intenta eliminar los obstáculos a la entrada de los profesores en el sector privado mejorando al mismo tiempo la gobernanza en la educación superior, en línea con la recomendación hecha por la OCDE.
En cuanto la reforma del sistema de pensiones, la OCDE proponía un sistema actuarial más justo para evitar un aumento de los impuestos destinados a cubrir los costes de mano de obra y presupuestarios derivados del envejecimiento de la población.
El organismo internacional recuerda al respecto que la reforma que entró en vigor en España a principios de 2007 con el acuerdo de los agentes sociales conlleva nuevas restricciones a la jubilación parcial, un ligero aumento del periodo efectivo de de cotización para tener derecho a una pensión y fuertes incentivos para continuar en activo más allá de la edad actual de jubilación.
"Se ha trabajado en la reforma del sistema de educación superior y en materia de reforma sistema pensiones y lo que estamos confirmando es que, en general, se ha avanzado en competitividad y educación, pero no tanto en los mercados laborales porque políticamente es más complicado y lleva más tiempo generar el necesario consenso. Pero hay que hacerlo", resumió Gurría.
El secretario general de la OCDE insistió en que el "gran reto" de España será la diversificación de la economía y las fuentes de crecimiento "porque los motores de la infraestructura y la vivienda ahora serán menos importantes y habrá que moverse más hacia elementos de mayor valor añadido".
Además, añadió que la reforma del mercado laboral es "siempre un elemento importante" porque eso es lo que va a permitir que haya más empleo y que, en condiciones de bajo crecimiento económico, cuando hay oportunidad de empleo los empresarios "asuman el riesgo".
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