MADRID.- El 41,8% de los más de 201,3 millones de euros que costará al plan urgente de recolocación de desempleados se quedarán en Andalucía (47,8 millones de euros), Cataluña (20,2 millones) y Comunidad Valenciana (16,4 millones).
Por el contrario, las comunidades menos beneficiadas serán La Rioja (806.444 euros), Cantabria (1,7 millones) y Navarra (1,9 millones), según el reparto propuesto hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a las comunidades autónomas congregadas en la primer Conferencia Sectorial sobre Asuntos Laborales de la Legislatura.
En cuanto al resto de las regiones, el reparto queda de la siguiente manera: Comunidad de Madrid (16,1 millones), Galicia (12,2 millones), Castilla y León (10,2 millones), Canarias (9,9 millones), Castilla-La Mancha (8,4 millones), Extremadura (7,5 millones), Asturias (4,7 millones), Aragón (3,8 millones) y Baleares (2,8 millones).
Asimismo, el presupuesto destinado al servicio público de empleo estatal, que corresponde al reparto de fondos para las comunidades autónomas de País Vasco, Ceuta y Melilla, asciende a 31,8 millones de euros.
En el capítulo de orientadores, los 1.500 contratados tendrán un coste de 17,5 millones de euros en 2008 y de 35 millones de euros en 2009, es decir, 52,5 millones en el conjunto de los dos años. Estos orientadores se concentrarán especialmente entre Andalucía (413), Cataluña (150) y la Comunidad Valenciana (120).
En cuanto a la cualificación específica del personal de los servicios de empleo de las comunidades autónomas, búsqueda de empleo, movilidad geográfica, promoción del empleo autónomo y formación profesional para el empleo, se destinarán 49,6 millones en 2008 y 99,2 millones en 2009, con un total de 148,8 millones de euros en dos años.
Durante la intervención previa al inicio de la reunión con las comunidades autónomas, el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirmó que le "parece razonable que el programa tenga vocación de permanencia mientras la coyuntura no cambie de signo totalmente" y que no se limite a un año, si bien, el ministro reconoció que "dentro de un año, probablemente, este tema no estará en la situación que a todos nos gustaría".
De esta forma, Corbacho afirmó que su Gabinete "peleará lo que tenga que pelear con los temas de carácter económico" para garantizar esta permanencia.
Por otro lado, se mostró partidario de que las comunidades autónomas tengan "un margen muy amplio de libertad" en la gestión de las ayudas incluidas en el plan de recolocación, para adoptar las políticas de empleo más adecuadas a sus peculiaridades, de forma que el Estado se limite a "tomar medidas" y "medir la eficacia" de las políticas desarrolladas en cada territorio.
Así, consideró que la "diversidad, singularidad y especificidad" de las distintas comunidades hace que sean éstas las que "puedan identificar la mejor política de empleo".
Asimismo, consideró que la "flexibilidad" y la "adaptabilidad" deberían presidir la estructura futura de los servicio públicos de empleo, en lugar de las "normas de carácter reglamentarista". Además, consideró que otra de las prioridades de cara al futuro será la mejora de la formación de los trabajadores.
En este sentido, Corbacho indicó que ha mantenido contactos con el Ministerio de Educación para iniciar una "reflexión conjunta" encaminada a la mejora de los formación "como sistema".
En cuanto a la contratación de 1.500 orientadores, explicó que éstos han de "servir para apoyar a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas". En este punto, el ministro instó a reflexionar para mejorar la coordinación con las comunidades, con el fin de definir el modelo futuro de estos servicios públicos, que mejore los sistemas de coordinación y transferencia de información entre los distintos territorios, respetando la "especificidad" y la "diferencia".
Por otro lado, el titular de Trabajo expuso a las comunidades autónomas las cinco líneas estratégicas que regirán la actuación de su Gabinete durante la presente legislatura: potenciar el acceso de los jóvenes a las nuevas posibilidades ocupacionales, el impulso del empleo femenino, la prolongación de la vida activa de los trabajadores para aumentar el capital humano, apostar por los autónomos y los emprendedores y lograr un sistema institucional adecuado para asumir estos retos.
Finalmente, respecto al decreto relativo al desarrollo del reglamento sobre contratación del trabajador autónomo económicamente dependiente (aquel que percibe al menos el 75% de sus ingresos de un sólo cliente), Corbacho afirmó que, de esta forma, "se ha dado un paso más" para lograr el reconocimiento y el valor jurídico de los trabajadores autónomos.
