martes, 17 de junio de 2008

La presidenta argentina envía al Congreso ley de impuesto agrario

BUENOS AIRES.- La presidenta Cristina Fernández anunció el martes que enviará de inmediato al Congreso un proyecto de ley para ratificar un polémico esquema de impuestos a las exportaciones de granos, que ha originado un conflicto con el sector agropecuario que ya lleva casi 100 días.

Durante el conflicto, las organizaciones agropecuarias han demandado que el Congreso trate el nuevo esquema impositivo, que consideran confiscatorio. Pero el aumento impositivo se mantendrá vigente hasta que se pronuncie el Congreso.

Con el envío de la iniciativa al Legislativo, la mandataria busca darle peso de ley a la controvertida resolución del gobierno que dispuso un sistema de retenciones (gravámenes) móviles atado al precio de los granos en el mercado internacional.

Desde su implementación en marzo por resolución del Ejecutivo, las organizaciones rurales han rechazado la medida con cuatro huelgas.

"En el día de la fecha voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley, porque si no les basta con esta presidenta que hace seis meses obtuvo el 46% de los votos... voy a enviar (el proyecto) para que en el Parlamento también sea tratada la medida", dijo la mandataria durante un acto en la casa de gobierno.

El Partido Justicialista (peronista), al que pertenece la mandataria, posee mayoría en ambas cámaras del Congreso.

"Recién ahora se abrió la instancia de la democracia", dijo a la televisión local Alfredo De Angeli, una de las figuras más emblemáticas de la protesta rural.

"Esto se tendría que haber hecho antes", agregó.

De Angeli indicó que las organizaciones rurales se reunirían de inmediato para decidir si continúan la cuarta huelga de comercialización de granos que comenzó el pasado domingo.

La mandataria también llamó a la población a participar del acto que se realizará el miércoles en la Plaza de Mayo en apoyo de su gestión y advirtió que no se dejará amedrentar por las protestas, en alusión a los multitudinarios "cacerolazos" que se registraron el lunes por la noche en varias ciudades.

"Nos merecemos una democracia donde los que gobiernen sean los que han sido elegidos para estar en la Casa Rosada (casa de gobierno) o en el Congreso, con las leyes de la constitución. No quiero una Argentina corporativa donde haya un sector que quiera imponerse con cacerolazos", dijo.

Algunos dirigentes del peronismo han puesto en duda su presencia en el acto, lo que ha sido interpretado por analistas como un signo de fisura en el seno del gobierno.

"En el peronismo, crece la crítica y la oposición a (la posición del ex presidente y esposo de la mandataria, Néstor) Kirchner", dijo el analista político Rosendo Fraga.

En su calidad de presidente del peronismo, el ex gobernante se ha convertido en una figura central del gobierno de su esposa alimentando las versiones sobre la existencia de un "doble comando" en la toma de decisiones.

Horas antes el discurso de Fernández, Kirchner desestimó las protestas urbanas al sostener que "los cacerolazos no fueron espontáneos" y acusó a los dirigentes rurales de querer extorsionar al gobierno.

"Nos están extorsionando, quieren que las cosas no lleguen a la mesa de los argentinos. Hacen el desabastecimiento de comida y combustible para tratar de aflojar la conciencia de algunos", dijo.

Desde que el gobierno anunció en marzo un aumento impositivo, los productores agropecuarios han realizado cuatro huelgas. A la protesta se han sumado los transportistas de carga, que argumentan que el prolongado conflicto ha afectado su actividad.

Los centenares de bloqueos de rutas que realizan los transportistas y productores rurales en todo el país han provocado una incipiente escasez de alimentos y combustibles.

El conflicto ha paralizado la actividad agropecuaria de Argentina --el tercer productor mundial de soja y trigo-- y ha presionado al alza los precios de los alimentos y combustibles en medio de una creciente inflación.

Aunque según el gobierno la inflación para todo 2008 será inferior al 8%, los analistas privados estiman que el aumento en el costo de vida estará entre el 25% y el 30%.

La disputa ha marcado un fuerte descenso en la popularidad de la mandataria y una caída en el consumo por primera vez en cinco años de crecimiento sostenido de la economía.

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