MADRID.- Los promotores inmobiliarios están dispuestos a bajar el precio de los pisos en determinados supuestos y mercados, siempre que el Gobierno articule medidas que contribuyan a animar a la venta de viviendas. Desde el pasado mes de septiembre las ventas han bajado un 60%.
Así lo apuntó hoy la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) en la presentación del conjunto de medidas que ya han entregado al Ejecutivo para "favorecer el acceso a la vivienda y garantizar el empleo".
Su objetivo es "desatascar" la situación que actualmente afronta el sector: un 'stock' de medio millón de viviendas sin vender consecuencia del descenso del 60% que las ventas acumulan desde el pasado mes septiembre, y la perspectiva de que este año sólo se comenzarán a construir unas 250.000 nuevos pisos, una tercera parte respecto a años anteriores (unas 600.000 unidades).
Los promotores advierten de que si no se frena esta tendencia, la actividad de construcción de viviendas, "la primera de la economía en cuanto a generación de empleo", derivará en problemas de desempleo (alrededor de un millón de desempleados en 2009) y, en consecuencia, de consumo. "Si nosotros no vendemos (pisos), Hacienda no obtiene ingresos y, además, tendrá que pagar subsidios de paro", alertó el secretario general de APCE, Manuel Martí, al Gobierno.
Pese a ello, la patronal asegura que con sus medidas persiguen "solucionar los problemas" de quienes quieren comprar una casa, al estimar que la demanda sigue existiendo y está estancada. "No pedimos para nosotros, pedimos para los compradores", garantiza la APCE, que estima "escasas" las medidas aprobadas por el Gobierno.
Para ello, proponen un compromiso de "sacrificio" conjunto de Gobierno y sector para facilitar que demanda y oferta de vivienda se crucen. El Ejecutivo articula iniciativas para ayudar a los compradores, en tanto que los promotores acceden a reducir precios en determinados supuestos, pese a asegurar que no pueden hacer "grandes maravillas".
Entre las medidas que los promotores sugieren al Gobierno destaca la articulación de un nuevo tipo de vivienda protegida. Se trata de una vivienda libre que se convierte en protegida en el momento de su venta. Su financiación contaría con la garantía de que el tipo de interés no superará el máximo de la VPO (actualmente en el 5,09%) durante un periodo de tiempo.
El objetivo es generar confianza en los posibles compradores eliminando las incertidumbres relacionadas con la evolución de su cuota hipotecaria mensual.
Otra de las propuestas novedosas pasa por adelantar el cobro de la desgravación fiscal ligada a la compra de vivienda, además de actualizarla respecto a la inflación. El comprador la percibiría a través de la nomina mediante una menor retención, y podría disponer así cuanto antes del dinero para afrontar la financiación del piso (medida similar a la deducción de 400 euros anunciada por el Gobierno).
La APCE también sugiere deducciones en la letra de la hipoteca durante cinco años a quien compre una segunda vivienda para ponerla en alquiler, y que no tenga que pasar un año desde que acaba de construirse una vivienda libre para que pueda venderse como protegida.
Además, los promotores insisten en sus demandas tradicionales de poner en el mercado suelos públicos actualmente propiedad de ministerios y empresas públicas, homogeneizar los planes de viviendas de las distintas comunidades y revisar el precio medio nacional de la vivienda protegida para que resulte rentable.
La APCE insistió en señalar a la crisis financiera como causa de la actual crisis del sector, y a los "especuladores y a los vendedores de vivienda de segunda mano" de gran parte del aumento que el precio de la vivienda registrado en los últimos años. Para 2008 calculan que el precio medio de los pisos evolucionará ligeramente por debajo del Indice de Precios de Consumo (IPC).
Así lo apuntó hoy la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) en la presentación del conjunto de medidas que ya han entregado al Ejecutivo para "favorecer el acceso a la vivienda y garantizar el empleo".
Su objetivo es "desatascar" la situación que actualmente afronta el sector: un 'stock' de medio millón de viviendas sin vender consecuencia del descenso del 60% que las ventas acumulan desde el pasado mes septiembre, y la perspectiva de que este año sólo se comenzarán a construir unas 250.000 nuevos pisos, una tercera parte respecto a años anteriores (unas 600.000 unidades).
Los promotores advierten de que si no se frena esta tendencia, la actividad de construcción de viviendas, "la primera de la economía en cuanto a generación de empleo", derivará en problemas de desempleo (alrededor de un millón de desempleados en 2009) y, en consecuencia, de consumo. "Si nosotros no vendemos (pisos), Hacienda no obtiene ingresos y, además, tendrá que pagar subsidios de paro", alertó el secretario general de APCE, Manuel Martí, al Gobierno.
Pese a ello, la patronal asegura que con sus medidas persiguen "solucionar los problemas" de quienes quieren comprar una casa, al estimar que la demanda sigue existiendo y está estancada. "No pedimos para nosotros, pedimos para los compradores", garantiza la APCE, que estima "escasas" las medidas aprobadas por el Gobierno.
Para ello, proponen un compromiso de "sacrificio" conjunto de Gobierno y sector para facilitar que demanda y oferta de vivienda se crucen. El Ejecutivo articula iniciativas para ayudar a los compradores, en tanto que los promotores acceden a reducir precios en determinados supuestos, pese a asegurar que no pueden hacer "grandes maravillas".
Entre las medidas que los promotores sugieren al Gobierno destaca la articulación de un nuevo tipo de vivienda protegida. Se trata de una vivienda libre que se convierte en protegida en el momento de su venta. Su financiación contaría con la garantía de que el tipo de interés no superará el máximo de la VPO (actualmente en el 5,09%) durante un periodo de tiempo.
El objetivo es generar confianza en los posibles compradores eliminando las incertidumbres relacionadas con la evolución de su cuota hipotecaria mensual.
Otra de las propuestas novedosas pasa por adelantar el cobro de la desgravación fiscal ligada a la compra de vivienda, además de actualizarla respecto a la inflación. El comprador la percibiría a través de la nomina mediante una menor retención, y podría disponer así cuanto antes del dinero para afrontar la financiación del piso (medida similar a la deducción de 400 euros anunciada por el Gobierno).
La APCE también sugiere deducciones en la letra de la hipoteca durante cinco años a quien compre una segunda vivienda para ponerla en alquiler, y que no tenga que pasar un año desde que acaba de construirse una vivienda libre para que pueda venderse como protegida.
Además, los promotores insisten en sus demandas tradicionales de poner en el mercado suelos públicos actualmente propiedad de ministerios y empresas públicas, homogeneizar los planes de viviendas de las distintas comunidades y revisar el precio medio nacional de la vivienda protegida para que resulte rentable.
La APCE insistió en señalar a la crisis financiera como causa de la actual crisis del sector, y a los "especuladores y a los vendedores de vivienda de segunda mano" de gran parte del aumento que el precio de la vivienda registrado en los últimos años. Para 2008 calculan que el precio medio de los pisos evolucionará ligeramente por debajo del Indice de Precios de Consumo (IPC).
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