BUENOS AIRES.- La huelga de agricultores argentinos contra los impuestos a las exportaciones de soja amenaza extenderse otra semana, al agudizarse una confrontación con el gobierno que provoca síntomas de desaceleración de la economía por la incertidumbre reinante."No estamos viendo ninguna señal por parte del gobierno que permita que levantemos la protesta", dijo este miércoles Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, que reúne a medianos productores, en declaraciones a radio Diez de Buenos Aires.
Los dirigentes agropecuarios tienen previsto reunirse el jueves para definir cómo siguen con la protesta, que consiste en la suspensión de la comercialización mayorista de granos y mantiene a millares de productores movilizados en las orillas de las carreteras.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, acusó a los productores de propiciar hechos violentos, al recordar algunos episodios registrados en los últimos días en zonas rurales.
"¿Es razonable que un gobierno elegido democráticamente pueda estar sujeto a la extorsión permanente de un sector que está planteando llevarse el exceso de rentabilidad en desmedro de la mesa de alimentos de todos los argentinos?", se preguntó Randazzo.
El ministro negó la posibilidad de que el gobierno retome las negociaciones con los agricultores mientras continúe la huelga, que lleva una semana y se suma a los 21 días de 'lockout' patronal en marzo.
La protesta puso en riesgo el cumplimiento de los embarques de cereales en un país de fuerte perfil agrícola, con un potencial para alimentar a 300 millones de personas por año, según datos del gobierno argentino y de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La rebelión de agricultores impactó además en el sector financiero, pues el Banco Central colocó en el mercado el martes 300 millones de dólares para sostener el tipo de cambio.
La huelga casi paralizó la venta de maquinarias agrícolas en los principales centros productivos del centro-este del país sudamericano, donde se concentra la producción agrícola.
El motivo central de la puja entre el gobierno y los agricultores es la renta de la soja, principal cultivo del país, que se destina en un 95% al mercado externo, y cuya cosecha en 2008 está valorada en 24.000 millones de dólares.
La rebelión fiscal estalló en marzo, después de que el gobierno impusiera un programa de tributos móviles a las exportaciones sojeras, por el cual la tasa impositiva aumenta de forma proporcional al crecimiento de los precios internacionales, y baja cuando los valores caen.
La protesta agraria derivó en la primera crisis política que debió enfrentar la presidenta Cristina Kirchner y amenaza postergar un pacto nacional llamado el Acuerdo del Bicentenario, previsto para el 25 de mayo.
Las conversaciones con sectores sociales y productivos se desinflaron antes de ser lanzado el Acuerdo del Bicentenario para la próxima fecha de mayo en que se conmemora el 198 aniversario del primer gobierno independiente de España.
Organizaciones sociales y de piqueteros (pobres y desocupados) afines al gobierno anunciaron un plan de lucha en caso de continuar la huelga, que incluye la movilización de 30.000 personas a Gualeguaychú (cento-este), donde la protesta rural se sintió con más fuerza.
(Sede del Gobierno de Argentina, Buenos Aires)
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