BRUSELAS.- Telefónica se convirtió en la primera empresa que se inscribe en el nuevo registro europeo de lobbies creado por la Comisión, que empezó a funcionar este lunes y que tiene carácter voluntario.
El Ejecutivo comunitario invitó a registrarse a todos los representantes de intereses que pretendan influir en la elaboración de normas de la UE con el objetivo de "mejorar la transparencia y la legitimidad en el proceso de toma de decisiones".
Los que se registren deberán suministrar información sobre sus clientes y sobre su financiación y deberán respetar un código de conducta.
En estos momentos se calcula que hay unos 15.000 miembros de grupos de interés y 2.500 organizaciones que los reúnen en Bruselas, según los datos de la Eurocámara, que ha exigido, sin éxito, que el registro sea obligatorio.
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Lucha contra el Fraude, Siim Kallas, fue quien anunció que "Telefónica fue la primera en completar el procedimiento" de inscripción en el registro este lunes.
"La actividad de los lobbies es necesaria, está en pleno desarrollo, y su regulación es inevitable. Me alegro de que la profesión esté de acuerdo y se haya mostrado dispuesta a defender su reputación y a ayudarnos a preservar la legitimidad de nuestros contactos", señaló.
Kallas defendió que el registro sea voluntario porque ello le da más flexibilidad y permite ponerlo en marcha más rápidamente que si se tuviera que aprobar por ley.
La Comisión espera que, pese a no estar obligados, los grupos de presión se registrarán por cuestiones de reputación, para que no se piense que tienen algo que esconder.
Dentro de un año, Bruselas examinará el funcionamiento del registro y decidirá si es necesario hacerlo obligatorio.
Las organizaciones que se inscriban en el registro deberán indicar sus objetivos y sus funciones, así como los sectores en los que se concentra su actividad.
Las agencias consultoras y las firmas de abogados que ejerzan como grupo de presión ante las instituciones comunitarias deberán desvelar la lista de clientes a los que representan, ordenados de mayor a menor (indicando el valor de los contratos o el porcentaje de negocio que representan para la firma). También tendrán que publicar su facturación ligada a las actividades de lobby ante la UE.
Las asociaciones comerciales también deberán facilitar una estimación de los costes de su actividad como grupos de presión. Finalmente, las organizaciones humanitarias y los centros de estudios y 'think-thanks' que se registren estarán obligados a publicar el presupuesto global de su organización y sus principales fuentes de financiación (ya sean fondos públicos, donaciones o contribuciones de los socios).
Cuando se inscriban, todas las organizaciones deberán comprometerse a respetar un código de conducta adoptado por la Comisión Europea. Este código expone los principios generales, como la transparencia, la honestidad o la integridad, que deben guiar las relaciones entre los representantes de los grupos de presión y el Ejecutivo comunitario. También recoge siete reglas de comportamiento que estos grupos deben respetar.
Este registro sólo cubre a los grupos de presión que trabajan con el Ejecutivo comunitario. Sin embargo, la Comisión ya ha propuesta a los Veintisiete y a la Eurocámara crear un registro común para que los lobbies cuenten con una "ventanilla única" donde inscribirse cuando hagan tratos con la UE.
La Alianza para la Transparencia de los Lobbies (ALTER-EU) --que agrupa a 160 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y del mundo académico, entre ellas Greenpeace o Ecologistas en Acción-- denunció que el nuevo registro es "débil y desequilibrado" y demuestra que la Comisión "está más preocupada en proteger la identidad de los lobistas que en aumentar la transparencia y restaurar la confianza de los ciudadanos en la UE en el momento en que ésta es más necesaria".
ALTER-EU lamentó que el registro sea voluntario y que no vaya a recoger nombres de lobistas individuales, lo que impedirá que haya información sobre posibles conflictos de interés y mantendrá la confusión sobre el número real de lobistas activos en Bruselas. La organización criticó también que las reglas de transparencia financiera sean poco estrictas y favorezcan más a la industria que a las ONG.
También la ONG Transparencia Internacional lamentó que el registro no incluya nombres de lobistas individuales y dijo que la iniciativa de la Comisión debe ser el "primer paso" para crear un registro obligatorio conjunto para todas las instituciones de la UE.
