BUENOS AIRES.- Los agricultores argentinos en rebelión fiscal levantaron el lunes su huelga, normalizando el abasto de alimentos y la exportación de granos, pero el conflicto con el Gobierno seguía vivo y se mantenían focos de tensión en carreteras bloqueadas por transportistas, tras 90 días de protestas.
En un esperado discurso televisado el lunes por la noche, la presidenta Cristina Fernández ratificó el sistema de gravámenes móviles que detonó el conflicto a comienzos de marzo. La mandataria anunció un ambicioso programa de construcción de hospitales, viviendas y rutas que se financiará con el ingreso resultante del aumento de los impuestos a las ventas internacionales de soja.
Fernández fustigó la prolongada y contundente protesta agraria ante gobernadores, alcaldes, legisladores, empresarios, sindicalistas y dirigentes sociales en la Casa de Gobierno, pero hizo una convocatoria amplia a todos los argentinos en un tono conciliador.
"Espero que convoque a los productores para dialogar", dijo Eduardo Buzzi, líder de los pequeños y medianos productores, al ser consultado sobre el discurso en una conferencia de prensa.
El dirigente se manifestó su acuerdo con el destino que tendrán los fondos, pero insistió en que el esfuerzo impositivo debe ser más parejo y advirtió que "se está consolidando a los pools de siembra como los casi exclusivos actores de la producción de soja".
La dirigencia rural advirtió que subsiste malestar en algunos sectores del 'campo', pero coincidió en la necesidad de abrir un canal de conversaciones con el gobierno, que están suspendidas desde hace un mes.
Gobierno y productores mantienen una fuerte pulseada por la millonaria renta de la soja, el principal producto de exportación de Argentina, líder mundial en ventas de harinas y aceites, con una cosecha calculada en 24.000 millones de dólares este año.
Durante la jornada, la oferta de ganado vacuno comenzó a normalizarse en el Mercado de Liniers, el principal centro de distribución del país, con el ingreso de 4.700 animales, un volumen similar al que entraba antes de iniciarse el conflicto.
La carne vacuna es el principal alimento de la dieta de los argentinos, que consumen en promedio unos 70 kilos per cápita anualmente. Se retomaron además las exportaciones de granos en un país donde el comercio exterior de productos agrícolas y agroindustriales representa al año unos 35.000 millones de dólares, más del 50% de las ventas externas totales.
La amenaza que pendía sobre las exportaciones alimentarias mantuvo la semana pasada sostenidos los precios de la soja en el Mercado de Chicago, referencia mundial para el comercio de la leguminosa. Mientras, las patronales del transporte mantenían el lunes los bloqueos a camiones con alimentos y combustibles, en protesta por las graves pérdidas sufridas.
El conflicto agrario estalló en marzo, a raíz de un aumento de tributos a las ventas externas de soja, mediante el cual el gobierno pretende apropiarse de parte de la renta extraordinaria generada por los altos precios mundiales de la leguminosa.
En un esperado discurso televisado el lunes por la noche, la presidenta Cristina Fernández ratificó el sistema de gravámenes móviles que detonó el conflicto a comienzos de marzo. La mandataria anunció un ambicioso programa de construcción de hospitales, viviendas y rutas que se financiará con el ingreso resultante del aumento de los impuestos a las ventas internacionales de soja.
Fernández fustigó la prolongada y contundente protesta agraria ante gobernadores, alcaldes, legisladores, empresarios, sindicalistas y dirigentes sociales en la Casa de Gobierno, pero hizo una convocatoria amplia a todos los argentinos en un tono conciliador.
"Espero que convoque a los productores para dialogar", dijo Eduardo Buzzi, líder de los pequeños y medianos productores, al ser consultado sobre el discurso en una conferencia de prensa.
El dirigente se manifestó su acuerdo con el destino que tendrán los fondos, pero insistió en que el esfuerzo impositivo debe ser más parejo y advirtió que "se está consolidando a los pools de siembra como los casi exclusivos actores de la producción de soja".
La dirigencia rural advirtió que subsiste malestar en algunos sectores del 'campo', pero coincidió en la necesidad de abrir un canal de conversaciones con el gobierno, que están suspendidas desde hace un mes.
Gobierno y productores mantienen una fuerte pulseada por la millonaria renta de la soja, el principal producto de exportación de Argentina, líder mundial en ventas de harinas y aceites, con una cosecha calculada en 24.000 millones de dólares este año.
Durante la jornada, la oferta de ganado vacuno comenzó a normalizarse en el Mercado de Liniers, el principal centro de distribución del país, con el ingreso de 4.700 animales, un volumen similar al que entraba antes de iniciarse el conflicto.
La carne vacuna es el principal alimento de la dieta de los argentinos, que consumen en promedio unos 70 kilos per cápita anualmente. Se retomaron además las exportaciones de granos en un país donde el comercio exterior de productos agrícolas y agroindustriales representa al año unos 35.000 millones de dólares, más del 50% de las ventas externas totales.
La amenaza que pendía sobre las exportaciones alimentarias mantuvo la semana pasada sostenidos los precios de la soja en el Mercado de Chicago, referencia mundial para el comercio de la leguminosa. Mientras, las patronales del transporte mantenían el lunes los bloqueos a camiones con alimentos y combustibles, en protesta por las graves pérdidas sufridas.
El conflicto agrario estalló en marzo, a raíz de un aumento de tributos a las ventas externas de soja, mediante el cual el gobierno pretende apropiarse de parte de la renta extraordinaria generada por los altos precios mundiales de la leguminosa.
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