MADRID.- La necesidad de liquidez del sistema crediticio español asecenderá a 40.000 millones de euros en 2008, según explicó hoy el secretario general del G-14, Pedro Pérez, aprovechando un encuentro organizado por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE).Los cálculos de la agrupación de las principales inmobiliarias españolas apuntan a que el valor de los títulos con respaldo hipotecario --que aportan liquidez al sistema para seguir concediendo créditos-- con vencimiento en 2008 asciende a 80.000 millones de euros, de los que hasta la fecha se han renovado unos 20.000 millones.
De no cambiar las actuales circunstancias y de acuerdo con la tendencia observada, prosiguió, el grado de cobertura al final del año alcanzará aproximadamente la mitad del montante total, con lo que las pérdidas, en términos de liquidez, ascenderán a unos 40.000 millones de euros, cuatro veces más que el coste estimado del plan de reactivación de la economía aprobado recientemente por el Gobierno.
Con todo, desde el G-14 se aseguró que la cobertura de estos 80.000 millones de euros tampoco supondría una inyección líquida neta para las entidades crediticias, aunque permitiría al sector de la construcción proseguir con su proceso de ajuste natural de la actividad, iniciado en 2005, y abandonar la actual situación de "exceso de ajuste" a la que, según las inmobiliarias, le ha llevado la crisis crediticia.
De hecho, precisó Pérez, las estimaciones realizadas por la agrupación en noviembre, meses después del estallido de la crisis crediticia, que apuntaban a una pérdida de hasta 200.000 empleos en el sector en 2008 por el ajuste de la actividad, se podrían haber quedado cortas y ahora "estarían más cerca de los 250.000" empleos.
Así, quiso dejar claro que el sector de la construcción y el resto de los sectores vinculados, pasan por momentos difíciles debido al estrangulamiento del crédito, y no tanto por la falta de demanda de viviendas.
Por ello, el G-14 pidió al Gobierno que haga "todo lo que esté en su mano" para devolver la liquidez que ha restado a las entidades crediticias el "cerrojazo" de los mercados crediticios desde el pasado mes de agosto.
Asimismo, precisó que las medidas a tomar deben dirigirse al terreno financiero, más allá de "parchecillos" en materia fiscal, ya que, en su opinión, "no sirve de nada discutir incentivos fiscales si el potencial beneficiario no puede acceder a los créditos". "El problema es de envergadura", apostilló Pérez.
En este punto, Pérez "esperó" y "deseó" que en España se adopte una solución "equivalente" a la tomada recientemente por el Banco de Inglaterra, de intercambiar títulos crediticios "de calidad" por deuda pública por plazo de un año prorrogable a tres años.
En este terreno, el secretario general del G-14 aludió al "falso debate" que se produjo la pasada semana sobre la intención del Gobierno, expresada por el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, de no intervenir de manera "artificial" en el ajuste del sector. Al respecto, Pérez se mostró de acuerdo al "1.000 por 100" con Solbes, ya que mantener niveles "artificiales" de actividad sería un "derroche".
Sin embargo, también señaló que el vicepresidente económico del Gobierno "es lo suficientemente consciente y responsable" para no dejar que la actividad del sector caiga hasta niveles excesivos.
Por otro lado, Pérez aprovechó también la presencia de la prensa extranjera para poner en cifras el "exceso de ajuste" que vive el sector de la construcción. Según señaló, el sector requería un ajuste de actividad que debería situarse en unos niveles de iniciación de unas 350.000 viviendas anuales que, unidas a un 'stock' de entre 80.000 y 100.000 viviendas acabadas --descontadas otras 400.000 viviendas en el inventario de los promotores-- sumaran una oferta de unos 450.000 inmuebles, que es el volumen estimado de viviendas demandadas al año.
Sin embargo, el ajuste ha sido excesivo, en opinión del G-14, y este año no se iniciarán más de 200.000 viviendas, un tercio de las que se levantaban hace sólo un año, como consecuencia de una caída de las transacciones de hasta el 60%.
En este punto, se refirió a la voluntad del Gobierno de ofrecer una salida al sector a través de la construcción de vivienda protegida (VPO) y aseguró que los promotores consideran que es un "magnifico negocio", ya que, pese a su menor rentabilidad, es un producto fácil de vender. Sin embargo, recordó al Ministerio de Vivienda que el problema es que "no hay suelo" para construir este tipo de viviendas.
Además, el G-14 apuntó que el coste del suelo, que supone más del 50% del precio final de la vivienda, "se ha multiplicado por cuatro" en la última década, entre otras cosas, porque los procesos de transformación de suelo rústico a urbano, dependientes de las comunidades autónomas y ayuntamientos, han sido "costosos" y "complicados".
En este sentido, pidió una reforma "estructural" para que se se establezcan "requisitos objetivos" y para "tasar los plazos" en los procesos de generación de suelo. "Las comunidades autónomas tienen una tarea pendiente", dijo.
Por último, pese a constatar recortes reales en los precios en los segmentos de segunda residencia y de vivienda vacacional, de hasta el 20% en algunos casos, Pérez se mostró sorprendido por que se esté observando una "mayor resistencia" a la ralentización de los precios en el segmento de la vivienda usada, tradicionalmente más flexible que la vivienda nueva, que está repercutiendo en una caída "brutal" de sus ventas.
Según el secretario general, este proceso estaría restando "flexibilidad" y recortando las ventas, así como la iniciación, de la vivienda nueva, por cuanto muchas de las transacciones de vivienda de segunda mano tienen por objeto la obtención de recursos para afrontar la compra de una vivienda nueva.
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