"La UE debe aumentar más la transparencia y la responsabilidad en las prácticas de lobby para evitar influencias indebidas y reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas", dijo Transparencia Internacional en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario invitó a registrarse a todos los representantes de intereses que pretendan influir en la elaboración de normas de la UE con el objetivo de "mejorar la transparencia y la legitimidad en el proceso de toma de decisiones".
Los que se registren deberán suministrar información sobre sus clientes y sobre su financiación y deberán respetar un código de conducta.
En estos momentos se calcula que hay unos 15.000 miembros de grupos de interés y 2.500 organizaciones que los reúnen en Bruselas, según los datos de la Eurocámara, que ha exigido, sin éxito, que el registro sea obligatorio.
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Lucha contra el Fraude, Siim Kallas, fue quien anunció que "Telefónica fue la primera en completar el procedimiento" de inscripción en el registro este lunes.
"La actividad de los lobbies es necesaria, está en pleno desarrollo, y su regulación es inevitable. Me alegro de que la profesión esté de acuerdo y se haya mostrado dispuesta a defender su reputación y a ayudarnos a preservar la legitimidad de nuestros contactos", señaló.
Kallas defendió que el registro sea voluntario porque ello le da más flexibilidad y permite ponerlo en marcha más rápidamente que si se tuviera que aprobar por ley.
La Comisión espera que, pese a no estar obligados, los grupos de presión se registrarán por cuestiones de reputación, para que no se piense que tienen algo que esconder.
Dentro de un año, Bruselas examinará el funcionamiento del registro y decidirá si es necesario hacerlo obligatorio.
Las organizaciones que se inscriban en el registro deberán indicar sus objetivos y sus funciones, así como los sectores en los que se concentra su actividad.
Las agencias consultoras y las firmas de abogados que ejerzan como grupo de presión ante las instituciones comunitarias deberán desvelar la lista de clientes a los que representan, ordenados de mayor a menor (indicando el valor de los contratos o el porcentaje de negocio que representan para la firma). También tendrán que publicar su facturación ligada a las actividades de lobby ante la UE.
Las asociaciones comerciales también deberán facilitar una estimación de los costes de su actividad como grupos de presión. Finalmente, las organizaciones humanitarias y los centros de estudios y 'think-thanks' que se registren estarán obligados a publicar el presupuesto global de su organización y sus principales fuentes de financiación (ya sean fondos públicos, donaciones o contribuciones de los socios).
Cuando se inscriban, todas las organizaciones deberán comprometerse a respetar un código de conducta adoptado por la Comisión Europea. Este código expone los principios generales, como la transparencia, la honestidad o la integridad, que deben guiar las relaciones entre los representantes de los grupos de presión y el Ejecutivo comunitario. También recoge siete reglas de comportamiento que estos grupos deben respetar.
Este registro sólo cubre a los grupos de presión que trabajan con el Ejecutivo comunitario. Sin embargo, la Comisión ya ha propuesta a los Veintisiete y a la Eurocámara crear un registro común para que los lobbies cuenten con una "ventanilla única" donde inscribirse cuando hagan tratos con la UE.
La Alianza para la Transparencia de los Lobbies (ALTER-EU) --que agrupa a 160 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y del mundo académico, entre ellas Greenpeace o Ecologistas en Acción-- denunció que el nuevo registro es "débil y desequilibrado" y demuestra que la Comisión "está más preocupada en proteger la identidad de los lobistas que en aumentar la transparencia y restaurar la confianza de los ciudadanos en la UE en el momento en que ésta es más necesaria".
ALTER-EU lamentó que el registro sea voluntario y que no vaya a recoger nombres de lobistas individuales, lo que impedirá que haya información sobre posibles conflictos de interés y mantendrá la confusión sobre el número real de lobistas activos en Bruselas. La organización criticó también que las reglas de transparencia financiera sean poco estrictas y favorezcan más a la industria que a las ONG.
También la ONG Transparencia Internacional lamentó que el registro no incluya nombres de lobistas individuales y dijo que la iniciativa de la Comisión debe ser el "primer paso" para crear un registro obligatorio conjunto para todas las instituciones de la UE.
"La UE debe aumentar más la transparencia y la responsabilidad en las prácticas de lobby para evitar influencias indebidas y reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas", dijo Transparencia Internacional en un comunicado.
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