Correos deberá competir por hacerse con los envíos de la Administración Pública Española

MADRID.- Correos deberá competir en un concurso público por mantener los contratos de prestación de servicios postales de la Administración Pública, que hasta ahora realizaba a través de convenio, y que en conjunto suman un volumen de negocio de unos 400 millones de euros, según confirmaron hoy fuentes oficiales.

El cambio en el sistema de contratación de los servicios postales de los organismos públicos es consecuencia de una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado mes de febrero.

La sentencia dio la razón a la Asociación Española de Empresas de Reparto (Asempre), patronal de operadores privados, que denunció un convenio de envíos postales suscritos entre el Ministerio de Cultura y Correos.

Las mismas fuentes indicaron que en la actualidad ya se están elaborando los pliegos por los que los ministerios y el resto de organismos públicos sacarán a concurso la gestión de sus servicios postales al igual que hacen con otros servicios, obras y sumimistros. Los primeros concursos podrían licitarse a partir del próximo año, cuando vayan concluyendo los convenios actualmente vigentes.

No obstante, y según las mismas fuentes, dada la actual estructura de los operadores privados que operan en España, Correos podría no tener mucha competencia a la hora de pujar por estos servicios.

Según indicaron, el objetivo de la medida es, por una parte, cumplir la referida sentencia y, por otro, contribuir a la racionalización de costes de los organismos públicos.

Asimismo, las mismas fuentes indicaron que el concurso público de estos contratos estará en línea con la Ley Postal, que reserva a Correos la prestación del correo interurbano e internacional de menos de 50 gramos de peso, con el fin de garantizar el servicio postal universal.

Así, en caso de que un contrato de servicios postales se adjudique a un operador privado, la sociedad en cuestión deberá ceder a Correos la parte de los envíos incluidos en dicho área reservada.

CC.OO., por su parte, denunció que esta medida supone "un nuevo riesgo" para Correos. "Mientras que el resto de países europeos están intentando reforzar a sus operadores postales ante la completa liberalización del sector postal en 2011, parece que el Gobierno español ha tomado justo la dirección contraria", advirtió el sindicato.

La formación sindical considera que los servicios con la Administración suponen alrededor de una cuarta parte de la facturación total de Correos, con lo que, en caso de perderlos, la operadora "volvería a ser una empresa deficitaria".

(Palacio de las Comunicaciones, en Madrid)