Medidas económicas, poca cosa / Luis de Velasco

Las malas, cada vez peores, noticias económicas se agolpan. Este fin de semana se ha conocido el aumento del desempleo en el primer trimestre, que llega al 9,6 por ciento, un punto más que en diciembre del 2007, cerca de dos millones doscientos mil parados. El vicepresidente Solbes ha revisado, finalmente, a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB para este año, dejándolo en el 2,3 por ciento. Es probable que esta cifra no se la crea ni él mismo, pero por su cargo está obligado a no ser excesivamente realista. Un consejo: no hagan el más mínimo caso a las previsiones oficiales para los meses y años venideros. La dura y cruda realidad está acabando con la economía de Alicia y ahora el interrogante es cómo evolucionará esta, hoy por hoy, desaceleración. ¿Llegará a ser una recesión?, y en ese caso ¿qué forma tendrá?, ¿será una rápida caída y recuperación (forma de V)?, ¿habrá una caída más lenta seguida de un valle y luego recuperación (forma de U)? O peor todavía, ¿tendrá forma de L, es decir, caída muy rápida y estancamiento “a la japonesa”? La respuesta gubernamental hasta el momento, concretada en un decreto-ley de medidas de impulso económico publicado el martes pasado, es más bien escasa. No es ninguna sorpresa. Solbes lo había anticipado días atrás a La Vanguardia: “Nuestro planteamiento es… dejar que sea el mercado quien ajuste los excesos que se han cometido. Dejemos actuar a los estabilizadores automáticos, como quiere la Unión Europea”. Como dijimos en esta columna hace un par de semanas (“La fiesta ha terminado”), ocurre que los instrumentos de política económica a disposición del Gobierno central son muy escasos (lo reconoce el propio Solbes al hablar de la crisis del 93-94, que se enfrentó con cuatro devaluaciones de la peseta) por el vaciamiento de la política cambiaria y monetaria (vía Bruselas y Fráncfort) y de políticas estructurales (vía Comunidades Autónomas). Lo poco que le queda al Gobierno central se ve leyendo (eso sí, con dificultades como todo buen texto del BOE) ese decreto-ley. Ese paquete de medidas que se afirma totalizan diez mil millones de euros se concreta sobre todo en dos medidas fiscales. Una, la devolución de cuatrocientos euros a los contribuyentes, medida populista y socialmente regresiva porque deja fuera a los más desasistidos, los que están exentos de declarar el IRPF. (Se ha calificado por algunos esta medida como “keynesiana” lo que es un error. Es una medida típicamente conservadora y que en este caso copia la adoptada en estas fechas en Estados Unidos y que supone un refrendo a dos frases y dos dogmas de Bush: “Donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente” y “Lo mejor es devolver al contribuyente el dinero que es suyo”). La segunda medida es la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, medida reclamada siempre por la derecha política y económica y que el Gobierno y el PSOE hacen suya con entusiasmo. Bajo el pretexto, como dijo el propio presidente del Gobierno, de que las clases más altas tienen sus propios mecanismos de no pagarlo (¿por qué no se taponan? Pregunta cándida) se da un paso más por un sistema tributario más injusto y regresivo. Al parecer, todo eso busca “dinamizar el consumo”, algo que en Estados Unidos también se busca pero no sólo con esas devoluciones de impuestos sino además con medidas de ayuda a los clases más bajas, desde mejoras en el subsidio de desempleo hasta en mecanismos asistenciales como los food stamps y otros. Aquí, esas medidas son de muy corto alcance y sin embargo son las que más dinamizarían ese consumo, aparte de ser más justas. Pero parece que al Gobierno le preocupa más la situación de las promotoras e inmobiliarias, o por lo menos de algunas, que son las que más han aprovechado el fenecido boom de la construcción residencial al que han contribuido con sus excesos. Atención al sistema de utilización vía ICO, entidad oficial, de avales bancarios, medida que busca, según declaración de Rodríguez Piñeiro, de la ejecutiva del PSOE, ayudar, con dinero público, a “quienes más lo necesitan, a las inmobiliarias”. Declaración que muestra toda una línea política. En el fondo, las dificultades del sistema de bancos y cajas para obtener financiación y la conveniencia, según algunos, de políticas públicas más activas como alertaba un reciente editorial de El País titulado “Oxígeno financiero”.