QUITO.- Asambleístas, empresarios y trabajadores se encuentran en medio de una polémica alrededor de la eliminación de dos formas de contratación laboral: la "tercerización" y la "intermediación", que debate la Asamblea Constituyente, donde la mayoría del partido de gobierno ha dicho que las eliminará.La Asamblea, que redacta una nueva Constitución, tiene previsto comenzar el miércoles el análisis de las propuestas para eliminar esos mecanismos de contratación, que consisten básicamente en que los trabajadores tienen relación laboral y reciben sus pagos de firmas subcontratistas, y no de las empresas a cargo de las obras o servicios propiamente tales.
Para el oficialismo y su bloque de asambleístas, esos mecanismos constituyen una "precarización del trabajo".
El asambleísta socialdemócrata Diego Borja, allegado al bloque de gobierno, consultado si la decisión podría desencadenar despidos masivos, aseguró que "esa es una visión exagerada y de alguna manera parcializada".
"Lo que va a cambiar es la relación con los trabajadores, ya no les van a pagar a través de intermediadoras sino que se lo va a hacer de manera directa", expresó a la red de televisión Teleamazonas.
Se da por descontado que la "tercerización" e "intermediación" serán eliminadas porque la Constituyente está dominada por 80 asambleístas del gobierno, de un total de 130 integrantes de ese organismo, que se instaló el 29 de noviembre para hacer una nueva constitución.
El presidente de la Cámara de Industriales, Sebastián Borja, afirmó que "los sistemas de tercerización e intermediación ... en esencia buscan atender la necesidad de personal temporal y los picos de producción de las empresas".
"Si ha habido abusos, para eso está la autoridad, para sancionar y castigar, pero no por eso eliminen un sistema que es reconocido por la Organización Mundial de Trabajo, que funciona. Bien regulado y éticamente, es aplicado en muchísimos países de la región", añadió.
El dirigente sindical José Chávez comentó que "la solución práctica es eliminar el sistema de tercerización porque se ha demostrado hasta la saciedad que no es necesario para el desarrollo económico y social de este país".
La asambleísta de oposición del movimiento Uno, Mae Montaño, señaló que "si la tercerización y la intermediación han tenido dificultades y han tenido distorsiones, lo que había que buscar es controles y mecanismos de regulación a través de los cuales el sistema pueda funcionar, o eliminarlo".
En Ecuador hay una tasa de desempleo alrededor del 10% y de subempleo cercano al 50% de un total de 3,5 millones de ecuatorianos ubicados en la franja de población económicamente activa.
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