BUENOS AIRES.- La huelga de agricultores de Argentina se mantuvo firme con asambleas y cortes de carreteras, al ser rechazada la reforma que el Gobierno anunció para aliviar el peso de los tributos a las exportaciones alimentarias, calculadas en 35.000 millones de dólares en 2008.El ánimo de los productores agropecuarios se crispó hacia el fin de la jornada, cuando se conocieron las detenciones de ocho productores en momentos en que protagonizaban un corte de carretera en la localidad bonaerense de San Pedro.
Además, las dirigentes opositoras Margarita Stolbizer y María del Carmen Alarcón fueron citadas por la justicia para la semana próxima por haber participado en junio pasado de un bloqueo de una carretera.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), una entidad que reúne a productores de la región más fértil del país sudamericano, exigió la libertad de los detenidos y acusó al Gobierno de pretender intimidar a los huelguistas.
Los líderes agrarios consideraron insuficientes los cambios anunciados el jueves, aunque surgieron diferencias en el movimiento agropecuario, por primera vez en el prolongado conflicto que daña la economía de un país que es gran proveedor mundial de granos, aceites y harinas.
"Las medidas del Gobierno no solucionan el problema de raíz, que es la rentabilidad del productor. Sigue habiendo una confiscación de la renta", dijo Mario Llambías, uno de los jefes de las organizaciones del campo.
El Gobierno puso un tope a las 'retenciones' (impuestos a las exportaciones) cuando el precio de la tonelada de soja supere los 600 dólares, para normalizar los mercados a futuro, una de las reivindicaciones de la protesta.
Llambías lamentó que la reforma evita reducir la alícuota impositiva para los precios actuales de la soja, principal cultivo del país y cuya cosecha este año está evaluada en 24.000 millones de dólares.
En cambio, otro líder, el cooperativista Fernando Gioino exhortó a que en la nueva batería impositiva "no tomemos todo como malo, porque no alcanza, no es suficiente, pero hay en el Gobierno una actitud de rever y puede aparecer otro camino".
El precio de la tonelada de soja se situó el jueves en 461 dólares en el mercado de Chicago, por lo que el tributo flotante local se ubicó en el 40,5%, cinco puntos por arriba del 35% que regía antes de la primera reforma anunciada en marzo y que enfureció a millares de agricultores.
Otra de las medidas del Gobierno fue levantar trabas burocráticas para que unos 65.000 pequeños productores de soja, sobre un total de 71.000, puedan cobrar reintegros impositivos que le mantengan el tributo en el 35%.
Los nuevos beneficios alcanzarán a agricultores con menos de 150 hectáreas de campo en la fértil Pampa Húmeda, la más rica del país, y a quienes posean 350 hectáreas en zonas alejadas de los puertos de exportación.
Los sectores más radicalizados de la protesta están convocando a una huelga industrial y comercial de varias horas para el lunes en ciudades y pueblos de la región de la Pama Húmeda, donde hay una fuerte actividad agroindustrial.
Mientras tanto, las operaciones de exportación están sufriendo dificultades por la dura paralización de actividades y las ventas de maquinarias agrícolas bajaron un 50% para la nueva cosecha, según fuentes empresariales.
El mercado de hacienda de Liniers en Buenos Aires, el más grande del país, continúa en virtual estado de parálisis, con ingresos mínimos de vacunos, en un país donde el consumo anual de carne supera los 70 kilogramos por persona.
Acción judicial contra ruralistas agrava el conflicto
La detención de agricultores en huelga y la citación judicial de líderes de la protesta rural contra el aumento de impuestos a las exportaciones de granos, y de dirigentes opositores, elevaron la tensión en un conflicto que lleva más de 80 días con el gobierno argentino.
Millares de productores protestaban este sábado contra el accionar de la Justicia con bloqueos al transporte de camiones con granos y carnes en carreteras de la región central, la más rica del país, uno de los mayores proveedores mundiales de alimentos.
"Empieza una etapa de judicialización de la protesta agraria. Espero que la justicia se mantenga independiente y no sea un instrumento del gobierno", afirmó a la prensa el líder agrario Eduardo Buzzi, uno de los dirigentes citados a estrados judiciales acusado de cortar una carretera en marzo pasado.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, rechazó en declaraciones radiales cualquier injerencia del Gobierno en la detención el viernes de ocho agricultores, que fueron liberados este sábado, y en las citaciones a líderes de la oposición que respaldan la protesta fiscal.
"Hay pruebas suficientes en el expediente (judicial) de que estos señores (por los agricultores) tuvieron una actitud con vocación de corte (de ruta) en todo momento y que prendieron fuego a pastizales a la vera de la ruta en determinados lugares", señaló.
Los productores fueron imputados por la quema de pastos y por resistirse a la autoridad mientras cortaban la ruta 9, que enlaza la capital argentina con Rosario, principal polo exportador de cereales, aunque los involucrados rechazaron los cargos y acusaron al Gobierno de buscar intimidarlos.
El fiscal federal Juan Murray, que pidió las detenciones, abrió otra investigación contra Buzzi, dos dirigentes opositoras y otros líderes de la protesta, a quienes acusa de cortar una carretera en marzo, durante la primera huelga que provocó desabastecimiento de alimentos y frenó exportaciones.
Las dirigentes citadas son Margarita Stolbizer, de la Coalición Cívica, y María del Carmen Alarcón, un ex integrante del peronismo (gubernamental) que pasó a la oposición por discrepar con la presidenta, Cristina Kirchner, y con su marido, el ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007).
El Código Penal argentino castiga con prisión de tres meses a dos años la obstaculización del transporte por tierra, agua o aire, aunque los Kirchner toleraron los cortes de carreteras, el método más diseminado en las protestas gremiales y de agrupaciones políticas y sociales en los últimos años.
"Hay una intencionalidad política detrás de las investigaciones", denunció a la prensa Stolbizer, aliada de Elisa Carrió, la ex candidata presidencial liberal-cristiana, que obtuvo el 23% de los votos en octubre pasado, frente al 45,2% que consagró mandataria a Kirchner.
La protesta agraria estalló a mediados de marzo, después de que el gobierno impusiera un esquema de tributos móviles a las ventas externas de granos, en especial la soja, principal producto exportable del país, que los ruralistas consideraron confiscatorio.
Sin embargo, ingresó en un callejón sin salida tras el rechazo el jueves del campo a una reforma anunciada por el gobierno para aliviar el peso de los impuestos y que levantó trabas burocráticas para que unos 65.000 pequeños productores de soja, sobre un total de 71.000, puedan cobrar reintegros tributarios.
Los sectores más radicalizados de la protesta convocaron a una huelga industrial y comercial de varias horas para el lunes en ciudades y pueblos de la región de la Pampa Húmeda, la más rica de Argentina, donde hay una fuerte actividad agroindustrial.
La actual cosecha de soja está evaluada en 24.000 millones de dólares, de los cuales el Gobierno pretende quedarse con unos 11.000 millones por vía impositiva.
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