La CE insta a 24 miembros, incluido España, a aplicar correctamente la legislación ferroviaria comunitaria

BRUSELAS.- La Comisión Europea remitió hoy sendas cartas de emplazamiento a 24 Estados miembros --todos salvo Chipre, Malta y Países Bajos-- por aplicar y trasponer incorrectamente el primer paquete de legislación comunitaria en materia ferroviaria. Los Estados miembros tienen un mes para contestar a las misivas que, formalmente, constituyen el primer paso de un procedimiento de infracción.

El vicepresidente de la Comisión y comisario de Transportes, Antonio Tajani, recordó hoy que "la transposición correcta del primer paquete ferroviario es esencial para abrir los mercados ferroviarios europeos a la competencia y aumentar la competitividad del ferrocarril frente a otros modos de transporte".

Tras un análisis detallado realizado en mayo de 2006 para determinar la conformidad de la legislación comunitaria y su correcta trasposición a los ordenamientos jurídicos nacionales, el Ejecutivo comunitario constató "incumplimientos o una aplicación incorrecta" de la legislación comunitaria en Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Grecia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia y el Reino Unido.

El plazo para trasponer la legislación comunitaria al Derecho nacional de cada Estado miembro concluyó en marzo de 2003, dos años después de que el primer paquete ferroviario fuera aprobado en 2001 con el objetivo de avanzar en el establecimiento de un espacio europeo ferroviario.

Dicho paquete reclamaba a los Estados miembros garantizar, entre otros, el acceso no discriminatorio a las redes ferroviarias y aunque no obligaba a los Estados miembros a separar de forma estricta la gestión de la infraestructura y el suministro de servicios ferroviarios, debían tomar medidas para garantizar la independencia en la gestión de la infraestructura ferroviaria.

Entre las principales deficiencias detectadas por la Comisión se incluyen la falta de independencia del administrador de la infraestructura respecto a los operadores ferroviarios, la aplicación insuficiente de las normas de la directiva sobre la tarificación del acceso a las vías, la ausencia de un régimen de prestaciones para mejorar el rendimiento de la red ferroviaria y la falta de incentivos del administrador de la infraestructura para reducir los costes y los cánones.

También comprobó la falta de creación de un organismo regulador independiente con amplios poderes para resolver los problemas de competencia en el sector ferroviario.