BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino anunció el lunes que destinará parte de los fondos recaudados por un polémico sistema de impuestos a las ventas externas de soja a financiar obras de infraestructura en el país.Los volúmenes que se volcarán a la iniciativa serán los que el Estado capte cada vez que el impuesto móvil a las exportaciones de la oleaginosa supere el 35%, por lo que no puede conocerse el montante global de inversión prevista.
Durante un discurso en la casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández criticó a los productores agropecuarios porque aseguró que se niegan a la redistribución de la riqueza en momentos en que los granos se mantienen en precios récord.
El agro "se niega a contribuir en la redistribución del ingreso para los que menos tienen", enfatizó la mandataria, en un tono calmado y con el aplauso de los asistentes al acto.
El Gobierno y los productores rurales mantienen desde hace 90 días una prolongada disputa por las políticas sectoriales, en especial los tributos con que se gravan las exportaciones de granos.
El programa de redistribución social "tendrá por finalidad el financiamiento de la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de hospitales públicos y centros de atención primaria de la salud", dijo el decreto respectivo.
También incluye "la construcción de viviendas populares en ámbitos urbanos o rurales, y la construcción, reparación, mejora o mantenimiento de caminos rurales".
Fernández detalló que el plan prevé la construcción de al menos 30 hospitales y unas 300 salas de atención primaria.
"Los más vulnerables son los que menos tienen, los pobres, porque son los que destinan la mayor parte de sus salarios a la comida y porque son los que no tienen estrategias defensivas frente al aumento de los precios", dijo Fernández.
"Esa soberanía alimentaria, sin afectar la rentabilidad de los sectores productivos, es algo que estamos trabajando y lo estamos haciendo todos los días", sostuvo.
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