BUENOS AIRES.- La Argentina, una de las grandes productoras mundiales de alimentos, debería estarse beneficiando ampliamente con el auge mundial de los precios de los productos agrícolas.Pero, en cambio, la soja, el trigo y el maíz permanecen almacenados durante semanas en los silos, debido a que los productores rurales suspenden la comercialización de sus productos para protestar contra nuevos impuestos gubernamentales a la exportación.
El lunes los productores levantaron su más reciente paro para iniciar una tercera ronda de negociaciones con el gobierno. Pero la medida de fuerza de casi tres meses ha paralizado la economía agraria, provocado desabastecimiento de alimentos y afectado la alta popularidad de la presidenta Cristina Fernández.
Los expertos agrícolas advierten que los precios internacionales no seguirán subiendo para siempre y muchos pronostican que la Argentina podría estar perdiendo una oportunidad única en participar de esos ingresos, lo que podría también alentar dificultades económicas.
"Están matando la gallina de los huevos de oro", declaró Claudio Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) en representación de América latina.
Los dirigentes agrarios se reunieron el lunes con el Defensor del Pueblo de la Nación, que ofreció su mediación, en un encuentro al que rehusó concurrir el gobierno de la presidenta Fernández.
La Argentina es uno de los cuatro mayores proveedores mundiales de soja, maíz, carne vacuna y trigo. El aumento de las exportaciones agrícolas, que subieron un 48,2% desde 2002, contribuyó a que el país superara la grave crisis económica de comienzos de la década, con tasas de crecimiento anual del 8% desde entonces.
Las exportaciones podrían aumentar todavía más este año, a medida que los precios mundiales de la soja subían un 26% y los del maíz un 34%, entre enero y junio.
La presidenta Cristina Fernández resolvió imponer un nuevo sistema de gravámenes móviles, que aumentaban las retenciones a medida que subían los precios mundiales. Las "retenciones" de la soja, por ejemplo, subieron del 35 al 46%, y podrían llegar al 50% si el precio de la tonelada de soja superara los 600 dólares.
La medida procuró evitar incrementos inflacionarios e impedir que los precios internacionales se trasladaran a los precios del mercado interno. También desalentar el cultivo de la soja, en favor del trigo y de la ganadería, que retrocedieron en años recientes por el impulso de la soja.
Las organizaciones del agro suspendieron la comercialización de granos para la exportación durante 90 días en señal de protesta, afectando la economía de poblaciones y ciudades del interior, a causa de bloqueos de las rutas y causando desabastecimiento en los grandes centros urbanos, incluyendo a la ciudad de Buenos Aires.
En Rosario, principal puerto cerealero argentino, los barcos esperan pacientemente en los muelles a un costo de aproximadamente 70.000 dólares diarios, mientras decenas de miles de camiones cerealeros abarrotan el costado de las bloqueadas rutas, exigiendo que el gobierno y los propietarios rurales se decidieran a negociar.
Según encuestas, un 75% de los argentinos son partidarios de una negociación, frente a un 14,5% que respalda la continuidad de la protesta rural, según la consultora Ricardo Rouvier y Asociados.
Las negociaciones previas fracasaron. Las cuatro organizaciones rurales rechazaron el 29 de mayo la propuesta gubernamental de reducir los gravámenes solamente en los niveles más elevados.
Durante una reciente reunión de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y los Alimentos (FAO) en Roma, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, criticó medidas fiscales similares a las adoptadas por la Argentina y propugnó la eliminación de toda restricción a las exportaciones de alimentos, a fin de disminuir sus precios internacionales.
En ese encuentro la presidenta argentina responsabilizó a los subsidios, y no a los gravámenes internos, por los aumentos de precios. Hasta el momento los tres paros rurales desde marzo han costado a los productores argentinos unos 2.300 millones de dólares en ingresos por la soja, el trigo, el maíz y el girasol, según Pablo Adreani, consultor agrario de Buenos Aires.
Pero aún con estas exportaciones suspendidas, los altos precios mundiales indican que los productores argentinos tendrán ingresos superiores a los del año pasado durante los primeros cinco meses de 2008, según el Centro de Exportadores de Granos de este país.
Esta paradoja genera muchas lamentaciones sobre una bonanza supuestamente perdida.
Gabriel Torres, analista del Moody's Investor Services de Nueva York, sostiene que "no tiene sentido que estemos hablando de una crisis en medio de este auge mundial de los commodities. Revela lo autodestructiva que es esta situación".
Algunos analistas sostienen que los impuestos que recaudaba el gobierno en los niveles previos a marzo hubiesen permitido financiar actividades en los terrenos de la energía, la infraestructura y los programas sociales, para atender las necesidades de los diez millones de argentinos en situación de pobreza.
"Es enorme el costo en oportunidades perdidas con esta economía paralizada", declaró Ricardo Boccarin, analista jefe de Paniagriócola SA de Buenos Aires.
Muchos argentinos buscan seguridad abandonando la moneda local. La inflación, que según cifras oficiales fue del 8,9% en abril, pero que estadísticas privadas hacen subir al 25%, ha alentado esta tendencia, obligando al Banco Central a desprenderse de 1.500 millones de dólares de sus reservas desde el 9 de mayo, para mantener estable la paridad cambiaria.
En el Banco Piano, que se dedica a operaciones cambiarias en el centro de Buenos Aires, la demanda de dólares y euros aumentó en un 20% desde que comenzó el conflicto agrario.
La consultora Moody cataloga a la Argentina como uno de los países que probablemente entren nuevamente en cesación de pagos, junto con Paraguay, Bolivia y Ecuador, en los que el Producto Bruto Interno es muy inferior.
Los mercados mundiales de cereales han respondido con cautela al paro patronal del agro en la Argentina. Los inversores consideran que hay demasiado en juego para el gobierno y los productores para permitir una escalada en la crisis, según Anne Frick, analista de Prudential Financial de Nueva York.
Daniel Kerner, analista del grupo Eurasia de Nueva York, sostiene que la creciente politización de la crisis aleja la posibilidad de una pronta solución.
Los dirigentes del agro lograron el respaldo de importantes políticos provinciales e hicieron una masiva demostración de fuerza el 25 de mayo en la ciudad de Rosario, donde congregaron a unas 300.000 personas.
Los índices de aceptación y popularidad de la presidenta Fernández disminuyeron al 26%, del 56% en enero, según la encuestadora Poliarquía.
El gobierno "parece más interesado en ganar esta pulseada que en poner fin al conflicto", según Kerner.
Añadió que el gobierno "parece no darse cuenta que ya perdió y que el conflicto no solamente afectará su popularidad sino a la economía".
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