Por el contrario, las comunidades menos beneficiadas serán La Rioja (806.444 euros), Cantabria (1,7 millones) y Navarra (1,9 millones), según el reparto propuesto hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a las comunidades autónomas congregadas en la primer Conferencia Sectorial sobre Asuntos Laborales de la Legislatura.
En cuanto al resto de las regiones, el reparto queda de la siguiente manera: Comunidad de Madrid (16,1 millones), Galicia (12,2 millones), Castilla y León (10,2 millones), Canarias (9,9 millones), Castilla-La Mancha (8,4 millones), Extremadura (7,5 millones), Asturias (4,7 millones), Aragón (3,8 millones) y Baleares (2,8 millones).
Asimismo, el presupuesto destinado al servicio público de empleo estatal, que corresponde al reparto de fondos para las comunidades autónomas de País Vasco, Ceuta y Melilla, asciende a 31,8 millones de euros.
En el capítulo de orientadores, los 1.500 contratados tendrán un coste de 17,5 millones de euros en 2008 y de 35 millones de euros en 2009, es decir, 52,5 millones en el conjunto de los dos años. Estos orientadores se concentrarán especialmente entre Andalucía (413), Cataluña (150) y la Comunidad Valenciana (120).
En cuanto a la cualificación específica del personal de los servicios de empleo de las comunidades autónomas, búsqueda de empleo, movilidad geográfica, promoción del empleo autónomo y formación profesional para el empleo, se destinarán 49,6 millones en 2008 y 99,2 millones en 2009, con un total de 148,8 millones de euros en dos años.
Durante la intervención previa al inicio de la reunión con las comunidades autónomas, el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirmó que le "parece razonable que el programa tenga vocación de permanencia mientras la coyuntura no cambie de signo totalmente" y que no se limite a un año, si bien, el ministro reconoció que "dentro de un año, probablemente, este tema no estará en la situación que a todos nos gustaría".
De esta forma, Corbacho afirmó que su Gabinete "peleará lo que tenga que pelear con los temas de carácter económico" para garantizar esta permanencia.
Por otro lado, se mostró partidario de que las comunidades autónomas tengan "un margen muy amplio de libertad" en la gestión de las ayudas incluidas en el plan de recolocación, para adoptar las políticas de empleo más adecuadas a sus peculiaridades, de forma que el Estado se limite a "tomar medidas" y "medir la eficacia" de las políticas desarrolladas en cada territorio.
Así, consideró que la "diversidad, singularidad y especificidad" de las distintas comunidades hace que sean éstas las que "puedan identificar la mejor política de empleo".
Asimismo, consideró que la "flexibilidad" y la "adaptabilidad" deberían presidir la estructura futura de los servicio públicos de empleo, en lugar de las "normas de carácter reglamentarista". Además, consideró que otra de las prioridades de cara al futuro será la mejora de la formación de los trabajadores.
En este sentido, Corbacho indicó que ha mantenido contactos con el Ministerio de Educación para iniciar una "reflexión conjunta" encaminada a la mejora de los formación "como sistema".
En cuanto a la contratación de 1.500 orientadores, explicó que éstos han de "servir para apoyar a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas". En este punto, el ministro instó a reflexionar para mejorar la coordinación con las comunidades, con el fin de definir el modelo futuro de estos servicios públicos, que mejore los sistemas de coordinación y transferencia de información entre los distintos territorios, respetando la "especificidad" y la "diferencia".
Por otro lado, el titular de Trabajo expuso a las comunidades autónomas las cinco líneas estratégicas que regirán la actuación de su Gabinete durante la presente legislatura: potenciar el acceso de los jóvenes a las nuevas posibilidades ocupacionales, el impulso del empleo femenino, la prolongación de la vida activa de los trabajadores para aumentar el capital humano, apostar por los autónomos y los emprendedores y lograr un sistema institucional adecuado para asumir estos retos.
Finalmente, respecto al decreto relativo al desarrollo del reglamento sobre contratación del trabajador autónomo económicamente dependiente (aquel que percibe al menos el 75% de sus ingresos de un sólo cliente), Corbacho afirmó que, de esta forma, "se ha dado un paso más" para lograr el reconocimiento y el valor jurídico de los trabajadores autónomos.
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