BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino anunció que envió al Congreso un proyecto para ratificar un alza de impuestos a la exportación de granos, lo que moderó la tensión política por un conflicto con el sector rural que desde hace casi 100 días sacude al país.
La presidenta Cristina Fernández, cuya popularidad se derrumbó desde que comenzó el conflicto en marzo, también confirmó que el miércoles se hará un acto para mostrar apoyo popular en la disputa con el campo, desoyendo pedidos de partidarios y opositores para desactivar la manifestación.
"Voy a enviar (un proyecto) para que en el Parlamento también sea tratada la medida" impositiva, dijo en un acto en la Casa Rosada.
El Gobierno no está legalmente obligado a pasar por el Congreso medidas de aumentos de impuestos aduaneros, pero Fernández dijo que lo haría porque a los productores "no les basta con esta presidenta que hace seis meses obtuvo el 46 por ciento de los votos".
Aunque el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, la decisión fue aplaudida por los productores, que anunciaron que el miércoles decidirán si extienden la protesta, que finaliza a la medianoche, la cuarta desde que comenzó el conflicto.
"Aspiramos a que la resolución (ley) pueda ser debatida", dijo Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, una de las cuatro entidades que lideran la protesta agrícola.
"Nadie esta dispuesto a irse a su casa a cambio de nada", agregó, en referencia a los miles de productores apostados en las carreteras a la espera de cambios en la política agropecuaria.
Las entidades afirmaron que aspiran a que el Gobierno suspenda el cambio impositivo dispuesto en marzo mientras se discute el proyecto de ley en el Congreso.
El proyecto de ley implica que el Congreso puede ratificar o rechazar los cambios impositivos implementados desde marzo, pero impide legislar modificaciones a los tributos.
El anuncio llega al día siguiente de que miles de argentinos salieran a las calles de Buenos Aires y de muchas ciudades del interior, en una cacerolada para exigir a la presidenta que negocie con el sector agrario.
El Gobierno asegura que el alza en los impuestos es esencial para mantener a raya los precios de los alimentos y para aportar fondos a un nuevo plan de obras públicas.
El Gobierno confía en que las clases urbanas populares que votaron en masa por Fernández son más representativas que los ciudadanos de clase media, que protestaron contra la presidenta, pero según sondeos recientes, su popularidad se desploma y cae por debajo del 20 por ciento
Un grupo de gobernadores sigue fiel a la presidenta, pero la crisis está generando una división en el partido peronista, ya que muchos dirigentes gobiernan ciudades que dependen de la producción agrícola y han quedado entre la espada y la pared.
La puja con el sector rural mantiene paralizadas la actividad agrícola de uno de los mayores mundiales globales de alimentos y ha presionado al alza los precios de los granos en los mercados internacionales.
En el interior del país, la economía ha quedado virtualmente congelada debido al conflicto. Algunos estudios apuntan a una desaceleración del consumo en Buenos Aires y en el cordón urbano que la rodea, bases de la pujante economía.
La presidenta Cristina Fernández, cuya popularidad se derrumbó desde que comenzó el conflicto en marzo, también confirmó que el miércoles se hará un acto para mostrar apoyo popular en la disputa con el campo, desoyendo pedidos de partidarios y opositores para desactivar la manifestación.
"Voy a enviar (un proyecto) para que en el Parlamento también sea tratada la medida" impositiva, dijo en un acto en la Casa Rosada.
El Gobierno no está legalmente obligado a pasar por el Congreso medidas de aumentos de impuestos aduaneros, pero Fernández dijo que lo haría porque a los productores "no les basta con esta presidenta que hace seis meses obtuvo el 46 por ciento de los votos".
Aunque el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, la decisión fue aplaudida por los productores, que anunciaron que el miércoles decidirán si extienden la protesta, que finaliza a la medianoche, la cuarta desde que comenzó el conflicto.
"Aspiramos a que la resolución (ley) pueda ser debatida", dijo Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina, una de las cuatro entidades que lideran la protesta agrícola.
"Nadie esta dispuesto a irse a su casa a cambio de nada", agregó, en referencia a los miles de productores apostados en las carreteras a la espera de cambios en la política agropecuaria.
Las entidades afirmaron que aspiran a que el Gobierno suspenda el cambio impositivo dispuesto en marzo mientras se discute el proyecto de ley en el Congreso.
El proyecto de ley implica que el Congreso puede ratificar o rechazar los cambios impositivos implementados desde marzo, pero impide legislar modificaciones a los tributos.
El anuncio llega al día siguiente de que miles de argentinos salieran a las calles de Buenos Aires y de muchas ciudades del interior, en una cacerolada para exigir a la presidenta que negocie con el sector agrario.
El Gobierno asegura que el alza en los impuestos es esencial para mantener a raya los precios de los alimentos y para aportar fondos a un nuevo plan de obras públicas.
El Gobierno confía en que las clases urbanas populares que votaron en masa por Fernández son más representativas que los ciudadanos de clase media, que protestaron contra la presidenta, pero según sondeos recientes, su popularidad se desploma y cae por debajo del 20 por ciento
Un grupo de gobernadores sigue fiel a la presidenta, pero la crisis está generando una división en el partido peronista, ya que muchos dirigentes gobiernan ciudades que dependen de la producción agrícola y han quedado entre la espada y la pared.
La puja con el sector rural mantiene paralizadas la actividad agrícola de uno de los mayores mundiales globales de alimentos y ha presionado al alza los precios de los granos en los mercados internacionales.
En el interior del país, la economía ha quedado virtualmente congelada debido al conflicto. Algunos estudios apuntan a una desaceleración del consumo en Buenos Aires y en el cordón urbano que la rodea, bases de la pujante economía.
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