WASHINGTON.- El plan del gobierno de Estados Unidos encaminado a acabar con los empleados indocumentados podría costarle a los patrones más de 1.000 millones de dólares al año y a los trabajadores legales miles de millones más en salarios perdidos, de acuerdo con un estudio encargado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
Esos costos fueron suficientes para la acción de una ley federal que exigiría al Departamento de Seguridad Interna el analizar más detalladamente los efectos de su propuesta, indicó Richard Belzer, un consultor contratado por la Cámara de Comercio para que llevara a cabo el estudio.
El Departamento de Seguridad Interna había propuesto la adopción de la regla de "no igualdad", que exigiría a los patrones a despedir a sus empleados si se detectaban discrepancias entre su nombre y su número de Seguridad Social. La Cámara de Comercio se opone a esta propuesta.
El estudio de Belzer figurará entre los comentarios públicos enviados al Departamento de Seguridad Interna en torno a la propuesta.
El departamento podría adoptar la medida después de analizar los comentarios. La fecha límite para recibir los mismos es el viernes.
El Departamento de Seguridad Social envía cartas a los empleadores cuando hay discrepancias entre nombres y números de Seguridad Social de sus trabajadores. Estos ocurren a menudo cuando alguien está trabajando de manera ilegal, pero una discrepancia también se puede dar por un error de tipografía, confusiones en la manera de escribir los nombres y en los cambios de nombre (como en el caso de las mujeres casadas) entre otras razones.
El Departamento de Seguridad Interna dio a conocer los costos promedio para los patrones con base en el número de trabajadores que tengan y el porcentaje que podría corresponder a empleados no autorizados para trabajar. Además determinó que no representaría un alto costo para los patrones.
Belzer, un ex economista de la Oficina de Administración y Presupuesto, observó los costos en total y los multiplicó en promedio por el número de patrones en cada categoría.
Además, empleó los cálculos del Departamento de Seguridad Interna en el sentido de que un 2% de empleados legales podría perder sus empleos al año por no poder resolver sus discrepancias en los números de Seguridad Social.
Esos costos fueron suficientes para la acción de una ley federal que exigiría al Departamento de Seguridad Interna el analizar más detalladamente los efectos de su propuesta, indicó Richard Belzer, un consultor contratado por la Cámara de Comercio para que llevara a cabo el estudio.
El Departamento de Seguridad Interna había propuesto la adopción de la regla de "no igualdad", que exigiría a los patrones a despedir a sus empleados si se detectaban discrepancias entre su nombre y su número de Seguridad Social. La Cámara de Comercio se opone a esta propuesta.
El estudio de Belzer figurará entre los comentarios públicos enviados al Departamento de Seguridad Interna en torno a la propuesta.
El departamento podría adoptar la medida después de analizar los comentarios. La fecha límite para recibir los mismos es el viernes.
El Departamento de Seguridad Social envía cartas a los empleadores cuando hay discrepancias entre nombres y números de Seguridad Social de sus trabajadores. Estos ocurren a menudo cuando alguien está trabajando de manera ilegal, pero una discrepancia también se puede dar por un error de tipografía, confusiones en la manera de escribir los nombres y en los cambios de nombre (como en el caso de las mujeres casadas) entre otras razones.
El Departamento de Seguridad Interna dio a conocer los costos promedio para los patrones con base en el número de trabajadores que tengan y el porcentaje que podría corresponder a empleados no autorizados para trabajar. Además determinó que no representaría un alto costo para los patrones.
Belzer, un ex economista de la Oficina de Administración y Presupuesto, observó los costos en total y los multiplicó en promedio por el número de patrones en cada categoría.
Además, empleó los cálculos del Departamento de Seguridad Interna en el sentido de que un 2% de empleados legales podría perder sus empleos al año por no poder resolver sus discrepancias en los números de Seguridad Social.
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