LONDRES.- Un total de 112 constructoras británicas han sido acusadas en Reino Unido de manipular al alza contratos con la Administración valorados en unos 3.000 millones de libras (4.000 millones de euros), al acordar en secreto las cuantías a demandar para la ejecución de obras que incluían desde escuelas públicas hasta universidades y hospitales.Se trata del resultado de una investigación iniciada hace cuatro años por la Office of Fair Trading (OFT), el mecanismo británico de control del comercio, la de mayor envergadura acometida hasta la fecha, que concluyó en un "comunicado de objeciones" por fijar los precios de forma irregular remitido a un conjunto de firmas que incluyen algunas de las más importantes del país, como Balfour Beatty o Carillion.
Cerca de 80 constructoras han admitido haber participado en alguna forma de manipulación, según confirmó la propia OFT, que explicó que el mecanismo se basaba en que las constructoras que no estaban interesadas en un determinado contrato, presentaban un precio más elevado e incluso podían llegar a recibir un pago clandestino por parte del beneficiario final de la operación.
La práctica, conocida como 'precio encubierto' e ilegal en Gran Bretaña desde el año 2000, llevaba a la Administración de turno a deliberar entre ofertas en realidad inexistentes para acabar optando por una que, en todos los casos, incluía precios amañados.
De hecho, la oficina pública denunció que las compañías llegaban a presentar incluso facturas falsas y que el montante final podía superar en un 10% el que supondría en condiciones regularizadas.
La investigación se inició a raíz de una queja de las autoridades del condado de Midlands en 2004, pero pronto se amplió a otras localidades para acabar con una supervisión de toda la geografía del país, lo que resultó en redadas a 57 constructoras. El resultado de la operación ha sido ya remitido a las 112 implicadas, que deberán responder de sus acciones en el plazo de unos pocos meses.
Por el momento las consecuencias de la operación no se han concretado, pero bajo las leyes de la competencia británicas, las empresas podrían afrontar multas de hasta un 10% de su cifra de negocio, si bien aquellas que cooperen tendrían la posibilidad de recortar la sanción económica, un caso ya promovido por algunas como Balfour Beatty, según informó la constructora en un comunicado.
No obstante, el presidente de la OFT, John Fingleton, aprovechó el caso para enviar a la industria de la construcción "un mensaje sobre la seriedad con la que se consideran los comportamientos sospechosos de irregularidad".
Así, subrayó que los empresarios "no tienen excusas para no saber y no atenerse a la ley", mientras que el responsable de la Confederación de la Construcción, que integra muchas de las compañías involucradas, explicó que la intención era continuar en las listas de contratación, pero "sin intención de quedarse con un sólo céntimo de los contribuyentes".
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