MADRID.- La economía sumergida se sitúa en España en el 23 por ciento del PIB, lo que supone un montante de 208.000 millones de euros, mientras que distintos estudios de varios organismos tales como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la propia Unión Europea la sitúan en una horquilla comprendida entre el 20 y el 25% frente a una media del entorno europeo diez puntos por debajo, excluidos los países del Este y de reciente incorporación.
De este modo, un estudio de Gestha --realizado a partir de la extrapolación de esta estimación del 23 por ciento a las distintas provincias tomando como base el último dato de PIB disponible, según el INE-- apuntó que "con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15 hasta el 13 por ciento del PIB".
Ello significaría, apuntó Gestha, "aflorar 90.000 millones de euros y recaudar, vía impuestos, casi 21.000 millones de euros adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades".
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, puso de manifiesto que "en un momento en el que el endeudamiento de las familias españolas y su confianza en la evolución de la economía se sitúa en mínimos, la adquisición de un automóvil de lujo se ha convertido en un signo externo de riqueza que no debe desvincularse en absoluto de la especulación inmobiliaria que ha existido en estos últimos años en el mercado español, ni del inusual incremento de la circulación de billetes de 500 euros".
Ante esta situación, los técnicos de Hacienda resaltaron la necesidad de que "los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales".
En primer lugar, con objeto de que se puedan cumplir estas medidas y todas aquellas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, "de manera que no se queden en una mera declaración de intenciones, Gestha considera imprescindible habilitar a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación".
Por otro lado, los técnicos propusieron "considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio".
Además, plantearon la creación de un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, "regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los pases".
"También debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación", apuntaron.
En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha resaltó la necesidad de que "se apruebe el valor único de referencia a precios de mercado para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales".
Igualmente, estimó que las agencias inmobiliarias "deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan".
De este modo, un estudio de Gestha --realizado a partir de la extrapolación de esta estimación del 23 por ciento a las distintas provincias tomando como base el último dato de PIB disponible, según el INE-- apuntó que "con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15 hasta el 13 por ciento del PIB".
Ello significaría, apuntó Gestha, "aflorar 90.000 millones de euros y recaudar, vía impuestos, casi 21.000 millones de euros adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades".
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, puso de manifiesto que "en un momento en el que el endeudamiento de las familias españolas y su confianza en la evolución de la economía se sitúa en mínimos, la adquisición de un automóvil de lujo se ha convertido en un signo externo de riqueza que no debe desvincularse en absoluto de la especulación inmobiliaria que ha existido en estos últimos años en el mercado español, ni del inusual incremento de la circulación de billetes de 500 euros".
Ante esta situación, los técnicos de Hacienda resaltaron la necesidad de que "los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales".
En primer lugar, con objeto de que se puedan cumplir estas medidas y todas aquellas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, "de manera que no se queden en una mera declaración de intenciones, Gestha considera imprescindible habilitar a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación".
Por otro lado, los técnicos propusieron "considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio".
Además, plantearon la creación de un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, "regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los pases".
"También debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación", apuntaron.
En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha resaltó la necesidad de que "se apruebe el valor único de referencia a precios de mercado para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales".
Igualmente, estimó que las agencias inmobiliarias "deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan".
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