sábado, 28 de junio de 2008

El milagro económico se desvanece en España sustituido por las protestas

MADRID.- El "milagro" económico que durante la última década ha permitido un crecimiento sin precedentes en España, impulsado sobre todo por la construcción, empieza a desvanecerse en medio de las protestas por el alza de los precios del crudo.

"Yo creo que vamos a estar en el entorno del 2%, es mi sensación de crecimiento interanual (en 2008, ndlr), y cuando hablo del entorno del 2%, estoy pensando por debajo del 2%", había afirmado el pasado martes el ministro de Economía, Pedro Solbes.

El ex comisario europeo de Asuntos Económicos revisaba de esta manera por enésima vez a la baja las previsiones de crecimiento del Gobierno, que en diciembre anunciaba una tasa de crecimiento del 3,1% para este año, antes de rebajarlo al 2,3% poco después de las elecciones legislativas de marzo.

Aunque el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sigue resistiéndose a la idea de utilizar la palabra "crisis" recurriendo a otros eufemismos como "ajuste brutal" o "desaceleración profunda", lo cierto es que poco a poco se han ido encendiendo todas las señales de alarma y las protestas empiezan a florecer en el país.

La inflación se disparó en mayo hasta el 4,7%, la cifra más alta de los últimos 11 años, la tasa de desempleo volvió a subir al 9,6% en el primer trimestre del año, tras haber tocado un fondo histórico el verano pasado (7,95%, la tasa más baja desde 1978) y el superávit presupuestario ha caído un 71,6%, hasta los 3.186 millones de euros en los primeros cinco meses.

El alza del precio del crudo, con el barril superando los 140 dólares, y la brutal caída de la construcción, auténtico motor de la economía española en los últimos años, son las principales razones esgrimidas para explicar la brusca ralentización de la economía española desde hace seis meses.

En el primer trimestre del año, las ventas de viviendas cayeron un 31% anual, según el ministerio de Vivienda, como muestra de un problema que afecta especialmente a los inmigrantes, muchos de los cuales trabajan en el sector de la construcción.

Esto ha llevado al Gobierno a poner a punto un plan de retorno voluntario de emigrantes, que prevé que éstos puedan cobrar en dos plazos los subsidios por desempleo que les correspondan, uno de un 40% primero y un segundo de un 60% cuando hayan vuelto a su país.

"La inmigración tiene que estar vinculada al trabajo. Inmigración es igual a trabajo", había afirmado Zapatero.

El deterioro de la situación empieza a preocupar a unos españoles, que, tras una década de bonanza, ven con miedo, sobre todo, la subida de los tipos de interés, ya que la mayoría de ellos tienen préstamos hipotecarios de tipo variable, y la destrucción de empleo.

"Para 2009, la tasa de desempleo estará más próxima al 11% que al 10%" previsto en abril pasado por el Gobierno, afirmó el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

El paro y la situación económica son, desde hace cuatro meses, las principales preocupaciones de los españoles, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociólogicas (CIS).

El Gobierno socialista, al que la oposición conservadora acusa de parálisis y de imprevisión, también ha empezado enfrentarse a las primeras protestas con las huelgas lanzadas por pescadores y transportistas, que reclaman medidas para luchar contra el alza imparable del precio del gasóleo.

Para contrarrestar los primeros síntomas de rebelión, Zapatero, cuya popularidad se ha visto seriamente lastrada por la crisis, y Solbes, multiplican sus intervenciones públicas sobre economía para lanzar mensajes de tranquilidad, aún reconociendo que "hay dificultades serias".

En las últimas semanas, el Gobierno ha anunciado diversas medidas como el ahorro de al menos 250 millones de sus gastos corrientes entre 2008 y 2009, especialmente reduciendo la creación de empleo público en un 70% en 2009 respecto a 2008, así como otras más psicológicas que efectivas, como dijo Solbes, como congelar el sueldo de los altos cargos.

En abril pasado, el Ejecutivo ya había anunciado un plan de choque de 18.000 millones de euros en dos años con reducciones fiscales y medidas para amortiguar la desaceleración en la construcción.

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