MADRID.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, afirmó hoy que la Ley del Suelo, que entró en vigor hace un año pero cuyo texto refundido ha aprobado hoy el Gobierno, tiene como objetivo principal fomentar la transparencia y "evitar y detectar rápidamente" el fraude y la corrupción urbanística.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Corredor destacó que esta norma recoge para evitar la corrupción urbanística, entre otras medidas, que todas las recalificaciones de terrenos que supongan plusvalías deben identificar a los propietarios de los mismos durante los últimos cinco años, de tal forma que todos los ciudadanos sepan a quién benefician las decisiones de sus representantes.
En segundo lugar, añadió, la Ley del Suelo establece que los convenios urbanísticos, que hasta ahora eran "un instrumento opaco", sean sometidos al mismo trámite de información pública que el resto de las normas urbanísticas, al tiempo que la regulación somete los convenios urbanísticos al mismo procedimiento de formación que los planes urbanísticos generales.
Además, recordó que los concejales y directivos municipales tienen la obligación de hacer declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles. Esta información, indicó Corredor, tiene que someterse a los registros públicos.
"Igualmente, existe una prohibición expresa que dura dos años desde que el edil o responsable municipal deja su puesto hasta que puede volver a trabajar en algo de lo que haya legislado", subrayó Corredor, tras insistir en que la decisión del Gobierno en la lucha contra la corrupción urbanística es "decisiva y determinante, pero no es una novedad".
Preguntada expresamente por qué el ayuntamiento de Estepona (Málaga), donde han sido detenidos su alcalde y algunos de sus concejales por presunta corrupción urbanística, no disponía de un registro con la declaración de bienes de sus ediles, Corredor señaló que los ayuntamientos que no lo tengan están "incumpliendo" con la Ley del Suelo porque todos cuentan con registros municipales que les permiten incluir estas declaraciones.
El texto refundido de la Ley del Suelo aprobado hoy, tras el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado y que recoge las aportaciones de las comunidades autónomas, la FEMP y los agentes del sector inmobiliario, aglutina toda la normativa y se convierte en el código básico único para el funcionamiento del mercado y para las nuevas políticas de ordenación del territorio.
De esta forma, el Gobierno cumple los plazos de aprobación del texto integrado, que expiraban el próximo 1 de julio, fecha en la que la Ley de Suelo cumple su primer aniversario desde su entrada en vigor.
Según Vivienda, la citada Ley se convierte así en un código unificado para actuar como herramienta para conseguir un ordenamiento del territorio "sostenible", para frenar el mercado especulativo del suelo, para combatir la corrupción urbanística y para abrir los procesos inmobiliarios a los ciudadanos.
Hasta ahora, a pesar de la aprobación de la Ley de Suelo, aún existían una serie de códigos normativos dispersos procedentes de la anterior ley de 1992.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Corredor destacó que esta norma recoge para evitar la corrupción urbanística, entre otras medidas, que todas las recalificaciones de terrenos que supongan plusvalías deben identificar a los propietarios de los mismos durante los últimos cinco años, de tal forma que todos los ciudadanos sepan a quién benefician las decisiones de sus representantes.
En segundo lugar, añadió, la Ley del Suelo establece que los convenios urbanísticos, que hasta ahora eran "un instrumento opaco", sean sometidos al mismo trámite de información pública que el resto de las normas urbanísticas, al tiempo que la regulación somete los convenios urbanísticos al mismo procedimiento de formación que los planes urbanísticos generales.
Además, recordó que los concejales y directivos municipales tienen la obligación de hacer declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles. Esta información, indicó Corredor, tiene que someterse a los registros públicos.
"Igualmente, existe una prohibición expresa que dura dos años desde que el edil o responsable municipal deja su puesto hasta que puede volver a trabajar en algo de lo que haya legislado", subrayó Corredor, tras insistir en que la decisión del Gobierno en la lucha contra la corrupción urbanística es "decisiva y determinante, pero no es una novedad".
Preguntada expresamente por qué el ayuntamiento de Estepona (Málaga), donde han sido detenidos su alcalde y algunos de sus concejales por presunta corrupción urbanística, no disponía de un registro con la declaración de bienes de sus ediles, Corredor señaló que los ayuntamientos que no lo tengan están "incumpliendo" con la Ley del Suelo porque todos cuentan con registros municipales que les permiten incluir estas declaraciones.
El texto refundido de la Ley del Suelo aprobado hoy, tras el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado y que recoge las aportaciones de las comunidades autónomas, la FEMP y los agentes del sector inmobiliario, aglutina toda la normativa y se convierte en el código básico único para el funcionamiento del mercado y para las nuevas políticas de ordenación del territorio.
De esta forma, el Gobierno cumple los plazos de aprobación del texto integrado, que expiraban el próximo 1 de julio, fecha en la que la Ley de Suelo cumple su primer aniversario desde su entrada en vigor.
Según Vivienda, la citada Ley se convierte así en un código unificado para actuar como herramienta para conseguir un ordenamiento del territorio "sostenible", para frenar el mercado especulativo del suelo, para combatir la corrupción urbanística y para abrir los procesos inmobiliarios a los ciudadanos.
Hasta ahora, a pesar de la aprobación de la Ley de Suelo, aún existían una serie de códigos normativos dispersos procedentes de la anterior ley de 1992.
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