BRUSELAS.- El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, expresó hoy su respaldo a la iniciativa encabezada por Alemania para reforzar las medidas de la Unión Europea con el objetivo de evitar la evasión fiscal. Esta iniciativa es una respuesta al escándalo desencadenado por el descubrimiento de importantes cantidades de dinero negro en Liechtenstein. Solbes admitió no obstante que no será fácil ni rápido alcanzar un acuerdo entre los Veintisiete.
España apoya, según explicó el vicepresidente económico, que la denominada directiva sobre la fiscalidad del ahorro extienda su ámbito de aplicación para cubrir no sólo a las personas físicas sino también a las jurídicas y a todos los instrumentos financieros y no sólo a las cuentas de ahorro.
Los ministros de Economía de la UE reclamaron de nuevo este miércoles a la Comisión que presente antes del 30 de septiembre un informe detallado sobre el funcionamiento de esta norma. El comisario de Fiscalidad, Laszlo Kovacs, se comprometió a hacerlo y anunció que dos semanas más tarde pondrá sobre la mesa propuestas de reforma de la directiva.
La directiva sobre la fiscalidad del ahorro, en vigor desde julio de 2005, se aplica a todos los Estados miembros, a 5 países europeos que no forman parte de la UE (Suiza, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y Andorra) y a 10 territorios dependientes que son antiguas colonias de Reino Unido y Países Bajos.
La directiva obliga a los bancos de estas 42 jurisdicciones a enviar información sobre los intereses que se pagan a las cuentas bancarias de no residentes a las autoridades fiscales del país de procedencia. No obstante, contempla una alternativa para los países que quieran preservar el secreto bancario que consiste en aplicar una retención en origen de hasta el 35% y enviar una parte al país de referencia. Luxemburgo, Austria, Bélgica y el resto de países de fuera de la UE que participan en el acuerdo se acogen a esta segunda posibilidad.
La mayoría de los Estados miembros creen que esta norma también debería aplicarse a otros productos de ahorro: no sólo a los depósitos bancarios, sino también los bonos, las acciones, los fondos u otros instrumentos. Y no sólo a las personas físicas sino también a las personas jurídicas. Solbes expresó su respaldo a estas propuestas. "Nosotros defendemos la tesis de ampliar la aplicación de esta directiva a todas las personas jurídicas y a todos los instrumentos financieros", dijo.
El vicepresidente económico admitió no obstante que se está tocando "uno de los temas más sensibles" en la UE, el de la fiscalidad directa, para el que se requiere unanimidad. "Aunque exista una cierta unanimidad o clarísima mayoría a favor de clarificar estas situaciones de fraude, no siempre es fácil avanzar", señaló.
Sobre la necesidad o no de suprimir completamente el secreto bancario, Solbes se preguntó si sería "razonable" tomar esta decisión sólo en la UE o sería preferible buscar un consenso en un marco más amplio como el de la OCDE para lograr "comportamientos globales".
El comisario de Fiscalidad anunció que antes de finales de año presentará hasta 10 propuestas legislativas para luchar contra el fraude del IVA con un mayor intercambio de información y una mejor cooperación entre los Estados miembros. En cambio, los ministros de Economía de la UE no lograron ponerse de acuerdo a la hora de autorizar a Austria a aplicar de manera experimental el modelo de inversión del sujeto pasivo del IVA como mecanismo de lucha contra el fraude.
Kovacs explicó que, aunque no haya unanimidad entre los Veintisiete, la Comisión podría de acuerdo con Austria realizar la propuesta de poner en marcha este proyecto piloto con el objetivo de comprobar si es eficaz en la lucha contra el fraude y si perjudica a otros Estados miembros. Sin embargo, dijo que primero hay que sondear si la propuesta será aceptada por el resto de países para evitar trabajar en balde. La mayoría, entre ellos España, ve con recelos este modelo.
Finalmente, el comisario de Fiscalidad anunció que en julio presentará una propuesta sobre la aplicación de tipos reducidos de IVA a los servicios que requieren una gran mano de obra. En España, este tipo reducido se aplica a peluquerías y trabajos de albañilería. Kovacs dijo que el sistema actual de tipos reducidos es "caótico" y no respeta el principio de igualdad entre los Estados miembros.
(Lanchas fiscales holandesas)
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