Un juzgado de Barcelona admite a trámite la solicitud de concurso contra AISA

MADRID.- Un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite la solicitud de situación concursal interpuesta contra AISA por uno de sus acreedores, convirtiendo a la compañía en la primera inmobiliaria cotizada que podría hacer frente a la antigua suspensión de pagos.

La noticia fue divulgada a través de un auto judicial colgado el martes a última hora en la página web del regulador del mercado. Hasta esta misma tarde, AISA afirmaba que no había recibido notificación alguna sobre la interposición de la demanda presentada por la aseguradora Asefa, a la que adeuda 1,3 millones de euros.

Desde que el viernes se publicasen las primeras informaciones referentes a esta demanda, los títulos de AISA han caído un 15 por ciento a 1,7 euros -llegando a marcar un mínimo histórico de 1,59 euros-, pese a que la inmobiliaria se apresuró a señalar su intención de hacer frente a la deuda con sus acreedores y proveedores.

"AISA dispone de activos suficientes como para hacer frente a los pagos exigibles", afirmó un portavoz de la compañía en la tarde del martes. No fue posible contactar con ningún portavoz de la compañía tras la difusión del auto.

Las previsiones difundidas en la tarde del martes por la propia AISA señalaban que las deudas de la sociedad habrían ascendido al cierre del primer trimestre a 548 millones de euros, de los cuales 143 millones corresponderían a deuda ordinaria con acreedores.

Estas mismas estimaciones preveían un beneficio bruto de 10 millones de euros a fecha de 31 de marzo, con unas ventas de 55 millones de euros y unos activos valorados en 970 millones de euros.

De declararse finalmente la situación concursal, AISA se convertiría en la primera empresa cotizada que se sumara al goteo de concursos de acreedores presenciado en los últimos meses por el sector inmobiliario, después de que grandes inmobiliarias como Temple o el Grupo Lábaro se viesen empujadas a solicitarlo aquejadas de falta de liquidez.

Según el procedimiento, la inmobiliaria tiene ahora un plazo de cinco días para oponerse a la solicitud de concurso, quedando posteriormente en manos del tribunal el estudio de si procede o no declarar a la compañía en situación concursal.